Decenas de miles de abogados y procuradores respiran al fin tranquilos: podrán cobrar una pensión digna. El Congreso ha aprobado la ley que permitirá convertir el dinero ahorrado por estos profesionales a través de sus mutualidades gremiales en años de cotización a la Seguridad Social. Así podrán acceder a pensiones públicas de jubilación en lugar de depender de las rentas exiguas —de unos 400 euros, de media— que estaban abocados a cobrar al retirarse. El colectivo lleva cuatro años manifestándose para exigir una solución a los políticos. Los mutualistas ya jubilados quedan fuera del acuerdo.
Abogados y procuradores podrán pasar el dinero aportado a sus mutualidades a la Seguridad Social, aunque los ya jubilados quedan fuera
Decenas de miles de abogados y procuradores respiran al fin tranquilos: podrán cobrar una pensión digna. El Congreso ha aprobado la ley que permitirá convertir el dinero ahorrado por estos profesionales a través de sus mutualidades gremiales en años de cotización a la Seguridad Social. Así podrán acceder a pensiones públicas de jubilación en lugar de depender de las rentas exiguas —de unos 400 euros, de media— que estaban abocados a cobrar al retirarse. El colectivo lleva cuatro años manifestándose para exigir una solución a los políticos. Los mutualistas ya jubilados quedan fuera del acuerdo.
El pleno del Congreso de los Diputados ha votado a favor de la creación de la pasarela hacia el RETA, el régimen especial para trabajadores autónomos. La nueva norma se había aprobado ya en el Congreso, en primera lectura, y en el Senado. Pero en la Cámara Alta el PP introdujo una serie de enmiendas que ayer salieron adelante gracias a la abstención del Grupo Socialista.
La ley afecta a abogados, procuradores, arquitectos, médicos, ingenieros y otros profesionales liberales que trabajan en régimen de autónomos y no cotizan a la Seguridad Social sino que lo hacen —con unas cuantías inferiores a quienes cotizan al sistema público— a través de aseguradoras privadas como la Mutualidad de la Abogacía (conocida ahora como Mutualidad), la Mutualidad de los Procuradores, la Hermandad Nacional de Arquitectos o Mutual Médica.
Entre todas estas entidades se calcula que hay cerca de 100.000 mutualistas alternativos, mayoritariamente abogados. Son trabajadores por cuenta propia que no cotizan para obtener una pensión pública o una cobertura por desempleo, sino que dependen de lo que ahorran en su plan individual privado para su jubilación, incapacidad o viudedad. Con la creación de una pasarela al RETA, la previsión es que alrededor de la mitad —unos 50.000— opten por sacar su dinero de la mutualidad y convertirlo en años de cotización.
Todos estos profesionales hacían aportaciones mensuales para su mutualidad, pero el importe mínimo que fijaba la ley, y por el que se guiaba la inmensa mayoría, era muy bajo, lo que ha hecho que el capital acumulado a la jubilación sea insuficiente. En el caso de los abogados es de unos 100.000 euros, y en el caso de los procuradores de entre 50.000 y 70.000 euros. Estas cifras se acaban transformando en rentas vitalicias mensuales (12 pagas) de entre 300 euros y 500 euros que, además, no se revalorizan con el IPC, como sí ocurre con las pensiones.
En la Carrera de los Jeróminos, frente a la puerta principal del Congreso, un grupo de abogados se manifiesta, como llevan haciendo desde hace dos años y medio. Ángel López, uno de los fundadores del movimiento reivindicativo J2, tuerce el gesto al ser preguntado por el resultado de la ley: “el resultado de tantos meses de negociación es muy insatisfactorio, porque deja atrás a los mutualistas jubilados, porque es muy cicatero en el reconocimiento de años de cotización y porque los coeficientes de corrección que se aplican son muy injustos”, se queja.
Uno de los grandes debates en la tramitación de la ley ha sido cómo transformar el tiempo pasado en mutualidades en derechos hacia la Seguridad Social. Los colectivos de afectados reclamaban una conversión 1 por 1: que cada mes de aportación a la mutualidad privada se transformara en un mes de cotización.
Fórmula de conversión
Finalmente, esta fórmula 1 por 1 se aplicará solo a quienes estuvieran en una mutualidad antes del 10 de noviembre de 1995 y para aquellos mutualistas que tengan al menos 52 años a 31 de diciembre de 2026. Así se ayuda a quienes ya tienen poco margen para cotizar antes de su jubilación. Hay que recordar que el número de años cotizados determina el acceso a la pensión mínima —se exigen 15 años— y que, a más años cotizados, mayor es la pensión.
La ley aprobada contempla que para el trasvase de dinero de las mutualidades a la Seguridad Social se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido de haber estado en el RETA aplicándole un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87. A menor ratio, mejor para el mutualista.
El primer coeficiente que fue propuesto por la Comisión de Seguridad Social del Congreso era del 0,77. Esto significa que cada año de jubilación les costaba a los mutualistas 770 euros. Con un 0,67, les costará 670 euros. Esto implica que 50.000 euros acumulados en la mutualidad se convertirán en 20 años cotizados a la Seguridad Social. Con la redacción actual, hay una banda de coeficientes (0,67-0,87). El cálculo será más benigno para el mutualista cuanto mayor sea.
El dinero no se trasvasará desde las mutualidades hasta la Tesorería de la Seguridad Social hasta que llegue el momento de jubilación del mutualista, aunque haya decidido acogerse a la pasarela, que en todo caso será voluntaria.
Los pasivos quedan fuera
Otro de los caballos de batalla de los colectivos de afectados ha sido la situación de los mutualistas ya jubilados, aquellos que ya están cobrando una pequeña renta —de 350 a 500 euros— de su mutualidad. Durante el trámite en el Senado se llegó a aprobar una enmienda que permitía a los llamados mutualistas pasivos incorporarse a la pasarela, pero finalmente se ha retirado esta posibilidad.
“Era una cuestión muy delicada”, explica un diputado socialista, “porque retrotraer una situación de jubilación tiene importantes implicaciones jurídicas”. Fuentes de Sumar creen, en cambio, que “esta reforma va a quedar incompleta porque se deja por el camino a jubilados que cobran una miseria, y habrá que hacer una nueva norma”.
Francisco Toll, presidente de la Mutualidad de Procuradores, también muestra su solidaridad con el colectivo de jubilados. “Fueron ellos quienes iniciaron las movilizaciones para que se creara la pasarela, y es muy injusto que ahora se queden fuera”.
El texto aprobado impone al Gobierno el desarrollo de un reglamento que fije las condiciones específicas de la pasarela al RETA, en un plazo de tres meses. Además, impone el carácter irreversible de la decisión: quien decida pasar de la mutualidad a la Seguridad Social ya no tendrá marcha atrás.
Otro debate que surgió durante la tramitación de la ley es qué hacer con las mutualidades. A día de hoy, tienen sus mutualistas alternativos y sus mutualistas voluntarios. El Gobierno quiere acabar con ese régimen alternativo al RETA. Con la ley aprobada se mantendrá al menos hasta 2030. Mientras, el Ejecutivo deberá elaborar un informe sobre su viabilidad.
Las mutualidades han defendido con vigor que ese modelo debe mantenerse “porque es un instrumento de colaboración público-privada muy eficiente cuyo mantenimiento no perjudica a nadie”, explica Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad.
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