La tormenta perfecta ha estallado sobre la industria química que opera en España. El doble aumento del coste de la energía y del gas, derivado de la invasión de Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, han generado un sobrecoste de 1.230 millones de euros para esas compañías, dividido entre los 640 millones por el encarecimiento del gas natural y los 590 millones por el alza del precio de la energía. “Desde 2019, el precio de la electricidad se ha multiplicado por dos, el de los derechos de CO2 por tres, el del gas por cinco y el de los servicios de ajuste [las medidas que utiliza el gestor del sistema eléctrico para mantener el balance entre generación y consumo] por nueve. Han sido una suma de factores multiplicadores”, resaltó Teresa Rasero, presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) en la clausura de la Asamblea General de Socios, celebrada esta mañana en Madrid.
La patronal Feique alerta de una posible fuga de productores en busca de precios más competitivos de la electricidad y el gas
La tormenta perfecta ha estallado sobre la industria química que opera en España. El doble aumento del coste de la energía y del gas, derivado de la invasión de Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, han generado un sobrecoste de 1.230 millones de euros para esas compañías, dividido entre los 640 millones por el encarecimiento del gas natural y los 590 millones por el alza del precio de la energía. “Desde 2019, el precio de la electricidad se ha multiplicado por dos, el de los derechos de CO2 por tres, el del gas por cinco y el de los servicios de ajuste [las medidas que utiliza el gestor del sistema eléctrico para mantener el balance entre generación y consumo] por nueve. Han sido una suma de factores multiplicadores”, resaltó Teresa Rasero, presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) en la clausura de la Asamblea General de Socios, celebrada esta mañana en Madrid.
Rasero, que ha sido reelegida para un segundo mandato al frente de la patronal, presentó las previsiones de cierre económico para este año, que anticipan un crecimiento de la producción del 1,5% y un alza de la cifra de negocios del 3,8% hasta los 88.633 millones de euros, gracias en gran medida a la fuerte subida de precios. En su presentación detalló que este resultado positivo ha estado anclado en el buen desempeño de dos de las tres divisiones de la actividad química (Farmaquímica y Química de Consumo y Especialidades) frente al fuerte deterioro de la química básica. “Acumula una caída de la producción del 20% desde 2021 afectada por los elevados costes energéticos y la creciente presión de los competidores internacionales”, aseguró.
Un escenario adverso en el que las grandes multinacionales de la química básica con actividad en España estarían reconsiderando sus planes inversores (26.000 millones de euros para los próximos diez años y 65.000 millones para los próximos 25 años) e incluso estarían barajando la posibilidad de deslocalizar la producción en busca de mercados con precios energéticos más competitivos.
En la química básica hay tres grandes grupos de productores en función de su cifra de negocio. Por un lado, los dos grandes productores nacidos en España como Moeve (antigua Cepsa) o Repsol, que solo entre las dos facturan en torno a 3.500 millones de euros cada uno de ellos. En segundo lugar, grandes multinacionales extranjeras como Dow Chemical [ha anunciado un despido colectivo para 116 trabajadores], DuPont, Covestro o BASF; y, en tercer lugar, un grupo de empresas españolas que facturan en torno a 1.000 millones cada una de ellas como Fertiberia, Ercros y Quimidroga. “Son perfiles de grandes empresas, con miles de empleados, con varios centros de producción que son especialmente importantes para las economías locales por la actividad que generan, como sucede con el centro de pinturas de BASF, que seguramente sea el centro industrial más importante de toda Guadalajara”, apuntó Juan Antonio Labat, director general de Feique, que engloba a 500 empresas del sector.
En este escenario y a dos semanas de la celebración de las elecciones generales del 29-N, la patronal ha presentado una propuesta en la que insta al futuro Gobierno a una rebaja del precio de la energía a través de una revolución fiscal. “Somos el único país europeo que tenemos un impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica desde 2012. Se creó para acabar con el déficit de tarifa y aunque está previsto que desaparezca en 2028, queremos que desaparezca ya o al menos que se fije un calendario progresivo para su desaparición. Eso daría certeza a las empresas”, apuntó.
En ese nuevo esquema, Feique también aboga por acabar con el impuesto que grava el consumo de electricidad, con un tipo medio del 5,11%, y rebajarlo al 0,5%, el mínimo permitido por el Consejo Europeo. En cuanto a los servicios de ajuste, las medidas garantizadas tras el apagón de abril, piden que se rebaje la factura y que se introduzcan no a precios de mercado, sino a través de peajes. “El importe ha subido en torno a 1.500 millones de euros porque se está tirando de gas e hidráulica de bombeo, que son las más rápidas, pero también las más caras”, avisa Labat.
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