El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo enfría las perspectivas de una normalización plena de los mercados energéticos y de una pronta desescalada de la inflación. Es verdad que el cierre durante la primavera del estrecho de Ormuz, eje estratégico del comercio de hidrocarburos y otras materias primas, no tuvo el impacto que se temía en la economía —particularmente en España—, lo cual incita un cierto optimismo a la hora de evaluar las consecuencias del nuevo episodio bélico.
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Los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, que se habían reducido con el fin de atenuar el impacto de la guerra de Irán, volverán en los próximos tres meses a los niveles previos a dicho conflicto, según el calendario establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta normalización impositiva tendría un impacto de hasta cinco décimas sobre el IPC, conforme a estimaciones realizadas por Funcas. Y a ello habrá que añadir el efecto del episodio de tensionamiento de los mercados energéticos provocado por el fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz.
Las expectativas podrían virar hacia un menor optimismo y los costes financieros encarecerse
El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo enfría las perspectivas de una normalización plena de los mercados energéticos y de una pronta desescalada de la inflación. Es verdad que el cierre durante la primavera del estrecho de Ormuz, eje estratégico del comercio de hidrocarburos y otras materias primas, no tuvo el impacto que se temía en la economía —particularmente en España—, lo cual incita un cierto optimismo a la hora de evaluar las consecuencias del nuevo episodio bélico.
Conviene, sin embargo, no bajar la guardia. Porque no va a ser tan fácil atenuar el nuevo brote de inflación energética: las reservas estratégicas de los países importadores, instrumento crucial para amortiguar el vaivén del suministro de hidrocarburos, se encuentran en niveles reducidos en comparación con el momento del estallido de la guerra. Por si fuera poco, los aliados yemenís de Irán amenazan con entorpecer el tráfico marítimo que transita por el Mar Rojo, que se ha erigido en alternativa providencial al Golfo Pérsico. En España, el precio de la gasolina se sitúa ya un 12% por encima de los valores anteriores a la ruptura del alto el fuego, el diésel un 10,5% y la electricidad un preocupante 24%. Y eso es sin contar con la reversión de los recortes de impuestos especiales que se efectuará de aquí a octubre de manera escalonada.
Un riesgo más importante nace del impacto en las expectativas, factor que ha sustentado la actividad, permitiendo capear las turbulencias geopolíticas hasta fechas recientes. En España, al igual que en otros países europeos, los indicadores PMI de actividad y de confianza evidencian la resistencia del consumo de los hogares, que habrían mantenido su gasto pese la pérdida de poder adquisitivo generada por el repunte de la inflación. Esta decisión, que delata un cierto optimismo, se explica por la sensación de transitoriedad de la crisis energética, incitando a recurrir al ahorro para sostener el tren de vida. Pero si el conflicto se percibiera como duradero, las expectativas de los ciudadanos podrían virar a una mayor cautela. La inversión de las empresas es aún más vulnerable ante un cambio de expectativas económicas, sobre todo en el segmento de la inteligencia artificial (IA), cuyo auge contribuye a explicar la resiliencia de la economía, según las últimas perspectivas del FMI. Las grandes corporaciones tecnológicas han intensificado sus inversiones, a fuerza de endeudamiento, sin que de momento los beneficios estén a la altura de la apuesta.
Una posible elevación de los tipos de interés complicaría, por tanto, la financiación del crecimiento del sector tecnológico. Esta circunstancia podría estar acercándose, ya que los bancos centrales, tras la pausa de julio, no tardarán en reaccionar si la tendencia nuevamente ascendente de los precios energéticos se trasladara a los componentes subyacentes de la inflación.
Algo así se desprende de la advertencia del BCE, al considerar en su última reunión que el impacto inflacionista del shock energético anterior al alto el fuego “no se ha materializado aún plenamente”. Ojo con el órdago: los Estados están afrontando un endurecimiento abrupto de los costes financieros, reduciendo su margen de maniobra. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha alcanzado el valor máximo de este año.
Finalmente, las cartas están en las manos de la geopolítica, cuya dinámica obedece a lógicas de poder que no coinciden con las necesidades de la economía. En este sentido, es paradójico que la resistencia del crecimiento junto con la moderación del brote inflacionario, hayan alentado una mayor beligerancia y la ruptura de facto del memorando de entendimiento. Es posible que haya que esperar un ajuste de tipos de interés para que los principales actores vuelvan a la mesa de negociación, y así evitar una escalada del conflicto, cuya perpetuación condiciona el ciclo expansivo de la economía española, con un IPC que podría perforar el umbral del 4%.
Los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, que se habían reducido con el fin de atenuar el impacto de la guerra de Irán, volverán en los próximos tres meses a los niveles previos a dicho conflicto, según el calendario establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta normalización impositiva tendría un impacto de hasta cinco décimas sobre el IPC, conforme a estimaciones realizadas por Funcas. Y a ello habrá que añadir el efecto del episodio de tensionamiento de los mercados energéticos provocado por el fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz.
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