La Comisión del Pacto de Toledo debe renovar sus recomendaciones próximamente y, para ello, está escuchando las comparecencias de economistas expertos en pensiones. En la jornada de este martes, han intervenido el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, y el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá Daniel Fuentes. Ambos han coincidido, con matices, en que el problema del creciente gasto en pensiones, y como parte del enfrentamiento generacional que podría subyacer de fondo, radica en lo que los economistas llaman “coste de oportunidad”. Este concepto implica que, dentro de un presupuesto público que no es ilimitado, todo el crecimiento de la nómina para pagar la renta de los jubilados es dinero que se detrae de otros destinos de los servicios públicos, como sanidad, educación o infraestructuras.
De la Fuente (Fedea) y Fuentes (Universidad de Alcalá) piden en el Congreso abordar dónde quiere la sociedad invertir los recursos
La Comisión del Pacto de Toledo debe renovar sus recomendaciones próximamente y, para ello, está escuchando las comparecencias de economistas expertos en pensiones. En la jornada de este martes, han intervenido el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, y el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá Daniel Fuentes. Ambos han coincidido, con matices, en que el problema del creciente gasto en pensiones, y como parte del enfrentamiento generacional que podría subyacer de fondo, radica en lo que los economistas llaman “coste de oportunidad”. Este concepto implica que, dentro de un presupuesto público que no es ilimitado, todo el crecimiento de la nómina para pagar la renta de los jubilados es dinero que se detrae de otros destinos de los servicios públicos, como sanidad, educación o infraestructuras.
Estos dos economistas estaban convocados para hablar de los problemas intergeneracionales dentro del sistema de pensiones. En ese sentido, De la Fuente ha sido muy claro: “El sistema de pensiones español no tiene un problema de sostenibilidad, sino de coste de oportunidad y de inequidad en el reparto de las cargas entre generaciones. Hemos optado por regalos innecesarios a los baby boomers, que están en mucha mejor situación que los jóvenes”.
Según ha explicado el máximo responsable de Fedea, las últimas reformas de pensiones hechas desde 2021, que se han centrado en aumentar los ingresos sin aplicar medidas de contención de gasto, “no solo no han afrontado el problema, sino que lo han agravado”. Y ha criticado: “Desmontamos los dos elementos de control aprobados en 2013 [el factor de sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse y que vinculaba las cuantías de las nuevas pensiones a la esperanza de vida; y el factor de revalorización que limitaba la actualización de las pensiones al 0,25% mientras hubiera déficit en el sistema y que fue cambiado por una revalorización automática por ley con el IPC de cada año] y eso ha aumentado muchísimo la tendencia al alza del gasto. En vez de abordar una necesidad de contención de ese gasto, hemos tirado hacia adelante y ya veremos cómo se paga”, se ha quejado De la Fuente.
Así, pese al aumento de los ingresos propiciado por dichas reformas, el incremento del gasto en pensiones crece más rápido, según Fuentes, fundamentalmente porque hay más pensionistas y sus pensiones son mayores, más que por las revalorizaciones. Y esto está generando, a su vez, la necesidad creciente de financiar una parte de las pensiones contributivas con impuestos en lugar de cotizaciones, ya que estas últimas no son suficientes para costear toda la nómina al completo.
De esta forma, las transferencias de dinero procedentes de la recaudación de impuestos generales para pagar las pensiones, fundamentalmente las contributivas, ya ascienden a unos 50.000 millones de euros, recuerda Ángel de la Fuente. Esto representa, según sus cifras, un déficit estructural ligado a la Seguridad Social del orden de cuatro puntos del PIB “y va a empeorar bastante en los próximos años”, ha asegurado.
Por este motivo, De la Fuente asegura que las últimas reformas han supuesto “un cheque en blanco para pagar las pensiones”. Por ello, ha incidido en que “a los jóvenes que preguntan si tendrán pensión hay que decirles con toda seguridad que sí, las pensiones serán lo último que se deje de pagar. Lo que menos peligra es el sistema de pensiones, pero peligra más todo lo demás”.
