Prosigue la muerte lenta de los fondos de pensiones individuales iniciada en 2021 a manos de la última reforma del Gobierno, mientras los colectivos se estancan en modo supervivencia, consecuencia también de la política del Gobierno y de la pasividad y desinterés de empresas y sindicatos. Todos quieren la existencia de un poderoso sistema de pensiones complementarias de gestión privada, pero nadie quiere financiarlo: las empresas rechazan un coste laboral adicional, el mismo que invocan los sindicatos como primera fórmula de capitalización, y el Gobierno se aferra a un cicatero incentivo fiscal para no perder recursos. Sólo los ciudadanos y la industria financiera quieren ampliar el campo de acción, unos conscientes de que la Seguridad Social está sometida a un estrés de solvencia, y la otra estimulada por el legítimo reforzamiento de su negocio.
Los asalariados reclaman que paguen las empresas sin reducir los salarios, pese a soportar años de fuertes alzas del coste laboral
Prosigue la muerte lenta de los fondos de pensiones individuales iniciada en 2021 a manos de la última reforma del Gobierno, mientras los colectivos se estancan en modo supervivencia, consecuencia también de la política del Gobierno y de la pasividad y desinterés de empresas y sindicatos. Todos quieren la existencia de un poderoso sistema de pensiones complementarias de gestión privada, pero nadie quiere financiarlo: las empresas rechazan un coste laboral adicional, el mismo que invocan los sindicatos como primera fórmula de capitalización, y el Gobierno se aferra a un cicatero incentivo fiscal para no perder recursos. Sólo los ciudadanos y la industria financiera quieren ampliar el campo de acción, unos conscientes de que la Seguridad Social está sometida a un estrés de solvencia, y la otra estimulada por el legítimo reforzamiento de su negocio.
Tres décadas largas después de poner en marcha los planes de pensiones de gestión privada para que, libremente, los españoles pudieran optar por una fórmula de ahorro que les complemente la renta tras el retiro, tres décadas largas después, el mecanismo sigue afectado de raquitismo, pese a que más de diez millones de partícipes hayan optado por tal fórmula. Cierto es que hay cuentas duplicadas y que algunos partícipes tienen dos, tres y hasta cuatro fondos distintos. Pero con un simple cálculo que considerase que cada partícipe tiene una sola cuenta, estaría cubierta casi la mitad de la población asalariada.
Dado que el capital acumulado es de 144.200 millones de euros a julio de este año (101.800 millones en el sistema individual y 42.400 millones en el de empleo), con un cálculo estanco, concluiríamos que cada partícipe dispondría de un ahorro acumulado medio de 13.733 euros, que le proporcionaría una renta complementaria a su pensión pública similar si optase por un rescate en forma de capital. Si lo hiciese en forma de renta, que tiene un trato fiscal más amable, dispondría de 686,66 euros cada uno de los 20 años que de media vive un pensionista tras su retiro. Y si tal cantidad se mensualiza a lo largo de los 20 años, el complemento a su pensión pública sería de 57,2 euros al mes. Raquitismo financiero, por tanto.
A esta situación se ha llegado por muchas razones, pero la que más ha influido, cual gota malaya, en el ánimo de los ahorradores es la especie que gobierno tras gobierno ha defendido y difundido de que la prestación pública tiene plenas garantías de eternidad pase lo que pase, y que puede usted dormir tranquilo, que puede ser suficiente para costear la jubilación. En otras palabras, que nunca se ha estimulado, más bien al contrario, el ahorro para complementar la pensión. Por parecida razón, a los gobiernos les cuesta poner en relación pensión pública y pensión privada, como si no fuesen ambas hijas de la renta de los ciudadanos (cotización y ahorro), y como si no reaccionara la privada a la percepción que la gente tiene de la pública.
Pese a ser unos de los grandes beneficiados de la capitalización de los fondos privados de pensiones por el retorno fiscal que proporciona, los gobiernos han hecho poco o ningún esfuerzo para incentivar tal capitalización. Y solo la industria y la cátedra han alumbrado la realidad para que una parte del ahorro vaya a tales propósitos, aunque, a juzgar por el estado de la cuestión, no ha sido suficiente.
