El Gobierno pospone un día la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que incorpora la prórroga automática o indefinida de los contratos del alquiler, uno de los puntos más calientes de la negociación y una de las principales exigencias que el Sindicato de Inquilinas reclama desde la acampada de la Puerta del Sol en Madrid. El Ejecutivo, no obstante, explica que la decisión se debe únicamente a motivos técnicos y jurídicos.
El Ejecutivo explica que la decisión se debe a razones jurídicas, ya que un decreto modifica al otro
El Ejecutivo explica que la decisión se debe a razones jurídicas, ya que un decreto modifica al otro
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El Gobierno pospone un día la publicación en el BOE del decreto que incorpora la prórroga automática de los contratos de alquiler. El Consejo de Ministros de este martes se retrasó más de una hora y forzó una negociación contra reloj para que el paquete de vivienda incluyera, de alguna manera, una de las principales exigencias que el Sindicato de Inquilinas reclama desde la acampada de la Puerta del Sol en Madrid: la extensión indefinida de los contratos. El Gobierno, escudándose en que no había tenido tiempo de negociar un punto tan ambicioso con los socios de la investidura de los que depende la posterior convalidación ―en referencia a Junts y PNV―, decidió trocear el decreto en dos e incluir esta extensión automática en una segunda orden. Este miércoles, sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado solo se ha publicado el primer paquete.
El segundo decreto no aparecerá hasta este jueves, un día después del primero. La razón, explican fuentes del Ejecutivo, es eminentemente jurídica. Ambos textos están conectados y la segunda norma modifica un artículo de la primera. El primer decreto establece una renovación de los contratos de alquiler de hasta dos años que puede solicitar el inquilino y a la que el casero está obligado ―con algunas excepciones―, mientras que el segundo introduce la prórroga automática. Por ello, insisten en el Gobierno, no tendría sentido que la segunda norma modificase una disposición que todavía no ha entrado en vigor al no haberse publicado previamente en el BOE. Este miércoles, por tanto, el boletín solo recoge el primer paquete de medidas.
El segundo decreto está perfilándose y previsiblemente aparecerá en el BOE de este jueves. La idea del Gobierno es que el Congreso vote por separado la convalidación de los dos textos el viernes, en un pleno extraordinario, aprovechando además el creciente respaldo de la calle a las protestas para presionar a los socios más escépticos. El martes, tras conocer la fórmula ideada por la coalición, Valeria Racu y Alicia del Río, portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cargaron contra la decisión de haber troceado los decretos, algo que, aseguran, abre la puerta a que el segundo sea rechazado.
La diferencia entre una prórroga limitada a dos años y un sistema de renovación automática de los contratos ha concentrado buena parte de la discusión durante las negociaciones que se precipitaron tras el desahucio de Maricarmen a manos de Urgabestión. El Sindicato de Inquilinas, que capitanea las movilizaciones y mantiene la presión desde el centro de Madrid, reclama contratos indefinidos en los que el inquilino pueda continuar en la vivienda mientras cumpla con los pagos y no concurra una causa justificada y acreditada para poner fin al arrendamiento. Sumar y el resto de las formaciones de izquierdas incorporaron esa reivindicación en las negociaciones, mientras que el PSOE trató de hacer encaje de bolillos para no perder el apoyo de PNV y Junts, con otras prioridades en materia de vivienda.
La exigencia del Sindicato de Inquilinas es trasladar al alquiler una lógica parecida a la que opera en los contratos laborales indefinidos. Es decir, que el arrendamiento no tenga una fecha de caducidad a partir de la cual el propietario pueda inflar los precios o buscar un nuevo inquilino dispuesto a pagar. Así, si el inquilino está al corriente de abonar la renta, continuaría en la vivienda y el contrato se renovaría automáticamente, mientras que el propietario tendría que acreditar una causa justificada para poner fin a la relación.
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