Enagás ha puesto fin al sellado de los 13 pozos del almacenamiento de gas natural Castor, con la colocación de tres tapones en cada uno de ellos, en cumplimiento del mandato del Ministerio para la Transición Ecológica, tras el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, para el sellado y abandono definitivo de la planta, según indica la compañía en un comunicado de prensa. El almacén Castor, ubicado frente a las costas de Castellón y construido por Escal (una sociedad controlada en un 66% por ACS), fue inutilizado por decisión del primer Gobierno de Mariano Rajoy cuando en el momento de su primer llenado se produjeron microseísmos en la zona. El sellado (aún falta el desmantelamiento) ha costado 241 millones de euros.
El gestor del sistema coloca tapones en los 13 pozos de la planta, por un importe de 241 millones y da paso a la fase de desmantelamiento
Enagás ha puesto fin al sellado de los 13 pozos del almacenamiento de gas natural Castor, con la colocación de tres tapones en cada uno de ellos, en cumplimiento del mandato del Ministerio para la Transición Ecológica, tras el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, para el sellado y abandono definitivo de la planta, según indica la compañía en un comunicado de prensa. El almacén Castor, ubicado frente a las costas de Castellón y construido por Escal (una sociedad controlada en un 66% por ACS), fue inutilizado por decisión del primer Gobierno de Mariano Rajoy cuando en el momento de su primer llenado se produjeron microseísmos en la zona. El sellado (aún falta el desmantelamiento) ha costado 241 millones de euros.
Escal recibió en 2008 la autorización del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la construcción y explotación del almacén de gas submarino, y tras la decisión en 2013 del que fuera ministro de Industria con el PP, José Manuel Soria, de paralizarlo, los 1.350 millones de deuda del proyecto, que cobró íntegramente Escal, se titulizaron entre varias entidades bancarias. Una medida que llegó de la mano de otro ministro de Energía popular, Álvaro Nadal. Inicialmente, esta cantidad se comenzó a cobrar a los consumidores en la factura del gas, pero, tras una demanda, acabó siendo sufragada por el Estado.
Los trabajos para su sellado (que han terminado ahora tras siete años) y desmantelamiento fueron adjudicados a Enagás, como gestor del sistema gasístico. Según la compañía que dirige Arturo Gonzalo, los trabajos en pozo, “de gran complejidad y alto nivel de especialización técnica, han contado con el despliegue de la plataforma marina flotante Noble Resolve, para colocar las barreras que garantizan el sellado definitivo de los pozos y restablecer las condiciones geológicas naturales que aseguran el aislamiento permanente”.
Al final de este proceso -añade-, se cortaron los revestimientos de los pozos (conductores) a más de tres metros por debajo del lecho marino, eliminando así cualquier elemento de las instalaciones que sobresaliera. De este modo, “el fondo marino quedó completamente despejado y libre de las tuberías asociadas a los pozos, manteniendo el terreno en situación de máxima seguridad”. De esta manera, señala Enagás, “se completa una de las etapas más relevantes del proceso, iniciado con la hibernación técnica del almacenamiento y que ahora deja la instalación preparada para la fase final de desmantelamiento de las instalaciones de superficie marinas y terrestres”.
Previamente al sellado definitivo de todos los pozos, Enagás finalizó el proceso de hibernación del almacenamiento subterráneo Castor con un sellado temporal de los mismos. Desde que se inició el proceso, las fases acometidas han sido las siguientes: la de análisis de riesgos y plan de hibernación, realizados antes de comenzar los trabajos en 2015; la de inertización, con la disminución controlada y programada de la presión del gas remanente; la de preservación de los equipos, que incluía el vaciado de productos químicos de los tanques en condiciones seguras; el sellado temporal; y, por último, el sellado y abandono definitivo de los pozos.
Además de los pozos submarinos, Castor cuenta con dos instalaciones de superficie: la planta de operaciones de tierra, en el término municipal de Vinaròs (Castellón), y la estructura marítima superior, situada a 21,6 kilómetros (km) de la costa mediterránea. Ambas están unidas por un gasoducto de 30,3 kilómetros, con un tramo submarino de 21,6 kilómetros y otro terrestre de 8,7, así como una línea paralela de comunicaciones de fibra óptica.
Tras un prolongado juicio, a instancias de Aplaca (asociación de los afectados por la plataforma Castor), que se inició en un juzgado de primera instancia de Vinaròs, se absolvió de los delitos contra el medio ambiente y de riesgo para la integridad física de las personas que pesaban sobre el presidente de Escal, Recaredo del Potro, y su consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau (para los que se pedían seis años de cárcel).
La Audiencia descartó la existencia de dolo en las conductas de los acusados y demostró que atendieron todos los requerimientos de la Administración. Se pedía para ellos hasta seis años de cárcel. La sentencia echó por la borda los argumentos del informe delMIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la Universidad de Harvard encargados por Nadal, con el que pretendía poner punto y final al conflicto
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