El Ejecutivo español está tratando de rebañar el poco margen fiscal que le queda en 2026 para presentar un nuevo escudo anticrisis energética este martes sin quebrar los compromisos adquiridos en Bruselas. Y, para lograrlo, el Gobierno sopesa pedir a la Comisión Europea activar la suspensión parcial de las reglas fiscales para ganar ese hueco que les permita gastar más de lo prometido sin incumplir con la senda de ajuste pactada, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. El Ejecutivo tiene previsto aprobar ese nuevo paquete en el Consejo de Ministros, junto con el decreto de vivienda.
Cuerpo negocia con la Comisión para que las medidas del próximo Consejo de Ministros cumplan con la senda de ajuste pactada en la UE
El Ejecutivo español está tratando de rebañar el poco margen fiscal que le queda en 2026 para presentar un nuevo escudo anticrisis energética este martes sin quebrar los compromisos adquiridos en Bruselas. Y, para lograrlo, el Gobierno sopesa pedir a la Comisión Europea activar la suspensión parcial de las reglas fiscales para ganar ese hueco que les permita gastar más de lo prometido sin incumplir con la senda de ajuste pactada, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. El Ejecutivo tiene previsto aprobar ese nuevo paquete en el Consejo de Ministros, junto con el decreto de vivienda.
Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán y se desató la escalada de precios del petróleo y sus derivados, España ha lanzado dos paquetes de ayudas: el de marzo, con una fuerte potencia de fuego que activó rebajas fiscales y ayudas a los combustibles, y su prórroga más modesta, que vence el último día de septiembre. Entre los dos suman unos 10.000 millones de euros.
Esa cantidad ya consumía buena parte del margen fiscal que España acumulaba en la senda de ajuste fiscal pactada con Bruselas para siete años, entre 2025 y 2031. En ella, se contempla un incremento medio, cada año, del 3% del gasto público neto —concepto del que se descuenta el pago de los intereses de la deuda y gastos extraordinarios como medidas contra catástrofes naturales, la dana o incrementos sobrevenidos del seguro de desempleo—. Pero España ya ha estado a punto de incumplir esa senda.
El Gobierno puso toda la carne en el asador ante la primera oleada de subida de los precios tras el inicio de la guerra de Irán, pecando quizás de optimista sobre una pronta resolución del conflicto. De hecho, la prórroga del paquete en julio levantó muchas de las medidas, como la del IVA de la electricidad, o las graduó, como la bonificación al diésel, con la vista puesta en una normalización de los precios de la energía después del verano. En las comparativas de los países europeos, España es de largo el Estado miembro que más apoyo público ha desplegado.
Pero el conflicto se ha enquistado y los precios del gas están en una ruta alcista que pronto puede contaminar el precio de la electricidad. Agosto cerró con una inflación del 4,3% en España y los expertos vaticinan que septiembre terminará cerca del 5%.
El esfuerzo presupuestario hecho hasta ahora ya ha estrechado mucho el margen de acción actual. En primavera, cuando la Comisión Europea presentó su evaluación fiscal y las recomendaciones para que los Estados miembros elaboraran sus presupuestos de 2027, Bruselas ya advirtió de que España estaba en “riesgo de incumplimiento” de lo comprometido. Y, de hecho, cumplía porque la UE activó una exención parcial de las reglas fiscales solo para el incremento de los gastos de defensa entre 2025 y 2028.
Esto le dejaba a España un margen de dos décimas de PIB, en torno a 3.400 millones de euros. Después, llegó ese segundo paquete de medidas y ahora se avecina un tercero. Por eso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba la semana pasada en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno estaba “peleando y empujando en Bruselas el margen de flexibilidad adicional que podemos necesitar en este caso para seguir cumpliendo con el marco de reglas”.
Cuerpo venía a decir, de forma críptica, que el Ejecutivo está negociando con la Comisión Europea qué medidas de las que baraja entrarían en la excepción que se aprobó en primavera a las reglas fiscales para responder a esta crisis energética. Esta es una segunda cláusula de salvaguardia nacional, nombre oficial de estas excepciones al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que complementa a la de Defensa. Si España decide activar esta segunda palanca, podría lograr margen adicional del 0,6% del PIB de forma acumulada (no cada año) hasta 2028. Es decir, una cantidad cercana a los 10.000 millones, aunque no puede gastarse todo en un solo ejercicio: hay un límite anual de tres décimas de PIB; es decir, la mitad: 5.000 millones.
Además, ese dinero no puede destinarse a cualquier medida anticrisis. La Comisión Europea, que se resistió a abrir la mano con las reglas fiscales, exige que la respuesta no vaya en dirección contraria a la transición energética ni mine la resiliencia de la UE en este campo. Lo publicó negro sobre blanco en la guía para Estados que publicó en agosto. En ella, hay una lista, “no exhaustiva”, de medidas que acepta: subsidios a energías renovables, a instalación de cargadores para vehículos eléctricos, ayudas para las redes eléctricas o la extensión de la vida de las plantas nucleares. Todas ellas van en la dirección de favorecer la electrificación y descarbonización de la economía. En cambio, deja fuera explícitamente “las reducciones de los impuestos especiales u otros impuestos sobre los combustibles fósiles, los precios fijos, las ayudas a los combustibles fósiles, las ayudas en función de los ingresos u otras subvenciones destinadas a mitigar el impacto de los elevados precios de la energía o las medidas que solo generen un ahorro energético indirecto sin aportar una mejora estructural en la resiliencia del sistema energético europeo”.
De ahí que el Gobierno esté “peleando y empujando”, como dijo Cuerpo, las medidas que podrían acogerse a esa exención de las reglas de gasto: no tendría sentido pedirla e intentar ganar margen fiscal si después se aprueban medidas que no están amparadas en la cláusula de escape. Y, por eso, el ministro ha hecho llegar a los representantes de los diversos sectores que le han pedido otro paquete anticrisis que el espacio para maniobrar es limitado.
Además, los criterios de la Comisión dejan fuera algunos de los frenos a los precios más efectivos y baratos que podrían aprobarse. La excepción ibérica, el famoso tope al gas que se puso en el mercado mayorista para que el precio de esta fuente de energía fósil no contaminara toda la factura eléctrica, y que ha pedido Sumar, se ve ahora con recelo ante el posible impacto que podría tener en la industria fotovoltaica. El gas marca el precio de luz pocas horas al día, básicamente las del atardecer, pero suficientes para que las instalaciones puedan ganar un margen que necesitan con los precios hundidos durante las horas de sol. Otra posible medida sería introducir un tope a la Tarifa de Último Recurso, a la que están acogidos unos tres millones de clientes minoristas de gas de cara a la previsible subida de un 50% en el otoño.
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