
Como una gran economía abierta al tránsito de capitales, bienes y personas, desde la Gran Recesión, España tiene unas pujantes y vigorosas multinacionales que crean mucho empleo en el extranjero, a la vez que una economía nacional que intensifica su terciarización productiva y crea mucho empleo para los extranjeros. Simplificando, España ha intensificado la exportación de capital y la importación de fuerza laboral. En los últimos años el intenso avance de la población extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento, y ha permitido combatir el invierno demográfico nacional, copando el fuerte incremento de moradores activos y el 75% de los nuevos empleos.
El ciclo alcista intensifica la terciarización de la actividad y deja la ocupación y los ingresos públicos a merced del flujo migratorio
Como una gran economía abierta al tránsito de capitales, bienes y personas, desde la Gran Recesión, España tiene unas pujantes y vigorosas multinacionales que crean mucho empleo en el extranjero, a la vez que una economía nacional que intensifica su terciarización productiva y crea mucho empleo para los extranjeros. Simplificando, España ha intensificado la exportación de capital y la importación de fuerza laboral. En los últimos años el intenso avance de la población extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento, y ha permitido combatir el invierno demográfico nacional, copando el fuerte incremento de moradores activos y el 75% de los nuevos empleos.
El flujo migratorio ha encontrado su principal refugio laboral en actividades de servicios y se ha revelado como agitador de los récords sucesivos de recaudación fiscal y de cotizantes e ingresos de la Seguridad Social, aunque no ha evitado el saldo deficitario ni en la cuenta estatal ni en la de pensiones. Ha sido el gran dinamizador del mercado laboral, en tanto que el colectivo de nativos arroja preocupantes señales de esclerosis y decadencia, mantiene niveles similares de desempleo a los de cuando estalló la crisis de 2007, y acapara casi en exclusiva la generosidad de los mecanismos de seguro y subsidio contra el paro, con una rotación permanente y estructural entre ocupación y paro.
En los últimos tiempos, y con más intensidad cuanto más corto y próximo sea el periodo al que nos refiramos, todo el avance de la población ha sido extranjero, y más de un 75% de los nuevos activos y de los nuevos ocupados también tenía procedencia externa. He aquí los ásperos e inevitables números que lo evidencian. La Encuesta de Población Activa más reciente (tercer trimestre de 2026) contabiliza ya 25,44 millones de activos, de los que sólo 19,30 millones son españoles, una cantidad inferior a la de hace diez años (19,46 millones). Por tanto, el incremento de activos desde los 22,84 millones de 2016 es generado por población inmigrada: 2,59 millones, de los que la mayor parte se han incorporado en el último quinquenio. En definitiva, que el colectivo de población activa no nacida en España llega a los 6,14 millones de personas, de los que 4,48 millones tienen la consideración de extranjeros y 1,66 millones disponen de doble nacionalidad.
El registro de nacionalizaciones, con información desde 2013, contabiliza, sin considerar el año vigente, a 2.137.464 personas. El reflejo inmigrante en el empleo ha sido creciente, según Estadística: si en 2016 eran extranjeros el 13,75% de los ocupados (2,54 millones), en 2021 la proporción había avanzado hasta el 16,5% (3,31 millones); pero el salto habría sido espectacular en los últimos cinco años hasta el 23,3% de la población con empleo, casi uno de cada cuatro (5,33 millones de personas).
Dejando aparte el colectivo de nacionalizados, el registro de la Seguridad Social contabilizaba en octubre pasado 3,699 millones de cotizantes extranjeros, un millón más que hace tan solo tres años, y 598.000 más que hace 12 meses, acaparando el 75% del avance de cotizantes. Este incremento tan fuerte (de casi el 18%) es imputable a la regularización extraordinaria de 2026, que la Tesorería cifra a octubre en 490.586 trabajadores.
