El debate sobre las pensiones centra buena parte de la discusión económica en Alemania. El canciller, Friedrich Merz, espera que el Gobierno apruebe antes de final de año la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que cada vez cuenta con más rechazo tanto dentro del propio Gobierno de coalición —formado entre conservadores y socialdemócratas— como entre la población. Inquietan en especial los planes para eliminar la posibilidad de jubilarse sin penalización alguna dos años antes de la edad de jubilación reglamentaria si se han cotizado 45 años.
Un sondeo reciente revela que casi tres cuartas partes de la población está en contra de eliminar la jubilación anticipada sin penalización
El debate sobre las pensiones centra buena parte de la discusión económica en Alemania. El canciller, Friedrich Merz, espera que el Gobierno apruebe antes de final de año la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que cada vez cuenta con más rechazo tanto dentro del propio Gobierno de coalición —formado entre conservadores y socialdemócratas— como entre la población. Inquietan en especial los planes para eliminar la posibilidad de jubilarse sin penalización alguna dos años antes de la edad de jubilación reglamentaria si se han cotizado 45 años.
La supresión de esta jubilación anticipada, que se conoce popularmente como jubilación a los 63, ya que cuando se introdujo ese retiro anticipado la edad de jubilación ordinaria era de 65 años, es una de las 33 recomendaciones presentadas por una comisión de expertos al Gobierno alemán el pasado mes de junio. Merz y sus socios en el Ejecutivo —la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD)— afirmaron entonces su deseo de plasmar todas esas recomendaciones en un paquete legislativo para reformar el sistema de pensiones y hacerlo sostenible económicamente.
Sin embargo, desde que se dieron a conocer estos planes, el descontento no ha hecho más que crecer, especialmente en las filas socialdemócratas. Y el varapalo sufrido en varias elecciones regionales de septiembre, que llevó a los conservadores incluso a quedarse fuera de un parlamento regional por primera vez en su historia, al quedarse por debajo del 5% de los votos en los comicios de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, fue visto como un rechazo de la población a los planes del Gobierno. Asimismo, un reciente sondeo publicado por la cadena pública alemana ZDF mostró que casi tres cuartas partes de los encuestados (74%) está en contra de eliminar la jubilación a los 63. Aunque el 83% considera “importante” o “muy importante” emprender una reforma fundamental para estabilizar las pensiones.
El Gobierno lleva desde junio trabajando en ello. Unos planes que no paran de retrasarse. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, anunció a mediados de octubre, de forma inesperada, su dimisión. La reforma de las pensiones fue el principal motivo de crítica contra la hasta entonces copresidenta del SPD, a la que se acusó de no estar presente en reuniones importantes y estar frenando así todo el proceso. Sin embargo, en ese momento, la hijastra de Bas se encontraba en su lecho de muerte, y al menos los máximos dirigentes de los partidos de Gobierno estaban al corriente. Finalmente, Bas dimitió a causa del fallecimiento en su familia. En su carta de dimisión, criticó los ataques personales que había sufrido por parte de políticos conservadores. Esto volvió a enfrentar de nuevo a los socios de Gobierno.
A pesar de todos los contratiempos, Merz espera que el nuevo ministro de Trabajo, Alexander Schweitzer, acelere la puesta en marcha de las reformas y mantiene el objetivo de que el proyecto de ley se apruebe en el Gabinete de Gobierno antes de que termine este año y en el Bundestag durante el primer trimestre de 2027, según afirmó durante la Jornada de los Empresarios organizada por la asociación sectorial BDA. En su discurso, Merz defendió el fin de la jubilación anticipada sin recortes como una cuestión de justicia. “Jubilarse antes, sin recortes, estando sano y en forma, no es justo. Ni el seguro de pensiones ni nuestra economía pueden permitírselo, si cada vez menos trabajadores tienen que financiar a un número cada vez mayor de jubilados”.
El SPD había justificado la jubilación a los 63 antes de su introducción en 2014 alegando que se trataba de profesiones con una gran exigencia física y había puesto como ejemplo el oficio de techador. Sin embargo, desde el Gobierno esgrimen ahora que desde entonces, muchas más personas se acogen a esta normativa y que en su mayoría son personas con buenos ingresos que pueden permitirse económicamente retirarse antes de la vida laboral.
Pero la Comisión de Pensiones de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) lo ve diferente y presentó la semana pasada un informe final con propuestas alternativas a las fijadas por el comité de expertos del Gobierno. Yasmin Fahimi, presidenta de la DGB, reconoció en una rueda de prensa en Berlín que Alemania se enfrenta a un gran reto demográfico —baja natalidad, envejecimiento de la sociedad y jubilación de los baby boomers— y al hecho de que cada vez hay menos trabajadores cotizando por cada pensionista. Pero dejó claro que “responder a ellos con recortes en las pensiones es un error”. En su opinión, “lo que realmente importa es que el mayor número posible de personas se mantenga en el mercado laboral de la forma más continuada posible, que tengan unos buenos ingresos y que, por tanto, también aporten más al seguro de pensiones obligatorio”.
“Es necesario que más personas que hoy en día no lo hacen coticen al seguro de pensiones obligatorio. Por eso queremos también que la pensión se convierta en mayor medida en un seguro vinculado a la actividad laboral, mediante la incorporación gradual de los autónomos”, explicó. “Y, por supuesto, además de estas cuestiones relacionadas con el aumento de las cotizaciones, también necesitamos más recursos fiscales”. Para ello, abogó por impuestos adicionales sobre los grandes patrimonios para poder garantizar “un nivel de vida de al menos el 70% del nivel neto, es decir, de los ingresos netos medios”. Además, denunció que estén barajando cifras “totalmente exageradas” en lo que respecta a los costes que supone la jubilación a los 63 e indicó que manda una “señal errónea” a los jóvenes, porque “sí que importa que un joven sepa que, si se incorpora a la vida laboral 10 años antes, realmente obtendrá un beneficio a largo plazo”. Por eso reclamó al Gobierno que se vuelva a examinar “en su totalidad” qué medidas se quieren poner realmente en marcha.
Mientras, Frank Nullmeier, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Bremen y uno de los expertos encargados de elaborar el informe, señaló que si bien la demografía es fundamental, “solo determina la política de pensiones en la medida en que modifica el mercado laboral” y recordó que son la economía y la situación del mercado laboral las que marcan la diferencia. “Simplemente necesitamos muchos trabajadores para que el seguro de pensiones pueda sostenerse. Hay que reducir los obstáculos que impiden una mayor participación en el mercado laboral”. En base a esto, la comisión de la DGB propone además de incluir a los autónomos, agregar también a los diputados al sistema público de pensiones. Los diputados tienen un sistema específico financiado con fondos públicos. Lo mismo ocurre con los funcionarios, pero para incluir a estos habría que modificar la Constitución, por lo que todos los expertos lo ven demasiado complicado.
Feed MRSS-S Noticias
