El Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumanía dictó el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 la absolución definitiva de la operadora de telecomunicaciones Digi Rumanía, matriz directa de la filial española Digi España, así como de sus actuales y antiguos directivos de las causa que acumulaba por presunta corrupción a propósito de los derechos televisivos. La sentencia firme desestimó el recurso de apelación presentado por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y confirmó el fallo emitido previamente por el Tribunal de Apelación de Bucarest en noviembre de 2025.
El Alto Tribunal rechaza el recurso de la fiscalía anticorrupción y cierra un proceso de nueve años sobre los derechos televisivos del fútbol rumano
El Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumanía dictó el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 la absolución definitiva de la operadora de telecomunicaciones Digi Rumanía, matriz directa de la filial española Digi España, así como de sus actuales y antiguos directivos de las causa que acumulaba por presunta corrupción a propósito de los derechos televisivos. La sentencia firme desestimó el recurso de apelación presentado por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y confirmó el fallo emitido previamente por el Tribunal de Apelación de Bucarest en noviembre de 2025.
La resolución judicial concluyó que los delitos imputados en la causa sobre la adjudicación de los derechos audiovisuales de la primera división de fútbol rumana no existieron. El tribunal aplicó el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal rumano para exonerar tanto a las personas físicas como a las sociedades mercantiles procesadas, dejando además las costas del procedimiento judicial a cargo del Estado.
El grupo empresarial Digi Communications notificó el fallo mediante un informe oficial remitido a los inversores a través de la Bolsa de Valores de Bucarest. En su declaración corporativa, Digi Rumanía subrayó que “la sociedad consideró desde el principio que las acusaciones penales que se le formularon en este expediente fueron en su totalidad infundadas”.
El comunicado oficial de la operadora añadió que “la decisión definitiva del Alto Tribunal de Casación y Justicia pone fin de manera definitiva a todas las acusaciones y confirma la posición constante de la sociedad”. La matriz del grupo que opera en el mercado español recordó que informó puntualmente sobre el curso de esta investigación desde el folleto de su oferta pública inicial del 26 de abril de 2017.
Entre los directivos absueltos de forma definitiva figuran el actual consejero delegado de Digi, Serghei Bulgac, junto a los administradores y exdirectivos Mihai Dinei, Alexandru Oprea y Florin-Bogdan Bădiță. El fallo también exoneró al expresidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Dumitru Dragomir, y a su hijo, Bogdan-Dumitru Dragomir.
La sentencia firme incluyó igualmente la absolución de las tres empresas que figuraban como acusadas en el proceso iniciado hace nueve años. Las compañías exoneradas son RCS&RDS, actual denominación social de Digi Rumanía, la firma tecnológica Integrasoft y la sociedad Bodu, vinculada al expresidente de la patronal futbolística.
La causa judicial se originó en torno a la licitación de los derechos de retransmisión de la Liga 1 rumana para las temporadas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Un consorcio empresarial del que formaba parte RCS&RDS se adjudicó aquel contrato en 2008 por un importe global de 101,15 millones de euros, impuestos incluidos.
En 2009, en el contexto de la crisis económica internacional, el consorcio ganador solicitó la modificación de determinadas condiciones contractuales a la liga profesional. La fiscalía anticorrupción sostuvo en su acusación que Dumitru Dragomir exigió supuestamente 3,5 millones de euros al entonces administrador de RCS&RDS, Ioan Bendei, para favorecer los intereses de la operadora.
Según la tesis de los fiscales de la DNA, la compañía transfirió un total de 3,1 millones de euros en 27 plazos entre agosto de 2009 y mayo de 2011. Los investigadores afirmaron que dichos pagos se encubrieron bajo un contrato de asociación en participación firmado el 15 de agosto de 2009 con la empresa Bodu para financiar el complejo de eventos Crystal Palace Ballrooms.
La fiscalía presentó los cargos formales por soborno y blanqueo de capitales el 22 de agosto de 2017. En una primera instancia celebrada en enero de 2019, el Tribunal de Bucarest condenó a cuatro años de prisión efectiva a Dumitru Dragomir, Ioan Bendei y Florin-Bogdan Bădiță, imponiendo además multas penales de 1,2 millones de leus (224.300 euros) a RCS&RDS y de 700.000 leus (130.900 euros) a Integrasoft.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Bucarest anuló íntegramente esa primera sentencia en noviembre de 2021 y ordenó repetir todo el juicio desde su fase preliminar. El tribunal detectó un defecto de competencia procesal debido a que uno de los acusados, Bogdan-Dumitru Dragomir, mantenía la condición legal de abogado, lo que obligaba a juzgar el caso en una instancia superior.
Durante la repetición del proceso en 2023, el Alto Tribunal de Casación y Justicia excluyó del sumario diversas pruebas recopiladas por la fiscalía durante la fase de instrucción. Entre el material anulado figuraron un informe técnico-científico y las declaraciones iniciales prestadas por Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea e Ioan Bendei antes de adquirir la condición formal de investigados.
En la motivación de su sentencia absolutoria de noviembre de 2025, ahora ratificada en firme, el Tribunal de Apelación determinó que las decisiones sobre derechos audiovisuales correspondían a la Asamblea General de los clubes y no al presidente de la liga. El magistrado señaló que no quedó acreditado ningún pacto ilícito para alterar las funciones del dirigente deportivo.
Asimismo, la resolución judicial estableció que los 3,1 millones de euros transferidos constituyeron una inversión comercial real destinada a modernizar el inmueble del complejo Crystal Palace Ballrooms. El tribunal verificó que los fondos no fueron retirados por Dragomir a título personal y que la operadora recuperó posteriormente su capital mediante la explotación y adquisición de los activos.
El cierre definitivo del litigio se produjo tras el fallecimiento de Ioan Bendei, exadministrador de RCS&RDS, ocurrido en julio de 2025 a los 68 años de edad. Bendei falleció cuatro meses antes de que el Tribunal de Apelación dictara la primera absolución sobre el fondo del asunto y más de un año antes de la sentencia firme del Tribunal Supremo.
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