El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado hoy la llamada Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés), una reforma con la que Bruselas pretendía aumentar la protección de los pequeños ahorradores y reducir los costes de los productos de inversión mediante un mayor escrutinio sobre las comisiones que cobran bancos, aseguradoras y gestoras. La directiva ha caído por 300 votos en contra, 286 a favor y 23 abstenciones.
La presión del sector financiero surte efecto gracias a la rebelión de una parte del Partido Popular. La norma exige a las entidades demostrar que aportan valor al cliente
El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado hoy la llamada Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés), una reforma con la que Bruselas pretendía aumentar la protección de los pequeños ahorradores y reducir los costes de los productos de inversión mediante un mayor escrutinio sobre las comisiones que cobran bancos, aseguradoras y gestoras. La directiva ha caído por 300 votos en contra, 286 a favor y 23 abstenciones.
La normativa, que hoy se votaba en la Eurocámara después de haber superado varias fases legislativas, introduce el principio de value for money (valor por dinero), un mecanismo que obligará a las entidades financieras a demostrar que los costes y gastos asociados a sus productos guardan una relación razonable con el servicio prestado y los resultados ofrecidos al cliente.
El Parlamento ha rechazado la directiva ómnibus que recogía diferentes modificaciones legislativas por 300 votos frente a 286. Aunque sí ha aprobado una pequeña parte, un cambio en el reglamento sobre productos financieros estructurados o paquetizados. Ahora, tras el rechazo de la Eurocámara, se abre un periodo de gran incertidumbre sobre el futuro de esta propuesta. El rechazo no supone que la reforma se retire, sino que se renegociará, según explica Sara Gutiérrez, socia cofundadora de finReg360, despacho especializado en regulación financiera. A su juicio, el resultado de la votación implicará un retraso de todo el calendario y un texto final con menos obligaciones para las entidades.
Entre los díscolos destaca Markus Ferber, coordinador del Partido Popular Europeo (PPE) en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que defiende que la norma debe relajarse, según Sara Gutiérrez, la experta de finReg360. Ferber lleva años criticando la carga burocrática de la reforma; en 2025 llegó a afirmar que abandonarla evitaría “nuevas cargas burocráticas”.
El freno a esta iniciativa legislativa —iniciada en 2023— supone una victoria para la industria de gestión de activos europea. La patronal Efama pidió la semana pasada a los eurodiputados, a través de una carta pública, que rechazaran el acuerdo al considerar que introduce nuevas cargas regulatorias, aumenta la complejidad operativa y puede perjudicar la competitividad del sector.
Para este desenlace se han sumado dos fuerzas, en teoría, opuestas. El voto afirmativo del Partido Popular Europeo estaba pactado, según fuentes parlamentarias, pero 34 de sus eurodiputados se desmarcaron. Sus votos se sumaron a los de socialistas, verdes y La Izquierda, que votaron en contra al considerar que la norma se había quedado corta, y a los de la extrema derecha alemana. Los eurodiputados del PP español y de Vox votaron a favor; los del PSOE, en contra.
Así, la asociación europea de los fondos de inversión gana tiempo en una regulación que está en el debate desde hace más de tres años. Efama ha advertido de las dificultades para establecer comparaciones homogéneas entre productos con estrategias de inversión, niveles de riesgo y objetivos diferentes. Las gestoras españolas llevan años quejándose contra la nueva regulación. Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la asociación gremial española, explica que “muchos de los conceptos introducidos por Bruselas son excesivos, y buscan intervenir en una industria que ya es extraordinariamente transparente y eficiente”.
Pese a esas críticas, el texto que hoy se votaba ya había suavizado algunas de las propuestas iniciales de la Comisión Europea. La más relevante afecta a las llamadas retrocesiones, las comisiones que reciben bancos y distribuidores por comercializar fondos y otros productos financieros. Bruselas había planteado inicialmente restricciones mucho más severas sobre estos incentivos, pero finalmente ha optado por mantenerlos, aunque sujetos a mayores exigencias de transparencia y a la obligación de acreditar que aportan un beneficio tangible al cliente.
La reforma forma parte de la estrategia europea para movilizar una mayor parte del ahorro de las familias hacia los mercados financieros. Las instituciones comunitarias consideran que millones de europeos mantienen una proporción elevada de su patrimonio en cuentas corrientes y depósitos con escasa rentabilidad, mientras que los mercados de capitales europeos continúan dependiendo en gran medida de la financiación bancaria.
Uno de los elementos centrales de la nueva regulación es la comparación sistemática de los productos de inversión con otros vehículos similares, como los fondos o los seguros de vida-ahorro. En el caso de los fondos, las gestoras deberán justificar los costes de cada producto frente a los de fondos comparables. Para determinados productos aseguradores de inversión se utilizarán referencias supervisoras específicas. El objetivo es evitar que se comercialicen productos con niveles de costes que no puedan justificarse por el valor que aportan al inversor.
El dictamen parlamentario previene uno de los cambios que más inquietaban a las redes bancarias europeas, especialmente en países como España, donde buena parte de la distribución de fondos se articula a través de las sucursales de los grandes bancos. Sin embargo, el sector da por hecho que el foco regulatorio se desplazará ahora hacia el nivel de las comisiones y los costes asociados a los productos financieros.
Para las gestoras, el riesgo reside en que los futuros sistemas de comparación que proponía el paquete RIS, hoy rechazado, podían impulsar y acelerar una convergencia gradual de las comisiones hacia niveles más reducidos. La industria lleva más de una década adaptándose a la creciente competencia de los fondos indexados y los ETF, productos que replican índices bursátiles y que suelen comercializarse con costes significativamente inferiores a los de la gestión activa tradicional. La nueva regulación añade presión sobre aquellas estrategias que cobren más comisiones sin poder acreditar un valor diferencial para el cliente.
La preocupación del sector no se limitaba al impacto comercial. Las asociaciones empresariales también alertan de que los nuevos requisitos podrían incrementar los costes de cumplimiento normativo y generar divergencias entre supervisores nacionales. Bruselas defiende, por el contrario, que una mayor transparencia y una reducción de costes contribuirán a reforzar la confianza de los ahorradores y facilitarán la canalización de recursos hacia los mercados de capitales europeos.
Buena parte del impacto final de la reforma dependerá ahora de las normas técnicas que deberán elaborar la Comisión Europea y las autoridades supervisoras. Entre otras cuestiones, tendrán que definir cómo se construyen los grupos de productos comparables, qué criterios permitirán justificar diferencias de costes y qué indicadores servirán para evaluar si un fondo o un seguro de inversión ofrecen una relación adecuada entre precio y valor aportado.
Ese desarrollo normativo será seguido muy de cerca por bancos, gestoras y aseguradoras. Aunque la RIS fija ya los principios generales, muchas de las cuestiones que determinarán su efecto real sobre el negocio, desde el funcionamiento de las pruebas de value for money hasta los criterios para evaluar las retrocesiones, quedarán en manos de las futuras normas técnicas. Es ahí donde se librará una parte sustancial de la batalla regulatoria que aún tiene por delante el sector financiero europeo.
La RIS también introducía cambios en la documentación que reciben los inversores antes de contratar un producto financiero, flexibilizaba parcialmente las reglas de asesoramiento para determinados productos sencillos y reforzaba la supervisión de las recomendaciones financieras difundidas a través de redes sociales por los llamados finfluencers.
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