El equipo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo tiene ya lista su recomendación sobre la próxima subida del salario mínimo, la pieza clave que esperaba el Gobierno para aprobarla antes de que acabe la legislatura. Este grupo recomienda a Trabajo que suba el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9% en 2027, de manera que crezca de los 1.221 euros brutos en 14 pagas que rigen este año a 1.281 euros. Es un salto mensual de 60 euros, en línea con la evolución interanual de los precios, según el texto elaborado por este grupo de académicos, sindicalistas y miembros del Ejecutivo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Como en años anteriores con Yolanda Díaz como responsable de Trabajo, este informe es el paso previo a la negociación con sindicatos y patronales, donde se definirá cuánto sube exactamente el SMI. Las centrales piden un alza del 7%, los empresarios critican las “prisas” del ministerio y el Gobierno tiene claro que pretende elevar el suelo retributivo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El equipo de académicos, sindicalistas y miembros del Gobierno aconseja un incremento aparejado a la inflación, que elevaría 60 euros mensuales el actual suelo retributivo
El equipo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo tiene ya lista su recomendación sobre la próxima subida del salario mínimo, la pieza clave que esperaba el Gobierno para aprobarla antes de que acabe la legislatura. Este grupo recomienda a Trabajo que suba el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9% en 2027, de manera que crezca de los 1.221 euros brutos en 14 pagas que rigen este año a 1.281 euros. Es un salto mensual de 60 euros, en línea con la evolución interanual de los precios, según el texto elaborado por este grupo de académicos, sindicalistas y miembros del Ejecutivo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Como en años anteriores con Yolanda Díaz como responsable de Trabajo, este informe es el paso previo a la negociación con sindicatos y patronales, donde se definirá cuánto sube exactamente el SMI. Las centrales piden un alza del 7%, los empresarios critican las “prisas” del ministerio y el Gobierno tiene claro que pretende elevar el suelo retributivo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El encargo que Trabajo trasladó a los expertos —miembros del Gobierno, de los sindicatos y académicos, por lo general, de perfil progresista— hace tres semanas era calcular cuánto debería subir el salario mínimo para emparejarse con el 60% del salario medio neto y, a la vez, cuánto para no perder poder adquisitivo. Estos planteamientos conducen a cifras distintas, ya que el primero depende de la evolución del conjunto de las retribuciones y el segundo, de los precios.
La referencia al 60% conecta con la interpretación que hace el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta Social Europea, marcando ese nivel como el apropiado para el suelo retributivo en los países europeos. No es un mandato comunitario, pero sí una proporción que defienden distintos especialistas y que el Ejecutivo consolidó en su programa de Gobierno: PSOE y Sumar prometieron cambiar el Estatuto de los Trabajadores para que el SMI aumente automáticamente “acompasado al 60% del salario medio”, objetivo que no ha tenido recorrido legislativo ante la precariedad parlamentaria del Gobierno.
Bajo la interpretación de los expertos de Trabajo y con los cálculos que han elaborado, consideran que “el SMI bruto que lograría que el neto fuera igual al 60% del salario medio neto ascendería a 17.554 euros anuales, siendo un 2,7% superior al de 2026″. Es decir, con una subida de los 1.221 euros mensuales actuales a 1.254 (33 más), los especialistas estiman que el suelo salarial ya se situaría en ese 60%.
Sin embargo, como ya sucedió el año pasado, esa estimación no satisface el otro encargo a los expertos, que el SMI no pierda poder de compra. “Al igual que en 2025, esta estimación supone que el crecimiento del SMI sea inferior al crecimiento de los precios, cuya variación anual se sitúa, según el avance para el mes de octubre de 2026, en un 4,9%. Es decir, mantener el SMI en el 60% del salario medio neto a tiempo completo no permitiría mantener el poder adquisitivo del mismo”. Dado ese escenario, los especialistas añaden: “La CAASMI (comisión asesora) considera razonable, en el caso de que se produjera el escenario mencionado (SMI sin tributar en el IRPF), proceder a un aumento del SMI que permita mantener su poder adquisitivo”.