Cada año por noviembre la industria financiera lanza una campaña de captación de recursos para los fondos de pensiones u otras formas de ahorro (muchas de ellas con más éxito), para aprovechar la ventana fiscal que se cierra el 31 de diciembre. Regalos de llegada, bonificación si se trata de traspaso de un fondo ajeno a uno propio, y otras bagatelas que tienen poco o nada que ver con la rentabilidad se despliegan para atraer partícipes. Este año cuentan incluso con la colaboración de una campaña electoral en la que parecía que se hablaría del estado verdadero de las cuentas de la caja de pensiones, lo que debería ser un acicate para movilizar el ahorro.
Dado que los fondos individuales están en vía muerta por la limitación gubernamental de las aportaciones, el foco se pone en el único campo abierto que ha dejado la reforma Escrivá, que es el de los fondos de empleo o colectivos. Su éxito hasta ahora ha sido muy limitado, y sólo unos pocos grandes convenios se han incorporado al mecanismo, pese a que se permiten aportaciones elevadas con deducción fiscal.
Pero no parece que terminen de arrancar, porque, aunque todo el mundo quiere que se fortalezca ese tipo de ahorro, nadie quiere financiarlo; todo el mundo quiere que lo financie otro, además de topar con inconvenientes tradicionales del mercado español. Las empresas consideran que constituir fondos colectivos de pensiones encarece mucho el ya estresado coste laboral, y solo están dispuestas a hacerlo, de forma genérica, si se trata de destinar a la capitalización una parte ya existente del salario, como si se tratase de una cotización paralela a la de la Seguridad Social. Los sindicatos consideran que la carga debe ser adicional para no perder salario, y debe correr mayoritariamente a cargo de las empresas, al igual que en las cotizaciones públicas, en las que la aportación laboral es de las más modestas de Europa.
Y la Administración quiere mantener su cuota vía fiscal y no está dispuesta a cambiar una fiscalidad anómala. El fisco recupera en el rescate de los fondos la deducción aplicada cuando en origen se capitalizaban, pero, en una interpretación burda, aplica a los rendimientos la misma consideración que al capital aportado, estimando que todo es renta del trabajo, y, por tanto, sometiéndolo al tipo marginal del IRPF de cada contribuyente. En el País Vasco, sin ir más lejos, separan capital y rendimiento a la hora del rescate a efectos fiscales.
Dado el limitado despegue de los planes colectivos, el foco se pone ahora en la obligatoriedad para empresas y trabajadores, como se ha ensayado con éxito en Reino Unido, donde se permite la ulterior salida voluntaria. El problema es su encaje constitucional, ya que la Carta Magna recoge la voluntariedad como atributo constitucional de este tipo de herramientas de ahorro. No debería ser una cuestión inamovible, si ello asegura un despliegue razonable de los fondos de empleo, que sería una fórmula que restaría a la Seguridad Social una presión cada vez más alta, y que, en algún momento, será financieramente insoportable.
En todo caso, tal modelo seguiría teniendo que sortear circunstancias que juegan en contra, como la fragmentación empresarial en un país de elevadísima dosis de pequeñas empresas; la implantación de los sindicatos más limitada de lo que ellos creen; la pobreza tradicional de la negociación colectiva; o la elevada temporalidad y parcialidad del empleo en un país con alta penetración de actividades de temporada. Pero, además de sortear tales obstáculos, el Estado debería privilegiar fiscalmente tales herramientas por dos simples motivos: quitar presión a la Seguridad Social, y fomentar el ahorro en un país con limitada capitalización más allá de los activos residenciales.
Y puede hacer más: dado que las rentas más bajas tienen mayores dificultades para generar ahorro, estaría bien moderar las subidas del salario mínimo y los tramos remunerativos a los que arrastra hacia arriba, para destinar margen a capitalizar los hipotéticos fondos obligatorios.
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