Telefónica de España dejará de ser el operador designado por el Estado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo público este jueves un informe favorable sobre la propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, concluyendo formalmente un trámite regulatorio que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública inició el pasado 5 de octubre.
La CNMC avala la propuesta del Gobierno tras constatar que las redes comerciales cubren la demanda y el bajo coste de la financiación
Telefónica de España dejará de ser el operador designado por el Estado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo público este jueves un informe favorable sobre la propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, concluyendo formalmente un trámite regulatorio que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública inició el pasado 5 de octubre.
La resolución del organismo regulador pone fin a la obligación impuesta en exclusiva a la operadora desde 1998. El expediente normativo concluye que los servicios de telefonía fija y acceso a internet de banda ancha están disponibles de forma generalizada a través de las ofertas comerciales de los operadores presentes en el mercado. En este contexto, la Administración determina que resulta innecesario mantener una asignación obligatoria sobre una única compañía para garantizar el acceso básico a las comunicaciones.
La medida se fundamenta en los supuestos previstos por la Ley General de Telecomunicaciones, que habilita la retirada de la condición de operador obligado cuando la propia dinámica del mercado asegura la prestación del servicio bajo parámetros adecuados de calidad y precio. Los análisis técnicos elaborados por la Secretaría de Estado indican que el despliegue de infraestructuras de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y el alcance de las redes móviles de última generación sitúan a España en las primeras posiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cobertura de redes de alta capacidad.
El informe de la CNMC señala que la expansión de las redes privadas, junto con la disponibilidad de servicios vía satélite y el efecto acumulado de los programas públicos de subvenciones para la digitalización rural, garantiza la conectividad en la totalidad de los núcleos habitados del territorio nacional. Por ello, el regulador considera que la retirada de la obligación respeta el principio de proporcionalidad y adecua el régimen jurídico a la realidad técnica de las infraestructuras en el país.
La nueva regulación modificará los estándares mínimos requeridos para las conexiones en España. La orden ministerial eleva la velocidad mínima garantizada de acceso a internet de banda ancha desde los 10 Megabits por segundo (Mbps) vigentes hasta un umbral de 100 Mbps descendentes y 5 Mbps ascendentes. Con este ajuste, el Ejecutivo adapta los parámetros nacionales a los objetivos de capacidad fijados en la Agenda Digital Europea.
La reforma supone asimismo la eliminación definitiva de la figura del operador único obligado a responder ante vacíos puntuales de cobertura. A partir de 2027, la responsabilidad de atender solicitudes de acceso que se produzcan en zonas de difícil cobertura recaerá de forma distribuida entre las diferentes empresas que dispongan de red desplegada en cada demarcación geográfica.
En el ámbito económico y financiero, la supresión de la encomienda a Telefónica reestructura el mecanismo de compensación por la prestación de servicios no rentables. Hasta la fecha, el déficit derivado de dar cobertura en zonas remotas se sufragaba mediante el Fondo Nacional del Servicio Universal, gestionado por la CNMC y nutrido por las aportaciones anuales de los operadores de telecomunicaciones con un volumen de negocio superior a 100 millones de euros.
Según las resoluciones publicadas por la CNMC, el coste neto reconocido del servicio universal experimentó una reducción continuada en los últimos ejercicios, pasando de superar los 30 millones de euros anuales en décadas anteriores a situarse en torno a los 5,38 millones de euros en sus últimas liquidaciones. Esta reducción se vio impulsada por la eliminación previa del catálogo del servicio universal de obligaciones como la provisión de cabinas telefónicas de uso público y la edición de guías impresas de abonado.
Pese al dictamen favorable, la CNMC incluyó observaciones en su informe sobre la necesidad de mantener un seguimiento permanente sobre la disponibilidad real de las redes en todo el ámbito geográfico. El organismo regulador recordó además la obligación de tramitar y aprobar el nuevo Reglamento de Servicio Universal antes del 31 de diciembre de 2026, instrumento normativo imprescindible para articular la transición hacia el modelo regulatorio que entrará en vigor en 2027.
El fin de la designación de Telefónica no implicará la supresión del servicio universal como figura jurídica ni la pérdida de derechos por parte de los usuarios. La Ley General de Telecomunicaciones mantiene la vigencia legal de este mecanismo de protección y faculta al Gobierno a licitar nuevamente la prestación o a imponer obligaciones de servicio a un operador si se detectaran fallos de mercado que impidan el acceso a las comunicaciones.
La asequibilidad económica del servicio continuará garantizada por el marco regulatorio sectorial. La legislación vigente obliga a la totalidad de las compañías operadoras que comercializan telefonía fija e internet a disponer de ofertas con condiciones adaptadas para colectivos en situación de vulnerabilidad social.
El proyecto de orden ministerial estipula la continuidad del abono social para los jubilados y pensionistas de rentas bajas que ya disfruten de esta tarifa bonificada, obligación que Telefónica deberá mantener de manera continuada para su actual cartera de beneficiarios.
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