Así, los especialistas recomiendan que si el SMI sigue sin aportar al IRPF suba un 4,9%. Y el Gobierno ya ha anticipado que piensa aprobar, un año más, otra deducción para que el salario mínimo no tribute en el IRPF, sin especificar cuándo piensa articular este instrumento.
El Ministerio de Trabajo viene defendiendo que el SMI no tribute, pero el Ministerio Hacienda sí ha planteado en ejercicios pasados que lo haga. La lógica de Hacienda era que la gran subida del suelo salarial (de 736 a 1.221 euros desde 2018, un 66%) ha hecho que en torno a 2,5 millones de personas reciban este nivel retributivo, y que no es conveniente que tantos asalariados no aporten a las arcas públicas mediante el IRPF. Esa posición de Hacienda cambió el año pasado (a pocos meses de que María Jesús Montero dejase el cargo para ser la candidata del PSOE por Andalucía), pese a que Trabajo preparó el terreno para la tributación al pedir a los expertos que recomendaran un incremento con tributación y otro sin ella.
En los últimos años, la posición de los expertos marca la postura de Trabajo en la negociación con sindicatos y patronales. Por ejemplo, el año pasado los especialistas aconsejaron una subida del 3,1%, justo la cifra que acordaron Trabajo, CC OO y UGT. La patronal no participó en el pacto, como tampoco ha hecho en casi todas las subidas desde que Díaz dirige Trabajo. Solo respaldó la primera, la de 2020, cuando el SMI subió hasta los 950 euros.
Este será el último aumento del SMI de Díaz como ministra de Trabajo, dado que no repite como candidata de la izquierda, y un año más podrá aprobarlo sin respaldo parlamentario. Esa condición del SMI, al regularse por decreto y sin rango de ley, es la que ha permitido que Díaz pueda seguir incrementado el suelo salarial año a año en su segunda legislatura, en la que la mayoría de derechas en el Congreso dio la espalda a la reducción de jornada a 37 horas y media.
El plan B de ese proyecto era un refuerzo del registro horario que de momento Trabajo no ha aprobado, pese a que pretende hacerlo por decreto, sin necesidad de pasar por el Legislativo. Este retraso (pese a que Economía y el departamento de Díaz prometieron que estaría solucionado en septiembre) enfada muchísimo a los sindicatos, hasta el punto de que han avisado que no pactarán nada con el Gobierno mientras no se refuerce el control horario. Así, si el Ejecutivo no aprueba esta política y las centrales cumplen su palabra, se podría dar la circunstancia de que el último incremento de Díaz no lleve la firma de CC OO y UGT. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, dijo la vicepresidenta segunda en marzo, cuando trascendió el dictamen crítico del Consejo de Estado.
Hay otra política que los sindicatos pusieron como condición para firmar una nueva subida del SMI: que se evite por decreto que las empresas absorban los incrementos del SMI eliminando pluses salariales. Es otro decreto que separa a Economía y Trabajo, con planteamientos distintos, y que de momento no ha sido aprobado.
Si el Gobierno sube el salario mínimo de 2027 antes de las elecciones, lo haría mucho antes que en los últimos años. Por norma general, el Ejecutivo viene aprobando la subida en torno a febrero del año en curso, con efectos retroactivos. Esta anticipación respecto al calendario de los últimos años ha sido muy criticada por la oposición, que ve fines electoralistas en la medida, mientras que el Gobierno defiende la conveniencia de resolver la subida antes de que el gabinete esté en funciones. La patronal también ha criticado los plazos que maneja Trabajo y, de momento, no ha planteado cuánto considera que debería subir el SMI en 2027.
Los expertos que han elaborado el informe son Begoña Cueto (Universidad de Oviedo), Elena Bárcena (Universidad de Málaga), Ferran Elias (Universitat Autònoma de Barcelona), Mariña Fernández (Universidad de Alcalá), Antonio García (Ministerio de Trabajo y Economía Social), Libertad González (Universidad Pompeu Fabra), Rafael Muñoz (Universidad de Salamanca), Francisco Javier Muñoz (Ministerio de Economía), Alberto del Pozo (UGT), Cesar Veloso (Ministerio de Hacienda) y Luis Zarapuz (CC OO).
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