La última medida aprobada esta misma semana por el Gobierno vasco para favorecer el acceso a la vivienda consiste en introducir reformas fiscales que gravarán la acumulación de pisos e impulsarán el alquiler social. Es un eslabón más en la cadena de actuaciones en materia de vivienda que sitúan al País Vasco como una referencia a nivel nacional. Nada de lo que ocurre en esta comunidad autónoma ante la crisis inmobiliaria se entiende sin echar la mirada atrás, apunta el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, y constatar los efectos de cuatro décadas de autogobierno con responsables del ramo de todos los colores políticos. La fórmula del éxito se sustenta hoy en cuatro grandes cimientos: más suelo para vivienda protegida, más alquiler social, lucha contra los pisos vacíos y ayudas económicas y fiscales para dinamizar el mercado.
La comunidad acaba de comprar 500 pisos a un gran fondo y lidera la promoción de pisos protegidos y alquiler social
La última medida aprobada esta misma semana por el Gobierno vasco para favorecer el acceso a la vivienda consiste en introducir reformas fiscales que gravarán la acumulación de pisos e impulsarán el alquiler social. Es un eslabón más en la cadena de actuaciones en materia de vivienda que sitúan al País Vasco como una referencia a nivel nacional. Nada de lo que ocurre en esta comunidad autónoma ante la crisis inmobiliaria se entiende sin echar la mirada atrás, apunta el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, y constatar los efectos de cuatro décadas de autogobierno con responsables del ramo de todos los colores políticos. La fórmula del éxito se sustenta hoy en cuatro grandes cimientos: más suelo para vivienda protegida, más alquiler social, lucha contra los pisos vacíos y ayudas económicas y fiscales para dinamizar el mercado.
La ley de Vivienda de 2015 que fijó este bien, por primera vez en España, como un derecho subjetivo exigible y la normativa de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, de 2025, han sido los dos grandes hitos aprobados hasta ahora. El nuevo paso que prepara el Ejecutivo de Vitoria es la tramitación del plan territorial sectorial de vivienda, cuya aprobación se prevé para 2030 y será “la herramienta que determinará el crecimiento coherente de ciudades y municipios desde una perspectiva global, en colaboración con los ayuntamientos”. Será la tercera revolución en la política vasca de vivienda, “la nueva política 3.0”, en palabras del consejero Itxaso.
La inversión sostenida desde 1983 ha permitido construir 108.000 viviendas públicas en Euskadi, casi un tercio del total en este periodo. Muchas perdieron la protección social y acabaron en el mercado libre, pero esto pudo corregirse en 2003, cuando hay un antes y un después porque, desde esa fecha, las VPO de nueva construcción mantienen esa calificación a perpetuidad y nunca más perderán esa protección. Esto ha permitido crear un parque de más de 68.000 pisos sociales, de los que más de 30.000 son en alquiler.
El segundo elemento distintivo es la aplicación de una política urbanística que obliga a reservar hasta un 75% del suelo urbanizable para viviendas protegidas. “Ninguna región de nuestro entorno en Europa llega a este nivel de apuesta”, afirma el titular del ramo. “Nosotros no esculpimos la política de vivienda en piedra para que se quede fija y sin moverse. Estamos enmendándonos continuamente cada vez que vemos la necesidad de cambios para adecuarnos a las nuevas situaciones”, explica Itxaso.
Su departamento ha constatado que el problema de la vivienda no afecta solamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que está tocando de lleno a las clases media: “Tenemos que construir más y cambiar los mecanismos de acceso a la vivienda protegida para abrir el abanico a más población”. Por eso, en su vocabulario la calificación de vivienda social pasa a considerarse ahora “vivienda social asequible”.
En la última década, la VPO ha supuesto el 26,9% de toda la vivienda terminada en Euskadi, frente al 21,3% de la Comunidad de Madrid y el 11% en el conjunto del país. Es la comunidad con más pisos de titularidad pública por habitante (17,76 por cada 1.000, más del triple de la media nacional) y concentra el 15,6% de todo el parque público existente en España. Sin embargo, la vivienda es la primera preocupación de la ciudadanía. La demanda casi se ha duplicado (99.872 solicitantes en Etxebide en 2024) y los alquileres han subido 31,4 puntos en la última década.
