La crisis de la vivienda ha precipitado en apenas una semana el final de la legislatura y ha dado la puntilla a una batería de medidas económicas que llevaban meses pendientes de aprobar. El Gobierno prevé dar luz verde ahora a dos nuevos decretos sobre vivienda, después de que las Cortes tumbaran la semana pasada los dos anteriores y acelerara la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Todavía se desconoce la letra pequeña de los nuevos textos y hasta qué punto recuperarán las medidas que decayeron en la votación, pero su previsible aprobación en la Diputación Permanente del Congreso será el último gran movimiento de una legislatura que termina con una larga lista de asuntos económicos pendientes.
La disolución de las Cortes paraliza iniciativas como la reforma del sistema de financiación autonómica o el estatuto del becario
La crisis de la vivienda ha precipitado en apenas una semana el final de la legislatura y ha dado la puntilla a una batería de medidas económicas que llevaban meses pendientes de aprobar. El Gobierno prevé dar luz verde ahora a dos nuevos decretos sobre vivienda, después de que las Cortes tumbaran la semana pasada los dos anteriores y acelerara la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Todavía se desconoce la letra pequeña de los nuevos textos y hasta qué punto recuperarán las medidas que decayeron en la votación, pero su previsible aprobación en la Diputación Permanente del Congreso será el último gran movimiento de una legislatura que termina con una larga lista de asuntos económicos pendientes.
El primero y más evidente son los Presupuestos Generales del Estado. La disolución de las Cortes hace imposible que el Gobierno que salga de las urnas apruebe unas nuevas cuentas en tiempo y forma, de modo que, pase lo que pase tras la cita electoral, España empezará el año 2027 con las cuentas de 2023 otra vez prorrogadas, en esta ocasión por cuarto año consecutivo. Aquellas cuentas se han ido extendiendo sucesivamente ante la incapacidad del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria suficiente. El resultado es que la decimoquinta legislatura terminará sin haber conseguido sacar adelante ningún Presupuesto propio y convirtiendo las cuentas de 2023 en las más longevas de la democracia.
Pero hay otros proyectos de calado que se quedan paralizados. La medida en materia económica quizás más ambiciosa que decae es la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva 12 años pendiente y que volverá al cajón. El Ministerio de Hacienda presentó en enero una propuesta para cambiar el modelo, pactada con ERC, y dotarlo con 21.000 millones adicionales. La iniciativa recibió la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera —aunque con el rechazo de la mayoría de las comunidades—, paso previo necesario para su tramitación, pero ni siquiera llegó a estar sobre la mesa del Consejo de Ministros. La intención del Gobierno era aprobarla antes de finales de año, aunque a sabiendas de que tendría un difícil recorrido en las Cortes.
Algo parecido ocurre con la iniciativa para condonar 83.000 millones de deuda autonómica, pese a encontrarse en una etapa legislativa algo más avanzada que la reforma de la financiación autonómica. El proyecto de ley que dispone la quita superó la fase de enmiendas a la totalidad y acababa de llegar a la Comisión de Hacienda, donde su recorrido finaliza por la convocatoria electoral. También decae la tramitación del paquete fiscal que contiene la transposición parcial de la directiva conocida como DAC8 relativa a criptodivisas y la del IVA digital.
Una vez disueltas, las Cortes disponen de la Diputación Permanente para seguir funcionando. Este órgano garantiza que el Congreso siga ejerciendo determinadas funciones esenciales cuando la cámara no está reunida o ha sido disuelta. Dado que su composición se asemeja a la distribución actual del Congreso, se prevé que la diputación también dé luz verde sin mayor problema al decreto anticrisis que aprobó el Consejo de Ministros hace justo una semana para paliar los efectos de la crisis energética hasta fin de año. Pero los proyectos que se estaban tramitando en las Cortes —o que aún no habían llegado a ellas— se quedan en suspenso.
La regulación financiera pendiente, por ejemplo, supone una auténtica avalancha. El Ministerio de Economía tenía en suspenso varias normas con impacto en multitud de ámbitos. Léase, la de crédito al consumo, que limita de forma transitoria al 22% la TAE de este tipo de préstamos y de las tarjetas revolving; la que moderniza la contratación online de productos financieros; la que regula a quienes gestionan y compran carteras de créditos dudosos; la que ordena la arquitectura nacional contra el blanqueo, y la que crea una autoridad independiente que unifica los servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. A ellas se suma la de acciones colectivas, que permite demandar en nombre de muchos afectados para frenar una práctica y obtener indemnizaciones.
El Ministerio de Trabajo también tiene varios proyectos legislativos en marcha que decaerán. El que más tiempo lleva bloqueado en el Parlamento es el estatuto del becario, una norma que buscaba atenuar la precariedad que sufren los estudiantes en prácticas y que acumulaba 18 ampliaciones de enmiendas. La patronal y la mayoría de derechas del Congreso rechazan ese texto, el mismo destino que se auguraba para la reforma de la prevención de riesgos laborales. El Consejo de Ministros aún no había aprobado el proyecto en segunda ronda, así que aún no había sido enviado al Parlamento.
Tampoco ha pasado por el Gabinete el acuerdo de sindicatos y Trabajo (rechazado por la patronal) para ampliar el permiso de fallecimiento a 10 días, que el ministerio pretendía aprobar como un real decreto ley. Estos cambios exigen el voto favorable del Legislativo, pero no el refuerzo del registro horario, que solo precisa de la aprobación del Consejo de Ministros. Trabajo dice que aprobará el cambio, prometido a los sindicatos, a lo largo de octubre, después de fallar en su promesa de hacerlo en septiembre. Este es el plan B ante el fracaso de la reducción de jornada, rechazada por PP, Vox y Junts hace más de un año. Por su parte, la Seguridad Social no tenía grandes proyectos pendientes en el Congreso, pero la convocatoria de elecciones elimina la posibilidad, que ya se daba por descartada, de aprobar las nuevas cuotas de autónomos.
El cambio de Gobierno puede comprometer, además, el peso de España en las instituciones europeas. En enero queda vacante un puesto en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo, pero, sobre todo, España aspira, con Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco Internacional de Pagos y exgobernador del Banco de España, a ocupar la presidencia del BCE cuando Christine Lagarde salga del banco. En función de cuándo esto ocurra (Lagarde no ha descartado adelantar su salida y el puesto de economista jefe también quedará vacante en 2027), el hecho de tener un Gobierno en funciones puede restar capacidad a España.
Con información de Pablo Martín Simón y Emilio Sánchez Hidalgo.
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