Las nuevas exigencias planteadas por el Gobierno de España para los centros de datos ya han saltado al debate de las principales plazas financieras del mundo. El pasado 3 de septiembre, el nuevo decreto que tramita el Ejecutivo para data centers fue uno de los principales temas de debate en una cumbre celebrada en Londres que organizaba Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo. Los presentes en el foro expresaron su inquietud por la normativa.
Merlin Properties y otros 40 inversores internacionales muestran “preocupación” en un foro organizado por Goldman Sachs. Estiman que algunas exigencias del nuevo decreto son “económicamente inviables” y temen caídas de inversión y rentabilidad de los proyectos
Las nuevas exigencias planteadas por el Gobierno de España para los centros de datos ya han saltado al debate de las principales plazas financieras del mundo. El pasado 3 de septiembre, el nuevo decreto que tramita el Ejecutivo para data centers fue uno de los principales temas de debate en una cumbre celebrada en Londres que organizaba Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo. Los presentes en el foro expresaron su inquietud por la normativa.
Al foro de la City londinense acudió lo más granado de la escena internacional: participaron más de 40 empresas y fondos de inversión entre los que se encontraban algunas de las gestoras más reputadas del mundo y otros actores globales de la industria financiera. Sobre todo, destacados actores globales del real state, pero también fondos de la máxima repercusión mundial como Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, que por ahora se ha mostrado muy escéptico con los centros de datos.
En ese escenario de inversión internacional, el nuevo real decreto español que pretende elevar las exigencias regulatorias a las fábricas de inteligencia artificial (IA) ocupó un capítulo específico, según revela un reporte elaborado por Goldman Sachs al que ha tenido acceso EL PAÍS/CincoDías. El documento subraya que la regulación “genera preocupación”.
Tras escuchar los mensajes de los participantes, entre los que hubo representación española como altos ejecutivos de Merlin Properties o Colonial, Goldman Sachs destaca que “la principal preocupación de los inversores parece centrarse en la necesidad de que los centros de datos obtengan al menos el 80% de su consumo eléctrico de nuevas fuentes renovables cada hora, lo que requeriría un importante desarrollo de capacidad de generación adicional (y podría afectar también al precio de la capacidad renovable existente)”. La firma advierte de que estas nuevas exigencias “requerirían inversiones de capital adicionales y, por consiguiente, una presión a la baja sobre la rentabilidad”.
“En este momento, no hay certeza de si esta propuesta se convertirá en ley o si se modificará previamente”, explica Goldman Sachs, “ya que las empresas han señalado que [la regulación] no es práctica en su configuración actual”.
Merlin carga contra la propuesta
La preocupación sobre la situación de los centros de datos en España llega a tal punto que Goldman Sachs elaboró al día siguiente de la cumbre, el pasado 4 de septiembre, un reporte específico para hacerse eco del panorama planteado por Merlin Properties, la inmobiliaria del Ibex-35 propiedad del Banco Santander, BlackRock o la patrimonial del millonario y fundador de Cirsa Manuel Lao, entre otros.
El presidente y consejero delegado de la cotizada, Ismael Clemente, considera “probable que el borrador sufra modificaciones, siendo las disposiciones relativas a las energías renovables el principal motivo de preocupación”, según recoge Goldman Sachs en su informe. Clemente estima que “el requisito propuesto de equiparar el 80% del consumo eléctrico con generación renovable a escala horaria resulta técnica y económicamente inviable”.
Según los cálculos del CEO de Merlin, “dar soporte a una capacidad informática de centros de datos en España de aproximadamente 10 gigavatios (GW) para el año 2040 bajo el marco actual podría exigir unos 120 GW adicionales de capacidad renovable y de almacenamiento —una cifra casi equivalente a la capacidad actual del sistema de generación eléctrica español, de unos 144 GW—, lo que implicaría unas necesidades de inversión considerables”.
Por ello, el directivo de la inmobiliaria cotizada prevé que se introduzcan enmiendas antes de la implementación definitiva de la regulación. Entre las mismas, confía en la reducción del umbral de renovables a niveles más acordes con el mix de generación actual de España (por ejemplo, el 60%). También señaló que esperaba “la eliminación o sustitución del estricto requisito de equiparación horaria por un marco más flexible basado en carteras de activos”. Por último, el directivo cree que deberían aplicarse cláusulas de derechos adquiridos (grandfathering) para los proyectos existentes.
En la misma línea se ha posicionado Amazon Web Services (AWS), una de las tecnológicas con proyectos de inversión en data centers en España más sólidos, esta misma semana: “creemos que los proyectos maduros con permisos concedidos y capital comprometido significativo no deberían enfrentarse a requisitos retroactivos que no existían cuando se tomaron esas decisiones de inversión”.
Para solucionar los problemas que implicarían las actuales exigencias planteadas por el Gobierno español -donde además de Transición Ecológica se han implicado el Ministerio para la Transformación Digital, Economía e incluso Moncloa- Ismael Clemente advierte de que “sería necesaria una inversión de capital adicional, lo que reduciría la rentabilidad neta sobre costes del 10,6% al 9,5% aproximadamente”.
Pese a todo, Merlin Properties se mostró ante los analistas de Goldman Sachs optimista y cree que si se producen algunos cambios en la regulación propuesta, estaría en condiciones de cumplir con los proyectos de centros de datos que ya tiene en marcha.
Sin embargo, los expertos del influyente banco de inversión estadounidense incluyen entre los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa “una reducción de las inversiones en proyectos en cartera (especialmente en centros de datos)”. No sólo eso, además ve otras derivadas que pueden impactarle, como “unas condiciones de financiación de la deuda peores de las que contemplamos actualmente”.
Expectación internacional
El espacio que Goldman Sachs dedica a la legislación española en su cumbre inversora de Londres da prueba del nivel de expectación que los grandes capitales y la industria financiera están poniendo en esta cuestión. No en vano, el Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido más de 100 alegaciones a su propuesta durante el periodo de audiencia pública, que ha cerrado este mismo jueves. La cuestión no es menor, ya que se trata de uno de los vectores de crecimiento para la economía española en infraestructuras que se presupone serán estratégicas para desarrollar el sector tecnológico y digital.
El pasado 2 de septiembre, pocos días después de que el Gobierno lanzara su propuesta preliminar, la asociación Spain DC, donde además de Merlin Properties, están las principales tecnológicas mundiales como Amazon, Google o Microsoft, cargaron contra los nuevos requisitos: “La intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad de España frente a otros mercados europeos”.
“La preocupación ya no es sólo teórica. Existen proyectos y planes de inversión que empiezan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante un posible marco español más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los tiempos reales de desarrollo de estas infraestructuras”, añadía el comunicado de la asociación, que también ha hecho alegaciones al proyecto de real decreto.
“La dimensión económica de lo que está en juego es enorme. El último Informe Anual de Spain DC estimaba en 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad, mientras que en un escenario restrictivo esa cifra de inversión se podía ver reducida en un 36%”, alertaba la asociación que representa al sector.
En este contexto, el Gobierno se muestra abierto a rebajar las exigencias planteadas, pero quiere evitar a toda costa que los centros de datos disparen la tarifa eléctrica, ya que son consumidores intensivos de luz, y que eso provoque subidas del recibo de los hogares españoles y de la industria.
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