El Gobierno tiene ya listo el texto definitivo que regula el llamado comité de inversiones estratégicas, un órgano innovador que permitirá a determinadas empresas estratégicas conseguir una vía rápida para operar en España en el plazo de un mes. Este órgano, copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía, permitirá a esas compañías pasar por delante de otros proyectos en la tramitación de permisos como el acceso a la conexión eléctrica, muy reñido en estos momentos. El órgano era una promesa de inicio de esta legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los inversores extranjeros, que se quejaban de las largas esperas para culminar el rosario de autorizaciones que necesitan para arrancar la actividad en España. Y llega en un momento crucial en el que acceder de forma prioritaria a la red eléctrica, saturada y sobrecargada, es una ventaja clara, sobre todo porque los grandes proyectos que necesita la nueva economía (baterías y centros de datos entre ellos) son muy demandantes de energía. El texto dice que la etiqueta forma parte de “una gobernanza reforzada” en un momento en el que no hay energía para todos.
Las beneficiarias de ese acceso rápido, otorgado por La Moncloa y Economía, tendrán prioridad en el acceso a las conexiones eléctricas
El Gobierno tiene ya listo el texto definitivo que regula el llamado comité de inversiones estratégicas, un órgano innovador que permitirá a determinadas empresas estratégicas conseguir una vía rápida para operar en España en el plazo de un mes. Este órgano, copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía, permitirá a esas compañías pasar por delante de otros proyectos en la tramitación de permisos como el acceso a la conexión eléctrica, muy reñido en estos momentos. El órgano era una promesa de inicio de esta legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los inversores extranjeros, que se quejaban de las largas esperas para culminar el rosario de autorizaciones que necesitan para arrancar la actividad en España. Y llega en un momento crucial en el que acceder de forma prioritaria a la red eléctrica, saturada y sobrecargada, es una ventaja clara, sobre todo porque los grandes proyectos que necesita la nueva economía (baterías y centros de datos entre ellos) son muy demandantes de energía. El texto dice que la etiqueta forma parte de “una gobernanza reforzada” en un momento en el que no hay energía para todos.
El Gobierno, que tiene previsto dar el visto bueno definitivo a la iniciativa en el Consejo de Ministros de este martes, asegura que hay “lista de espera” para conseguir la etiqueta, una demanda que confirman representantes de inversores extranjeros en España. Detrás de las inversiones hay presencia de capital chino porque, según dice el representante de estos fondos, “España es la última isla en Europa en la que los chinos pueden hacer inversiones relevantes”. Entre los interesados estarían también los centros de datos, que en los últimos días se han lamentado de que la nueva regulación que plantea el Ejecutivo puede matar su inversión.
Conseguir la etiqueta “estratégica” —algo que no existía en el ámbito estatal en España pero que se inspira en modelos del Reino Unido, Francia y de la propia Comisión Europea— abre un abanico de ventajas al dar al proyecto un tratamiento acelerado en los trámites obligatorios. Esos procedimientos, como la declaración de impacto ambiental, no se eliminan, pero el sello del Gobierno les prioriza en el papeleo por delante de otras solicitudes. “Es un empujón político tremendo”, dice una fuente que ha tramitado una de estas declaraciones en Galicia, una de las comunidades que tiene una figura propia similar.
Como el objetivo último es que todo el trámite sea muy rápido, el órgano se compromete a contestar en un mes de plazo con una declaración preliminar que puede servir al inversor como señal temprana de que su plan está encauzado. En los dos meses siguientes, deberá recibir la respuesta definitiva, pero fuentes del Gobierno confían en que con la primera declaración ya habrán podido comenzar la búsqueda de financiación y ultimar otro tipo de detalles.
Una vez conseguido el sello, no está claro cuánto se acortarán los trámites en total, porque cada proyecto tiene que pasar diferentes filtros con diferentes administraciones. Pero la iniciativa queda así señalizada para todas las instituciones y también tendría acceso preferente a financiación pública o a redes de transporte. Para que el órgano esté operativo se tendrá que poner a punto la página web en la que se tramitarán las solicitudes.
El comité comenzó su andadura enterrado en el decreto anticrisis energética aprobado en marzo de 2026, y aunque ha recibido modificaciones por su fórmula de proyecto de real decreto, no necesita volver a pasar por el Parlamento. Está copresidido por el director de la Oficina Económica de Moncloa, en la actualidad Manuel de la Rocha, y por el titular del ministerio de Economía, el hoy vicepresidente Carlos Cuerpo. La bicefalia intenta escapar de las críticas iniciales de que era una idea presidencialista, ya que dejaba la decisión en el perímetro de La Moncloa. Finalmente, el órgano será colegiado y se han ido añadiendo representaciones ministeriales como respuesta a las alegaciones del proceso de audiencia pública. Las últimas incorporaciones serán un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente —una de las materias más sensibles a la hora de desplegar estos grandes proyectos— y otro miembro de Seguridad Nacional.
Posible discrecionalidad
El texto final que verá la luz da respuesta a las alegaciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que expresó su preocupación por la “discrecionalidad” del proceso planteado. Competencia pidió mayor transparencia en la baremación y en la fijación de los requisitos y una mayor claridad. Para atender esta petición, el órgano publicará la baremación completa en las respuestas.
También se incorpora la obligación de escuchar la opinión de la comunidad autónoma en la que se instale el proyecto, pero no será vinculante. El Ejecutivo cree que será “muy raro” que un territorio no esté de acuerdo con el interés estratégico de un proyecto porque, dice, se pelean entre ellas para conseguirlo.
Aunque no es necesario ser de un sector empresarial concreto para solicitar el sello, sí se da un listado de las características que se tendrán en cuenta para poder acceder al privilegio. Serán “aquellas inversiones que proporcionen un mayor retorno social, económico y medioambiental, al tiempo que contribuyan de manera más significativa a la transición ecológica, la transformación digital (en especial, de las pymes), el desarrollo científico y tecnológico, la autonomía estratégica abierta y la seguridad económica”.
El principal foco será el industrial y las manufacturas de valor añadido, dicen en el Ejecutivo, pero los conceptos de “seguridad económica y seguridad nacional” dejan claro que el sector de la defensa estará dentro de los prioritarios. Los centros de datos caen en la línea de “contribución a los procesos de digitalización y transformación digital y tecnológica de la economía”. Se ha añadido en el borrador final la “construcción industrializada de vivienda” y también una mención específica del sector salud.
También se exigirá que el proyecto conlleve “un volumen de inversión relevante en términos nacionales o, en su defecto, relevante en relación con la economía del territorio donde se propone realizar la inversión”, así como “la creación de un volumen de empleo altamente cualificado relevante”. La actividad que se vaya a emprender deberá ser dentro de territorio nacional y puede proceder de capital extranjero, aunque no incluirá operaciones corporativas.
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