El plan de choque que guía a la consejería de Vivienda pasa por intervenir en el mercado con “medidas ambiciosas” que se están implementando a partir del Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 al que se adhirieron, destaca Itxaso, “todos los actores de la cadena de valor en materia de vivienda”: entidades financieras, promotores, arquitectos, las universidades, centros tecnológicos, ayuntamientos… Un acuerdo a 15 años vista que contempla “desbloquear suelo para construir VPO con la ayuda de los municipios, acelerar los trámites burocráticos y activar las zonas de mercado residencial tensionado”.
La planificación prevé alcanzar en ese periodo las 116.000 viviendas protegidas en todos los regímenes y duplicar el parque de pisos en alquiler asequible hasta llegar a 50.000 unidades. Al mismo tiempo, Vivienda quiere llegar a 350.000 pisos rehabilitados en estos tres lustros (casi una de cada tres del parque residencial vasco). Para alcanzar estas metas, advierte Itxaso, hace falta “músculo financiero”: “Hemos incrementado en un 100% los recursos propios de la consejería, que han pasado de 250 a 500 millones de euros anuales”. Ha hecho un llamamiento a fundaciones bancarias, EPSV y capitales locales para crear un “fondo social por la vivienda” público-privado que reúna 2.000 millones de euros en 10 años.
Entre las medidas que ya ha acordado el Gobierno vasco figura la autorización de levantes de hasta dos alturas en edificios públicos, lo que permitirá construir 2.000 nuevos apartamentos dotacionales para jóvenes; facilitar la conversión de locales comerciales y espacios industriales en viviendas, con un cálculo de 7.500 locales en desuso convertibles en pisos. Desde 2021 está vigente un canon a las viviendas deshabitadas, recientemente se han aprobado incentivos a pequeños propietarios para alquilar sus inmuebles, o seguros a disposición de los dueños frente a impagos o daños de los inquilinos.
Los gobiernos central y vasco se han aliado para promover la construcción de 400 viviendas protegidas en los terrenos de la antigua cárcel de Martutene, en San Sebastián. Es la primera vez que el Ministerio de Vivienda va a construir vivienda pública en Euskadi desde que se aprobó el autogobierno en 1979. Esta semana el Ejecutivo vasco, del PNV y los socialistas, ha anunciado el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión Blackstone para la compra de 510 viviendas protegidas por 100 millones que en noviembre de 2028 perdían la protección pública y ponía en riesgo el futuro de las 1.700 personas que residen en el barrio donostiarra de Benta Berri. La última decisión toca a los impuestos: PNV y PSE han acordado ofrecer incentivos fiscales a quienes alquilen a precios asequibles, con bonificaciones que pueden alcanzar el 75%, entre otras ventajas.
Recientemente, Itxaso ha visitado el modelo vienés, una referencia mundial en la promoción de vivienda pública: “Allí los barrios son mixtos, un canto a la diversidad, social, de rentas, de usos y arquitectónico. Están consiguiendo ciudades cohesionadas, vertebradas e igualitarias. Para mí ha sido un descubrimiento. La clave está en la gestión del suelo. Allí no adjudican el terreno al mejor postor, sino al proyecto arquitectónico, económico y energético más adecuado. Nosotros tenemos que tender a eso. Especulación cero”. Y añade: “Hoy nuestras ciudades expulsan también a quienes tienen trabajo, formación y dos nóminas. Y cuando quienes sostienen nuestros servicios y nuestra industria no pueden vivir donde trabajan, ya no es solo un problema social. Es un problema de país”.
Y ante la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha lleguen al poder tras el 29-N, el consejero vasco advierte de que, si se da esta circunstancia, “se impondrá esa subasta absolutamente loca de venta de suelos para alimentar a las constructoras, porque no están pensando en la vivienda como un bien social de primera necesidad”.
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