Recreemos por un momento aquella gloriosa escena de La vida de Brian. Imaginen a un líder político actual, acodado en la barra de un bar, preguntando a su auditorio con tono vocinglero: “Nos quitan soberanía, nos imponen normativas incomprensibles, hunden nuestro campo con burocracia desde despachos a miles de kilómetros… A cambio de todo eso, ¿qué han hecho los burócratas de Bruselas por nosotros?”.
Cuestionar la ejecución de las políticas públicas es un ejercicio de salud democrática indispensable, pero coquetear con el euroescepticismo y la ruptura institucional es una insensatez económica
Recreemos por un momento aquella gloriosa escena de La vida de Brian. Imaginen a un líder político actual, acodado en la barra de un bar, preguntando a su auditorio con tono vocinglero: “Nos quitan soberanía, nos imponen normativas incomprensibles, hunden nuestro campo con burocracia desde despachos a miles de kilómetros… A cambio de todo eso, ¿qué han hecho los burócratas de Bruselas por nosotros?”.
Desde el fondo de la sala, alguien levanta tímidamente la mano y responde: “Bueno, nos dieron las carreteras”.
El líder concede a regañadientes: “Vale, sí, las carreteras. Eso es evidente. Pero aparte de las autovías, ¿qué han hecho?”.
Otra voz murmura: “¿La alta velocidad?“.
“Las depuradoras de agua”, añade un tercero.
“El programa Erasmus”, afirma segura una joven con su pareja polaca.
“Y las subvenciones al campo”, sentencia un señor mayor apoyado en su bastón.
“De acuerdo, de acuerdo”, replica el líder, cada vez más irritado. “Aparte de las autovías, el AVE, el saneamiento del agua, la educación internacional y la salvación de la agricultura… ¿qué ha hecho la Unión Europea por nosotros?”.
La respuesta corta, que enmudece a los modernos integrantes del Frente Popular Ibérico que hoy pregonan las bondades del aislacionismo, es abrumadora y sencilla. Es evidente que Europa ha ayudado a financiar la más reciente transformación de España. Pero como en toda columna de análisis económico que se precie, las afirmaciones grandilocuentes exigen el respaldo frío de los datos. Y las cifras, cuando se observan con la debida perspectiva de las últimas cuatro décadas, resultan sencillamente abrumadoras.
Comencemos por el elefante en la habitación del debate antieuropeísta y que no es otro que la agricultura. En los últimos tiempos ha arraigado un discurso populista que dibuja a la Unión Europea como el verdugo implacable del sector primario español. La realidad contable, sin embargo, nos dice que la Política Agraria Común (PAC) ha sido el mayor balón de oxígeno jamás inyectado en la España rural. Desde nuestro ingreso en 1986, el campo español ha recibido, aproximadamente, 200.000 millones de euros procedentes de Bruselas. Estas cantidades no se corresponden con un mero subsidio de subsistencia, sino un brazo financiero que ayudó a la reconversión tecnológica y la viabilidad de decenas de miles de explotaciones. Es cierto que se pidieron sacrificios, pero no lo es menos que todo avance para la mejora deja un camino de damnificados. ¿La consecuencia? Una agricultura española que nunca había dominado en calidad y cantidad tantos mercados.
Para muestra, varios botones. En 1986, las exportaciones agroalimentarias de España apenas alcanzaban los 4.000 millones de euros. Sin embargo, hoy, estas han pulverizado todas las previsiones al superar los 78.000 millones de euros de facturación exterior. Ni actualizando precios hay paralelismo. Tan solo en el último año registrado, más de 580.000 agricultores y ganaderosse beneficiaron directamente de las ayudas de la PAC, garantizando un suelo de rentas sin el cual parte de nuestros pueblos serían hoy un desierto demográfico. Así que la próxima vez que alguien en una tertulia sugiera que Europa destruye nuestro campo, recuérdenle que, sin la financiación de la PAC, probablemente tendríamos serias dificultades para sostener nuestra soberanía alimentaria y comercial.
Si pasamos del tractor al asfalto y al hormigón, el panorama no languidece. España ha sido, en términos absolutos, el mayor beneficiario histórico de la política regional europea. Entre 1989 y 2020, ingresamos casi 190.000 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión. Para comprender la magnitud de este flujo de caja, basta decir que España ha recibido de la Unión Europea más dinero en términos relativos del que supuso todo el Plan Marshall para el conjunto del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial.
Ese inmenso caudal de liquidez es el que nos permitió pasar de ser un país con infraestructuras propias de mediados del siglo XX a situarnos en la vanguardia de la ingeniería civil global. Tomemos como ejemplo el AVE. De los 55.888 millones de euros invertidos en infraestructuras de alta velocidad en nuestro país, la Unión Europea financió a fondo perdido 14.086 millones, sufragando más del 25% del coste total. Lo hicimos, además, con una eficiencia inusitada, ya que construir un kilómetro de alta velocidad en España costó una media de 15,3 millones de euros, situándonos muy por debajo de los onerosos promedios internacionales de nuestros vecinos continentales. Y creando varias de las mejores empresas del sector a nivel global.
Pero, obviamente, no todo es positivo. Por ejemplo, situarnos en la élite ferroviaria de alta velocidad mundial se cobró la vida de los Cercanías. Mientras dedicábamos casi 56.000 millones en AVE, entre 1990 y 2018 apenas invertimos la raquítica suma de 3.679 millones de euros en la red de Cercanías, un servicio fundamental que mueve al verdadero tejido productivo del país a diario.
Por otro lado, ha expuesto nuestras vergüenzas administrativas añadiendo capas y capas de burocracia a cualquier procedimiento relacionado con los fondos europeos. Hemos mutado de ser un país famélico que ejecutaba cada marco presupuestario, a sufrir un empacho burocrático de dimensiones macroeconómicas. La inyección de los fondos NextGenerationEU, diseñados para paliar la disrupción de la pandemia y modernizar el tejido productivo, supuso una lluvia de millones sin precedentes históricos pero que, una vez más, evidenció nuestra débil capacidad administrativa que si algo ha tenido de bueno son las lecciones aprendidas. No obstante, a pesar de ello, cuando el capital logra filtrarse a la economía real, los resultados apuntan a un salto cualitativo que, no obstante, aún necesita ser evaluado.
En definitiva, cuestionar la ejecución de las políticas públicas es un ejercicio de salud democrática indispensable, pero coquetear con el euroescepticismo y la ruptura institucional es una insensatez económica. Renegar del proyecto europeo bajo el espejismo de una pretendida soberanía nacional pura es ignorar que nuestra prosperidad contemporánea, desde la despensa hasta la fibra óptica, está cimentada sobre transferencias de capital mancomunadas y mercados integrados.
Así que, volviendo a la asamblea del inicio, cuando el iluminado de turno clame al cielo preguntando: “Pero aparte de sacar a la agricultura del medievo, vertebrar el país de norte a sur, financiar nuestra red tecnológica y garantizar los estándares del Estado de bienestar… ¿qué han hecho los europeos por nosotros?”. La única respuesta rigurosa que permite la ciencia económica es: “Hacernos viables”.
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