Desde hace décadas, quizás más, el debate económico suele encallar en considerar que los límites entre el Estado y el mercado son claros y concisos. Es cierto que, cuando pensamos en la fortaleza del sector público, la discusión cotidiana se concentra en políticas redistributivas y en seguros sociales, como pensiones, sanidad, educación o grandes paquetes de inversión. La otra cara recae en la financiación impositiva. Es decir, asociamos Estado a presupuesto mientras consideramos si el tamaño de este es o no óptimo.
Sin una Administración que preserve la competencia se premia al que mejor protege y no al que mejor produce
Desde hace décadas, quizás más, el debate económico suele encallar en considerar que los límites entre el Estado y el mercado son claros y concisos. Es cierto que, cuando pensamos en la fortaleza del sector público, la discusión cotidiana se concentra en políticas redistributivas y en seguros sociales, como pensiones, sanidad, educación o grandes paquetes de inversión. La otra cara recae en la financiación impositiva. Es decir, asociamos Estado a presupuesto mientras consideramos si el tamaño de este es o no óptimo.
Sin embargo, esta consideración, que tiende a reducir el papel de las instituciones a su dimensión presupuestaria y redistributiva, falla en hacer una lectura correcta de la cuestión. Los mercados que nos gustan tanto, que si tienen las características adecuadas son sin duda la mejor forma de organizarnos para proveernos eficientemente de bienes y servicios, no brotan de forma espontánea, y menos cuando el Estado se retira o cede espacio. Más bien es al contrario, ya que un mercado eficaz es un artefacto institucional complejo, que necesita una capacidad estatal extraordinariamente fuerte no solo para nacer sino, además, para no degradarse.
Lejos de creer que el estado natural de un mercado es el de la competencia, y menos perfecta, la verdad es que, aunque resulte incómodo y como ya advirtió Adam Smith hace dos siglos y medio, los participantes de un mercado no desean la competencia. Una empresa que quiera crecer necesita proteger su cuota, comprar al rival y levantar barreras de entrada o pactar precios. Por ello, sin unas reglas coercitivas que impidan que un competidor masacre al resto, la inercia natural del mercado no conduce a la competencia perfecta de los manuales, sino a la concentración y la extracción de rentas.
De ejemplos y evidencia están llenos los recuerdos. Pensemos en la Rusia de los 90, donde la privatización sin tribunales ni ley de competencia hundió el PIB un 40% entre 1991 y 1998 mientras concentraba los mercados en pocas manos. De Loecker, Eeckhout y Unger en 2020 encontraron que el margen medio sobre el coste marginal (lo que en inglés llaman markup) en EE UU pasó del 21% en 1980 al 61% en 2016, concentrado solo por el 10% de las grandes firmas. Thomas Philippon, en The Great Reversal, nos enseñó que EE UU, desde finales de los 90, relajó sus medidas antitrust mientras Europa las reforzaba. Comparando ambos casos, encontraba que el coste de la concentración empresarial se elevaba a 5.000 dólares anuales por hogar.
Para evitar esta concentración necesitamos, pues, un árbitro que fije las reglas del juego y las haga cumplir. Pero esto no exige un Estado grande, sino fuerte. Una administración puede absorber cerca del 48% del PIB en gasto y ser, al mismo tiempo, débil institucionalmente, con falta de técnicos, de evaluación de políticas, atasco en los juzgados de lo mercantil o incapacidad para auditar pliegos. Es el caso de la sanción de 2022 de la CNMC contra el cártel de 25 años y el sobrecoste del 15-25% en la construcción. En esta resolución se dejaba claro quién pierde cuando el supervisor llega tarde; en pocas palabras, las cuentas públicas y las empresas medianas que intentan competir limpiamente.
Pero el problema va más allá de la factura inmediata que soporta el ciudadano o el contribuyente. Existe una segunda derivada menos visible pero mucho más corrosiva a largo plazo. Cuando las barreras de entrada se consolidan y la justicia comercial tarda años en resolver un litigio, los incentivos y la mentalidad del empresario cambian significativamente. Este deja de arriesgar ya que no es rentable, cae la productividad total de los factores (PTF) y pasa a ser mucho más lucrativo invertir en la captura regulatoria. Las empresas se llenan de departamentos jurídicos que buscan blindar los nichos que el BOE genera.
Así pues, si queremos un mercado fuerte, competitivo e innovador, con precios bajos y calidad superior, difícilmente lo lograremos atrapados en la vieja dicotomía entre intervencionismo y laissez-faire. No necesitamos una administración que intervenga en todo lo que se mueva y acapare más del 50% de los ingresos, pero tampoco podemos creer en la fábula de que un Estado reducido a la mínima expresión cede su espacio a un mercado que solo hará el bien por nosotros. Defender hoy la economía de mercado exige, paradójicamente, reclamar la existencia de un Estado fuerte que defienda y proteja la competencia. De otro modo, el mercado deja de premiar al que mejor produce para recompensar al que mejor se protege.
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