En ese punto ha mostrado su preocupación por el citado coste de oportunidad de la parte de las pensiones que se paga con transferencias estatales (impuestos generales): “Con eso deberíamos estar manteniendo carreteras, hospitales y colegios, pero no se puede hacer porque se destina todo al pago de pensiones”, ha insistido.
En esta misma línea, Daniel Fuentes ha admitido que a la hora de financiar el sistema de pensiones “hay unas necesidades aspiracionalmente ilimitadas y unos recursos que sí lo son”. Esto significa que, aunque se quiera hacer un sistema muy generoso, esto debe sustentarse con los recursos adecuados. Y, en ese punto, ha reconocido que “sí habrá un conflicto de coste de oportunidad” que partirá del esquema actual, según el cual el 80% de las pensiones se paga con cotizaciones y el 20% con impuestos. Por ello ha defendido que la sociedad española debe discutir que ese 20% se destine a pensiones, teniendo en cuenta también que se deben financiar, entre otras muchas cosas, la defensa, la educación pública o la sanidad.
De hecho, en opinión de Fuentes, ese porcentaje del gasto en pensiones que se paga con impuestos “no puede ser creciente en el tiempo, tiene que haber un límite. No sé dónde se debe de poner dicho límite, pero debe de ponerse”, ha indicado.
Dicho todo esto, el economista de la Universidad de Alcalá ve de forma más benévola las últimas reformas de pensiones: “Por una vez que se opta por aumentar los ingresos, en lugar de contener los gastos, no nos vamos a quejar”, ha dicho sarcásticamente. Y ha insistido en que el enfoque de las últimas reformas “no parece contraintuitivo”. Incluso ha respondido a quienes aseguraban que el alza de cotizaciones que se aprobó podría perjudicar la creación de empleo. “Me recuerda a los debates que teníamos con las subidas del salario mínimo; ya han pasado años y no veo un impacto significativo ni un decrecimiento de la creación de empleo y de los salarios, sino más bien al revés. Así, cabe preguntarse si la última reforma de las pensiones ha frenado la creación de empleo, pues los datos dicen que no”, ha resumido.
Una deuda pública más fácil de pagar
Dicho esto, Fuentes ha insistido en que la sostenibilidad futura del sistema no puede fiarse solo al aumento de los ingresos. “Habrá que tener en cuenta la longevidad”, ha precisado en una clara referencia a la adopción de posibles mecanismos de ajuste que pongan en relación el crecimiento del gasto con la esperanza de vida.
Precisamente, en referencia a la sostenibilidad general futura del sistema se ha referido, sin citar a organismos como la Airef, que auguran un fuerte impacto del gasto en pensiones en la deuda pública, a lo que él considera un error de base en el diagnóstico del problema. Según ha insistido, hay que tener en cuenta todas las condiciones financieras de una economía ya que, por ejemplo, la deuda pública en España representaba el 60% del PIB en 1995 y se gastaban cinco puntos de PIB al pago de sus intereses, mientras que en la actualidad, con más del doble de deuda pública, se destina la mitad (2,5 puntos del PIB) al pago de los citados intereses. “Así que cuidado con hacer cálculos con el importe de la deuda, lo que hay que ver es el coste de esa deuda”. Además, ha dicho que una sociedad debe pensar a cambio de qué se endeuda. “Los jóvenes no solo deben ver la deuda pública como una carga sino que, en ese caso, el activo por el que nos hemos endeudado es por una economía que funcione bien y gracias a la que pueden tener un empleo y un salario”, ha concluido.
Finalmente, Fuentes se ha mostrado convencido de que sí existe un malestar generacional entre los jóvenes, pero la causa no son las pensiones, ha concluido, sino los problemas de acceso a la vivienda y la imposibilidad de ganar poder adquisitivo.
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