La Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este sábado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo adoptado para iniciar el procedimiento de inhabilitación de la empresa Holaluz-Cidom para comercializar energía eléctrica. Según dicho anuncio, ya se ha comenzado a traspasar a sus clientes a una comercializadora de referencia o regulada, que son las que suministran en el mercado con el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Al procedimiento que se inicia este sábado pueden presentar alegaciones los que se consideren interesados en un plazo de 10 días hábiles. El ministerio que dirige Sara Aagesen no ha detallado, por el momento, el motivo por el que se inicia el procedimiento.
Los clientes de la empresa catalana, que mantiene 250.000 contratos con comunidades energéticas, pasarán a una comercializadora de referencia que suministra con el precio regulado, el PVPC
Los clientes de la empresa catalana, que mantiene 250.000 contratos con comunidades energéticas, pasarán a una comercializadora de referencia que suministra con el precio regulado, el PVPC
La Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este sábado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo adoptado para iniciar el procedimiento de inhabilitación de la empresa Holaluz-Cidom para comercializar energía eléctrica. Según dicho anuncio, ya se ha comenzado a traspasar a sus clientes a una comercializadora de referencia o regulada, que son las que suministran en el mercado con el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Al procedimiento que se inicia este sábado pueden presentar alegaciones los que se consideren interesados en un plazo de 10 días hábiles.
La empresa catalana irrumpió en 2011 como una comercializadora de electricidad verde y llegó a contar con una plantilla de 600 empleados (tras un ERE que afectó a unas 200 personas, esta se redujo el 27%). Es en la actualidad una empresa de energía distribuida con 10.000 comunidades energéticas y 250.000 contratos (a través de una plataforma tecnológica que conecta a productores de energías renovables con clientes) y tiene instalados otros 10.000 paneles fotovoltaicos, lo que llamaron la revolución de los tejados. En 2024, la compañía, que cotiza en el BME Growth desde 2019, se enfrentó a una grave crisis financiera y accionarial (los dos socios minoritarios, Axon partners y Goero Pensioak, se negaron a refrendar las cuentas de 2023) y estuvo al borde del concurso de acreedores. Las pérdidas en ese año se habían multiplicado por cinco, hasta 26,2 millones de euros. Holaluz superó la crisis con la entrada en la sociedad de un fondo francés, Icosium Investment, que tiene proyectos en el norte de África.
Este inversor tiene en estos momentos el 33% del capital y los tres fundadores, Carlota Pi, Orial Villa y Ferrán Nogué se reparten el 27%. El resto está en el mercado, incluidos los socios disidentes que fueron expulsados en su día del consejo de administración. La empresa facturó 250.000 euros en 2025 y su pasivo superaba los 50 millones, aunque tras la entrada del nuevo socio y la refinanciación de la deuda se transmitió un mensaje de tranquilidad y de que la crisis se iba superando, aunque los escasos márgenes del negocio se han ido agravando tras el hundimiento de los precios por la abundancia de renovables.
En su día, tras la crisis energética derivada de la Guerra de Ucrania y la imposibilidad de competir con la tarifa regulada (TUR) del gas, Holaluz abandonó este mercado con el traspaso de sus 70.000 clientes a comercializadoras de referencia. La normativa eléctrica protege a los clientes de suministradoras en el mercado libre que son inhabilitadas, quiebran o desaparecen mediante el traspaso a una regulada por ley (son filiales de los grandes grupos eléctricos: Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol). El ministerio que dirige Sara Aagesen ha acelerado este año la inhabilitación de numerosas comercializadoras de electricidad sin actividad, hasta unas 40 en el primer trimestre del año.
Desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre comercialización eléctrica, que fue traspuesto por el Gobierno el pasado marzo, Transición Ecológica ha estrechado el cerco para inhabilitar a decenas de comercializadoras inscritas en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sin actividad (esto es, sin que hayan acudido al mercado a adquirir energía) durante un año. También se inhabilita cuando las empresas no pueden hacer frente a los avales que se les exige para vender luz, y evitar que provoquen un agujero en el sistema.
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