Las actividades en las que mayoritariamente se han alojado los cotizantes inmigrados son empleadas de hogar (la mitad del colectivo, con avance del 15% en los últimos 12 meses), construcción (27%), hostelería (33,6%) y agricultura (28,1%). De hecho, entre construcción, hostelería y hogar han aportado algo más de 200.000 cotizantes en el año, muchos de regularización reciente. Y lo han hecho en tales actividades porque son las que mayor pujanza han mostrado en los últimos años en la economía, todas ellas con limitado valor añadido y que concentran las remuneraciones más modestas.
Un vistazo al comportamiento de la oferta mostrado por la Contabilidad Nacional revela que comercio, hostelería y transporte acumulan los mayores avances de la actividad, y han crecido un 48% desde 2020, y que la totalidad del sector servicios lo ha hecho en un 31%, y el PIB en un 27%. En buena parte de los servicios, pero especialmente en los que han atraído mucha fuerza laboral inmigrante, el número de asalariados ha crecido en los tres últimos años más que el valor de la producción, lo que refleja un deterioro de la productividad del factor trabajo, compensado en algunos casos por mejoras tecnológicas o de otros factores.
La actividad industrial y de servicios a empresas sí ha registrado avances de productividad. Pero en términos agregados el sesgo productivo hacia una terciarización de la economía de limitado valor añadido es responsable del estancamiento de la productividad. Un informe reciente de Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino asegura que mientras el PIB per cápita de España ha crecido en el último quinquenio más que en la UE, la distancia que la separa en productividad sigue siendo la misma ahora que hace 15 años: el 73,6% del nivel de los grandes socios comunitarios.
El empuje demográfico y ocupacional de la inmigración, además de presionar sobre el mercado de la vivienda ya citado, así como sobre el gasto y la calidad de los servicios públicos sanitarios, educativos y de transporte, ha movilizado el consumo más que la inversión, y ha contribuido de forma notable a los récords de recaudación fiscal y por cotizaciones, aunque tales contribuciones no han reducido los números negros de la caja de las pensiones, ni han equilibrado las cuentas públicas. Pero no debe olvidarse que sin su aportación las cuentas estatales tendrían peor desempeño, pese a la desfiscalización parcial del salario mínimo en el que se aloja buena parte del colectivo; y las cuentas de la Seguridad Social, a las que aportan más de cinco millones de inmigrados (entre extranjeros y nacionalizados), aunque con cotizaciones más modestas, y dado que apenas financia rentas pasivas todavía, registrarían un déficit contributivo muy superior al devengado, que supera los 50.000 millones.
En cuanto al desempleo y su protección económica, España ha vuelto a las cifras de 2008 tras encajar el calvario de los seis millones de desempleados y el 26% de sus activos en el pico más áspero de la crisis. Ahora, con el ciclo de ocupación dando ya señales de agotamiento, están en desempleo 2,59 millones de personas, el 10,1% de los dispuestos a trabajar, un colectivo similar en términos absolutos (2,6 millones) y relativos (11,23%) al de 2008, y con parecidos indicadores cualitativos en los hogares, tanto referidos al cabeza de familia como a los hijos.
Los mecanismos de protección de rentas por desempleo, que alcanzan niveles de cobertura récord sin contabilizar instituciones de nueva planta como el salario mínimo vital, tienen, sin embargo, mayor penetración en la población nativa que en la inmigrada. Esta acapara sólo el 13,3% de la población con seguro o subsidio de paro, y, aunque crece a porcentajes muy elevados, sólo supone uno de cada tres demandantes de empleo extranjeros.
En este comportamiento tiene no poco que ver la amplia franja de remuneraciones modestas en las actividades de servicios que acepta la población recién llegada y rechaza la nativa, así como los niveles de protección de rentas, que compiten abiertamente con aquella. Una circunstancia que, de no corregirse con elevación de productividad y salarios o con desincentivos a percibir seguros y subsidios, tenderá a cronificarse, si es que no lo está ya. Algo habrá de hacerse con ambas cosas.
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