El tratamiento VIP que otorgará la etiqueta de “inversión estratégica” que adjudicará el Gobierno a los proyectos de interés público condicionará los procesos para captar subvenciones. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que establece una vía rápida para agilizar proyectos que se consideren estratégicos, ha introducido una novedad. Se trata de la concesión de “prioridad en la tramitación de incentivos regionales” a las iniciativas que cuenten con el sello estatal, una novedad respecto a los borradores que han circulado en la tramitación. Con la nueva prevalencia, las comunidades autónomas que apostaban por estos proyectos con intereses locales verán su capacidad de influencia muy reducida.
La declaración de “inversión estratégica” que otorgará el Ejecutivo marcará las prioridades a la hora de pedir los incentivos regionales
El tratamiento VIP que otorgará la etiqueta de “inversión estratégica” que adjudicará el Gobierno a los proyectos de interés público condicionará los procesos para captar subvenciones. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que establece una vía rápida para agilizar proyectos que se consideren estratégicos, ha introducido una novedad. Se trata de la concesión de “prioridad en la tramitación de incentivos regionales” a las iniciativas que cuenten con el sello estatal, una novedad respecto a los borradores que han circulado en la tramitación. Con la nueva prevalencia, las comunidades autónomas que apostaban por estos proyectos con intereses locales verán su capacidad de influencia muy reducida.
Los incentivos regionales son un programa de ayudas públicas que gestiona el Ministerio de Hacienda y que abren la puerta a la financiación de proyectos en determinados territorios que, con criterios de la Unión Europea, se considera que necesitan un apoyo extra para lograr la convergencia con la media del bloque comunitario. Los territorios que superan determinados umbrales económicos (en este caso, Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra) no pueden pedirlos. Este apoyo público suele estar cofinanciado con fondos europeos de cohesión y las comunidades juegan un papel importante al adjudicarlos, ya que son las que presentan las solicitudes y aportan otra parte extra del dinero necesario para el proyecto.
Los criterios para conceder estos incentivos regionales están tasados, pero a la vez son muy amplios. Incluyen, por ejemplo, proyectos de hostelería. El Gobierno quiere que ahora estén alineados con los que a nivel estatal considera prioritarios. Es una forma, dicen, de ordenar los recursos públicos. Pero este filtro extra que introduce ahora el Ejecutivo central limita el apadrinamiento que las comunidades hacían de estos proyectos que recibían financiación pública. Sin la parte estatal y comunitaria, su tercera pata de financiación no bastaría para sostener la iniciativa y muchos no verán la luz.
El Ejecutivo evita así que estos fondos públicos se gasten en proyectos que no son los que cree que tienen mayor interés para el país en su conjunto. Es una capa extra de autorización que limita las posibilidades de algunos proyectos de conseguir rebañar los incentivos y que achica el margen de maniobra de las comunidades para empujar iniciativas que por razones locales consideren importantes. La hostelería, por ejemplo, tiene difícil encaje en los criterios del Comité de Inversiones Estratégicas, que favorece proyectos que potencien la descarbonización del país o la digitalización y que toma en cuenta el volumen de creación de empleo.
Entre los proyectos que recibieron en julio incentivos regionales hay casos como el de un gran hotel de Lopesan, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Los responsables sostienen que creará 552 empleos y ha recibido una ayuda pública de casi 50 millones de euros. También está el Apart Hotel Arona (Tenerife), que con los cuatro empleos que generará ha recibido 1,1 millones de subvención.
Hacienda también está sentada en el órgano rector del Comité de Inversiones Estratégicas que estará alojado en la Oficina Económica que depende directamente de Presidencia. El órgano estará copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía. Pero a la hora de otorgar estos incentivos regionales, Hacienda se verá ahora condicionada por el sello de nueva creación que el Gobierno quiere echar a andar de forma inmediata.
Pulsera prioritaria
El Comité de Inversiones Estratégicas comenzará a repartir la privilegiada etiqueta cuando esté operativa su página web, que será la que acogerá las solicitudes. Todavía quedan flecos reglamentarios, como publicar las baremaciones que otorgarán los puntos para conseguir el sello del Ejecutivo. Al contrario que los incentivos regionales, la declaración de inversión estratégica no está acompañada directamente de dinero público. Es, en realidad, una especie de una pulsera de “todo incluido” burocrático ante las Administraciones. Por eso, no está limitada por una dotación presupuestaria y es en realidad una señalización de que el proyecto que sea agraciado con el sello será tratado de forma preferente para conseguir los permisos exigibles a su actividad.
Una de las principales ventajas es el acceso prioritario a los accesos de la red eléctrica, que está al límite de su capacidad y es a la vez crítica para la mayor parte de los proyectos de la nueva economía, como los centros de datos o las gigafactorías. Las diferentes fuentes de la Administración General del Estado consultadas todavía no tienen claro en qué se concretará esa “prioridad”.
Varias comunidades autónomas ya tienen procedimientos similares y los proyectos estratégicos suponen un empujón político de primer orden. Se les abre la financiación pública y privada, ya que los inversores saben que recibirán las autorizaciones con celeridad. Da seguridad jurídica y obliga a los distintos entes implicados a trabajar alrededor de un mismo propósito.
El Gobierno se ha inspirado en programas similares, especialmente en el Choose France, el programa de atracción de inversiones extranjeras francés que es muy celebrado por sus éxitos en el país vecino. La organización política francesa destaca por su presidencialismo y un peso mucho menor de los territorios que en el modelo español.
La inversión detrás de estos proyectos “estratégicos” puede ser local o extranjera, con un fuerte interés por parte de los centros de datos en conseguir esta declaración para asegurarse así el acceso a la energía y el agua. El Gobierno asegura que la demanda es tan alta que las empresas están “haciendo cola” y fuentes financieras que acompañan a estas empresas en sus inversiones en España aseguran que una gran parte del capital expectante es de origen chino.
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