La UE interviene al fin en vivienda

La Unión Europea estrena un —potente pero prudente— intervencionismo correctivo en políticas de vivienda. La propuesta de reglamento de la Comisión Europea del miércoles marca un hito. Busca facilitar el “acceso asequible” a un techo, asumiendo la creación de “zonas tensionadas” que practican distintos socios, con España en cabeza. Y avala las restricciones al alquiler para pisos turísticos en esas zonas —de Barcelona a Chamonix, de Baviera a las Baleares—, al concluir que pueden “agravar las presiones de la demanda […] reduciendo la disponibilidad” de viviendas para residencia familiar permanente y disparando precios de alquiler y compra. Aunque las somete a cautelas. Deben ser proporcionadas, y guardar unos límites fijados como porcentajes sobre la población. Y temporales, hasta cinco años, aunque eso no cancela las indefinidas, fijadas por ejemplo en la capital catalana.

A este refuerzo a la autoridad municipal, autonómica o estatal para imponer obligaciones —que afronta los filtros del Parlamento y del Consejo— le acompaña un documento de recomendaciones. Las más novedosas van de gravar fiscalmente edificios vacíos (lo que ya figura en la ley catalana), pues “puede contribuir a activarlos”; y la de abreviar plazos para obtener licencias, hasta un máximo de sesenta días, o en su defecto lograrlas por silencio administrativo. Les siguen el apremio a incrementar la oferta, el foco en la rehabilitación y un blindaje para las VPO —las de inversión pública—, aunque sea tímido, por un mínimo de 20 años.

No es que Bruselas sestease ante el agravamiento del problema de la vivienda. Que no es solo español: los alquileres se han encarecido un 28,8% entre 2010 y 2025 entre los Veintisiete; las compras en un 60,5%; el déficit de inversión en vivienda asequible alcanza 270.000 millones al año. Pero se había limitado, hasta llegar la española Teresa Ribera a la primera vicepresidencia, a un enfoque principalmente presupuestario, también necesario. Así, en el Marco Financiero Plurianual (el presupuesto para el septenio 2021/2027) se consignó para vivienda una partida de 7.500 millones de los fondos de cohesión septenal, que se han incrementado en 3.500 millones en la revisión de medio periodo.

La tenue ambición iba influida también por la debilidad competencial de la Comisión en este asunto vital. Un permanente drama político, pues aflige a las grandes políticas del Estado del bienestar. En enseñanza, sanidad, empleo, dependencia o vivienda… la capacidad de influir del Ejecutivo común es limitada.

Aunque a veces la emplea bien, recordemos la pandemia. O bien se asoma indirectamente, usando de base jurídica la normativa sobre cohesión. O la del mercado interior, como en vivienda: por el perjuicio a la movilidad interna (que le es inherente), causada por los efectos de la escasez y carestía de la oferta de pisos asequibles, sobre todo en ciudades metropolitanas y litorales. La continuada presión de un club de grandes ciudades —entre ellas, otra vez, Barcelona—, de las izquierdas y del Parlamento Europeo, especialmente desde 2020, y las orientaciones del “Pilar europeo de derechos sociales” (2017) han influido. Europa escribe lento sobre renglones a veces torcidos. Pero acaba llegando.