El pasado 20 de marzo el Gobierno aprobaba un real decreto ley para dar respuesta a la crisis de Oriente Medio en el que se incluían distintas medidas para paliar la escalada de los precios de la energía derivada de dicha crisis. Una disposición de la norma, la adicional primera, que pasó casi desapercibida, amenaza ahora con convertirse en el culebrón del otoño en el sector eléctrico y tecnológico, después de que el Ejecutivo (a través de tres ministerios: Economía, Transición Ecológica y Transformación Digital) lanzase a audiencia pública el pasado 27 de agosto un real decreto para desarrollar dicha disposición, cuyo plazo acaba de concluir.
El Gobierno se enfrenta a las presiones de eléctricas y tecnológicas contra la propuesta que pretende que estas instalaciones consuman el 80% de energía renovable y evitar que encarezcan el precio de la luz al resto de consumidores
El pasado 20 de marzo el Gobierno aprobaba un real decreto ley para dar respuesta a la crisis de Oriente Medio en el que se incluían distintas medidas para paliar la escalada de los precios de la energía derivada de dicha crisis. Una disposición de la norma, la adicional primera, que pasó casi desapercibida, amenaza ahora con convertirse en el culebrón del otoño en el sector eléctrico y tecnológico, después de que el Ejecutivo (a través de tres ministerios: Economía, Transición Ecológica y Transformación Digital) lanzase a audiencia pública el pasado 27 de agosto un real decreto para desarrollar dicha disposición, cuyo plazo acaba de concluir.
La norma de marzo, que no responde a ninguna exigencia comunitaria, sino a una pura decisión del Gobierno, “mandataba” al Consejo de Ministros “a aprobar mediante real decreto los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital que se aplicarán a los centros de procesamiento de datos que se conecten a las redes de transporte y distribución eléctricas”. En otras palabras, a regular el alud de solicitudes de acceso y conexión de estos centros propiedad de las grandes multinacionales tecnológicas, que están en trámite o han manifestado su intención de tramitar.
En este punto, las cifras pueden resultar vertiginosas, pero varían entre las oficiales y las que circulan de manera extraoficial. Según la propuesta, contra la que han alegado las grandes distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y su patronal, Aelec, en los últimos seis años se han otorgado a este tipo de instalaciones 12 GW de capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución (al 50%), si bien, solo 500 MW están operativos. Y señala que durante la tramitación de la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030, se ha detectado “un fuerte interés” de los centros de datos para conectarse, que, “de atenderse, obligarían a dedicar buena parte de los esfuerzos económicos previstos en dicha planificación a los refuerzos de red necesarios para estas infraestructuras”. La demanda de capacidad se situaría, según la estimación más baja del Gobierno, en 20 GW (otras cifras superan con creces los 100 GW), muy lejos de la planificada de 4 GW.
Ante el temor de que el consumo plano de los centros de datos, (el mismo de día y de noche, pues utilizan la energía esencialmente para refrigerar la instalación), haga disparar el precio del mercado marginalista español, debido al consumo de electricidad generada con gas o nuclear durante la noche (cuando desaparece la solar), el Gobierno plantea una regulación que los afectados consideran “incumplible” y que, de prosperar, supondrá la huida de los data center a otros países. En este punto, fuentes del Ejecutivo aseguran que a la hora de elaborar la propuesta se ha tenido en cuenta la experiencia de países como Irlanda, donde se han disparado los precios de la luz del resto de consumidores, “y trabajan ya en muchos casos como islas”, o Estados Unidos, “donde se han establecido moratorias por la inflación que provocan”.
Con estas premisas, el decreto en cuestión, que se aplicaría a los centros cuya potencia de acceso sea igual o superior a 1 MW, y a los que aún teniendo el permiso no se hayan conectado aún, exige que las instalaciones consuman un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, “como exigen las normas europeas a los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable”.
En sus alegaciones, las empresas afectadas denuncian que la propuesta discrimina a los centros de datos respecto a otros grandes consumidores industriales. En este punto, fuentes jurídicas consideran que “son requisitos específicos para un determinado tipo de consumidor”, y que “una discriminación supondría, ante todo, que los sujetos desigualmente tratados resulten comparables”. En este sentido, subrayan, por ejemplo, que “plantas siderúrgicas y centros de datos no son lo mismo: no tienen los mismos impactos ni su valor añadido es el mismo”. Otra cuestión es que “carezcan de una justificación objetiva, sean manifiestamente desproporcionados, irrazonables o imposible de ser cumplidos”.
Otros expertos consultados aseguran que el problema está en cómo se gestiona en España el acceso a las redes. Teniendo en cuenta que en los nudos congestionados el interesado debe pagar por el refuerzo que supone conectarse en dicho punto, y dado que se desconoce dónde están estos nudos, los inversores piden accesos masivos y provocan, asimismo, la congestión. En este sentido, plantean que se pague en todos ellos. Además, esta situación provoca el espejismo de que hay mucha capacidad solicitada.
En el Gobierno niegan que esto ocurra en el caso de los centros de datos pues, además de electricidad, necesitan suelo y recurso hídrico, y no todos los emplazamientos cuentan con ello. Sobre los data center pesa el hecho de que generan poco empleo, si bien, sus defensores apelan a su elevado valor añadido, que es el que hay que tener en cuenta, y no solo las razones sociales o medioambientales que esgrimen los ministerios, especialmente el de Transición Ecológica. Para evitar que el incremento de precios de la electricidad que puedan provocar los centros de datos afecte al resto de usuarios, estos plantean que el acceso y conexión se adjudique mediante subastas a quienes generen más valor, y que se detraiga parte de los beneficios de estas instalaciones en favor del sistema eléctrico. Y, sobre todo, que de una vez por todas, se apliquen medidas para distinguir los proyectos reales de los especulativos y evitar la burbuja (otra más) que temen en el Gobierno.
En este consideran que la propuesta no es inviable y que, en cierto modo, tendrá un retorno al sistema a través de las penalizaciones (en cargos y peajes de la factura) que se imponen a los centros que no cumplan con el requisito de la adicionalidad del 80% de energía verde (con el que Transición pretende cumplir los objetivos de renovables) y la correlación horaria. El Gobierno considera que las sanciones por los posibles incumplimientos, que se dan por hecho, pues la energía solar desaparece de noche y no siempre hay eólica para compensarla, repercutirá positivamente en el resto de consumidores. Sin embargo, resulta poco ortodoxo que este beneficio provenga de penalizaciones, coinciden los críticos.
Sea como fuere, el decreto, que también exige “la permanencia en la Unión Europea de los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro y que se encuentren bajo su control”, ha avivado un nuevo lobby, que muchos equiparan al nuclear y lo ligan a determinadas ideologías. No en vano, muchas de las comunidades autónomas del Partido Popular especialmente Aragón y Madrid, tienen ya las espadas en alto.
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