El nuevo calendario de la normativa sobre la facturación electrónica aporta la certidumbre que empresas, asesores y autónomos necesitaban. El aplazamiento de Verifactu, sin embargo, vuelve a demostrar hasta qué punto los cambios de calendario pueden frenar decisiones que ya estaban en marcha. La publicación en el BOE, el pasado día 5, de la orden que regula la Solución Pública de Facturación Electrónica (SPFE) despeja por fin una de las principales incógnitas que arrastraban las empresas y que es clave para acelerar con garantías la digitalización y elevar la productividad del país. Ya hay fechas: el 6 de octubre de 2027 para quienes superen los ocho millones de euros de volumen de operaciones y el 6 de octubre de 2028 para el resto.
El nuevo aplazamiento del sistema vuelve a penalizar a quienes se anticiparon
El nuevo calendario de la normativa sobre la facturación electrónica aporta la certidumbre que empresas, asesores y autónomos necesitaban. El aplazamiento de Verifactu, sin embargo, vuelve a demostrar hasta qué punto los cambios de calendario pueden frenar decisiones que ya estaban en marcha. La publicación en el BOE, el pasado día 5, de la orden que regula la Solución Pública de Facturación Electrónica (SPFE) despeja por fin una de las principales incógnitas que arrastraban las empresas y que es clave para acelerar con garantías la digitalización y elevar la productividad del país. Ya hay fechas: el 6 de octubre de 2027 para quienes superen los ocho millones de euros de volumen de operaciones y el 6 de octubre de 2028 para el resto.
Se trata de una buena noticia porque, con plazos definidos, todos pueden planificar. Los desarrolladores, sus hojas de ruta; los asesores, el acompañamiento a sus clientes, y las empresas, sus inversiones. Precisamente por eso, el anuncio de Hacienda de aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes de Verifactu deja un sabor agridulce. Sin duda, tiene sentido buscar una mayor convergencia entre dos procesos que van a transformar la facturación de las empresas, pero un nuevo cambio de fechas vuelve a introducir incertidumbre en un mercado que llevaba meses preparándose.
Los datos muestran, además, que el problema no es solo de calendario. Es también de comprensión y de preparación. El Observatorio TeamSystem 2026, elaborado por Ipsos a partir de 1.200 entrevistas a autónomos, pymes y profesionales de asesorías, revela que el 41% todavía no conoce la diferencia entre Verifactu y factura electrónica y que tres de cada diez negocios siguen sin tener un plan definido para implantar el primero.
Hay avances respecto a hace un año, pero las sucesivas prórrogas introducen un riesgo evidente, ya que, cada vez que desaparece la urgencia regulatoria, también puede posponerse la decisión de digitalizarse. La anterior prórroga fue recibida con alivio por el 41% de los negocios encuestados. Es comprensible, pero el alivio no debería convertirse en inmovilismo. Y ese efecto resulta especialmente frustrante para quienes sí habían hecho los deberes y se habían preparado para cumplir con el calendario previsto. Desde el 29 de julio de 2025, todos los fabricantes de software de facturación han tenido que adaptar sus soluciones al reglamento de sistemas informáticos de facturación. El sector respondió a ese calendario y muchas empresas y despachos profesionales comenzaron también a prepararse para una fecha concreta.
Los cambios reiterados de calendario generan una innecesaria inseguridad jurídica y no son neutros. Empresas que habían empezado a prepararse se preguntan ahora si deben seguir adelante, los asesores tienen que rehacer sus planes y se erosiona la confianza en un calendario regulatorio que ya había movilizado inversión y decisiones.
Compartimos el objetivo de fondo. La convergencia entre Verifactu, la factura electrónica y los futuros requisitos de reporte digital de ViDA tiene sentido. Pero esa coordinación debería evitar que cada nuevo paso vuelva a abrir dudas sobre lo ya recorrido. Cuando las reglas cambian varias veces, existe además el riesgo de que el mercado acabe percibiendo que esperar resulta más rentable que anticiparse.
Para pymes y autónomos el mensaje debería ser otro. La digitalización de la facturación no puede depender de cuándo lo marque Hacienda, sino de la salud del propio negocio. Digitalizar la facturación permite reducir errores y trabajo administrativo y, con ello, ganar productividad en el día a día. El Observatorio de Ipsos muestra que las compañías dedican una media de 21,5 horas al mes a tareas manuales relacionadas con la facturación y que el 63% mantiene todavía una dependencia media o alta de Excel en estos procesos.
La Administración tiene ahora también la responsabilidad de culminar cuanto antes la convergencia anunciada, preservar la estabilidad del nuevo calendario de la factura electrónica y comunicar cualquier cambio futuro con el margen suficiente para que empresas y profesionales puedan planificar.
España tiene la oportunidad de convertir la factura electrónica en un verdadero motor de productividad para sus pymes. Para aprovecharla, necesitamos reglas claras y estables. El calendario de la SPFE va en esa dirección; el aplazamiento de Verifactu, no.
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