El guion estaba escrito y nadie ha querido improvisar. El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por segunda vez la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, el documento que fija los objetivos de déficit de las Administraciones públicas y que es condición necesaria para poder presentar unos Presupuestos. La derrota estaba prevista. También lo estaba la respuesta del Ejecutivo. Hacienda asegura que tiene respaldo legal para seguir adelante con el trámite presupuestario y mantiene su intención de llevar un proyecto de cuentas para 2027, después de tres años consecutivos de prórrogas. El Ejecutivo se adentra así en un terreno desconocido, ya que la ley no establece qué sucede cuando hay bloqueo parlamentario.
Hacienda asegura que la Abogacía del Estado permite continuar con el trámite de las cuentas públicas aunque el Congreso haya rechazado los objetivos de déficit
El guion estaba escrito y nadie ha querido improvisar. El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves por segunda vez la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, el documento que fija los objetivos de déficit de las Administraciones públicas y que es condición necesaria para poder presentar unos Presupuestos. La derrota estaba prevista. También lo estaba la respuesta del Ejecutivo. Hacienda asegura que tiene respaldo legal para seguir adelante con el trámite presupuestario y mantiene su intención de llevar un proyecto de cuentas para 2027, después de tres años consecutivos de prórrogas. El Ejecutivo se adentra así en un terreno desconocido, ya que la ley no establece qué sucede cuando hay bloqueo parlamentario.
La votación de este jueves ha reproducido el resultado de la semana pasada. La mayoría parlamentaria que tumbó la propuesta ha mantenido posiciones, y Hacienda ha hecho lo propio al no modificar ni un ápice el contenido de la senda. El Consejo de Ministros de esta semana aprobó los mismos objetivos que había llevado inicialmente al Congreso, y que planteaban un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones públicas en 2027, repartido de la siguiente manera: un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades, mientras que las entidades locales debían mantener el equilibrio presupuestario.
Esa décima de déficit concedida a las autonomías era uno de los principales argumentos del Gobierno para defender la propuesta. Según los cálculos de Hacienda, ese margen permitiría a las comunidades disponer de 5.849 millones de euros adicionales en tres años frente a un escenario de déficit cero. El rechazo de la senda, sostiene el Ejecutivo, obliga a las comunidades a afrontar un ajuste equivalente a esa cantidad.
Tras el revés, el país se adentra en un escenario tan inédito como dudoso. A diferencia de otros años, cuando paralizó los trámites por diferentes razones, Hacienda no quiere detener ahora la maquinaria presupuestaria. Portavoces del departamento que dirige Arcadi España sostienen que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que avala su interpretación y que permite continuar con la elaboración de las cuentas aunque no haya senda fiscal.
Según la tesis que defiende Hacienda y que, asegura, respalda el informe, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no hace desaparecer la referencia de déficit comunicada a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. Lo que cambia es el reparto interno. Así, en ausencia de una senda, las autonomías quedarían sujetas al principio constitucional de equilibrio presupuestario y su objetivo pasaría del 0,1% de déficit al 0%.
Es decir, el Gobierno sostiene que Hacienda podría seguir elaborando unos Presupuestos con un objetivo de déficit global del 1,8% del PIB, pero sin la décima de margen para las comunidades, que iría a pasar a la Administración central.
La argumentación del Ejecutivo se apoya también en una cuestión de fondo. Según Hacienda, la obligación constitucional de presentar cada año un proyecto de Presupuestos pesa más que el bloqueo parlamentario. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que, cuando las Cortes rechazan una primera propuesta, el Gobierno debe presentar una nueva en el plazo de un mes. Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo. Pero la norma no dice qué sucede si esa segunda propuesta también fracasa.
Ahí comienza el terreno desconocido. Nunca se ha puesto a prueba la interpretación que ahora plantea Hacienda. En 2024, el Gobierno ya exploró una vía similar y estudió apoyarse en el informe de la Abogacía del Estado, pero aquella salida nunca llegó a aplicarse porque el Ejecutivo terminó renunciando a presentar nuevas cuentas. Ahora, aunque el marco europeo de gobernanza fiscal ha cambiado desde la aprobación de las nuevas reglas fiscales, Hacienda asegura que su interpretación sigue siendo correcta.
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