La sostenibilidad de las pensiones ha vuelto al centro del debate con la precampaña electoral. El mensaje lanzado por la portavoz popular, Ester Muñoz, alertando de un sistema que “va a petar”, provocó una respuesta en tromba por parte del Gobierno. Ignacio Garralda, presidente de la Mutua, se ha sumado al debate este jueves, mostrando su decepción por la falta de medidas que alivien un sistema de pensiones que pone “cada vez más en duda”. Entre las diferentes medidas, la favorita de la Mutua es la adhesión automática de los trabajadores a un plan de pensiones de empresa, una propuesta respaldada por patronales y sindicato, con el beneplácito de Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y seguridad social de CC 00.
La adscripción automática a los planes de empleo se presenta como medida positiva para el sector, la patronal y CC OO
La sostenibilidad de las pensiones ha vuelto al centro del debate con la precampaña electoral. El mensaje lanzado por la portavoz popular, Ester Muñoz, alertando de un sistema que “va a petar”, provocó una respuesta en tromba por parte del Gobierno. Ignacio Garralda, presidente de la Mutua, se ha sumado al debate este jueves, mostrando su decepción por la falta de medidas que alivien un sistema de pensiones que pone “cada vez más en duda”. Entre las diferentes medidas, la favorita de la Mutua es la adhesión automática de los trabajadores a un plan de pensiones de empresa, una propuesta respaldada por patronales y sindicato, con el beneplácito de Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y seguridad social de CC 00.
La adscripción automática supone que parte del salario se destina por defecto a un plan de pensiones de empresa, con la posibilidad de que el trabajador lo retire, algo que, según Carlos Esquivias, director de seguros personales de Unespa, solo hace uno de cada 10 trabajadores: “Las personas no somos racionales, necesitamos un empujoncito. Si te incluyen por defecto, después ya te acostumbras”, ha apuntado.
La medida se enfrentaría a varios obstáculos. Un informe elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, consideró que una reforma en ese sentido podría ser considerada inconstitucional. Además, los ponentes del II Observatorio de Pensiones Grupo Mutua, en el que se ha planteado la medida, temen que la falta de consensos imposibilite cualquier avance: “Lo que me preocupa es si lo conseguiremos, en un momento de tanta polarización”, ha lamentado Esquivias.
El debate sobre pensiones está contaminado por “narrativas interesadas a través de dogmas superados”, ha criticado Olimpia del Águila, responsable de seguridad social de CEOE: “El periodo electoral tan convulso que vivimos no favorece a nadie”, ha reprochado. En este sentido, se ha sumado a la crítica por la falta de medidas en el último año, después de la reforma del Gobierno de 2022, que puso el foco en los planes de empleo dentro de las empresas y limitó las aportaciones a planes individuales, al considerarse que estaban siendo utilizados por grandes patrimonios para desgravar. Sin embargo, el plan no ha dado sus frutos, según ha apuntado Garralda: “La ausencia de avances en el segundo pilar —en el que se enmarcan los planes de empresa— constituye el resultado más decepcionante de 2026″.
En los planes de pensiones individuales sale más dinero del que entra, tras el desincentivo del Gobierno con la reforma de 2022. Pero la reforma, que trató de incentivar los planes de empresa, no ha conseguido que se produzca un trasvase hacia el llamado segundo pilar, por lo que el dinero se ha ido a otros productos. Así, el primer pilar, conformado por las pensiones públicas, soporta cada vez más presión, según ha señalado Garralda: “Este año las transferencias del Estado para atender el gasto en pensiones podría alcanzar los 60.000 millones de euros, una magnitud equivalente a alrededor del 3,5% del PIB”. El presidente del Grupo ha destacado las conclusiones de la ultima encuesta sobre pensiones que han elaborado: ocho de cada 10 españoles se muestran bastante preocupados por la sostenibilidad del sistema de pensiones pero la mitad afirman no ahorrar para la jubilación.
El único que se ha distanciado de la tónica general del evento, en el que se ha dibujado un sistema de pensiones al borde del colapso, ha sido Carlos Bravo: “No comparto la idea de los problemas de sostenibilidad”. El secretario de seguridad social de CC OO ha reconocido que no se han producido avances, pero ha repartido las culpas entre el legislador, las compañías del sector —que a su juicio no han impulsado lo suficiente los planes simplificados— y los agentes sociales —entre los que se incluye— por no poner el tema en las mesas de negociación. En este sentido, Olimpia del Águila también ha reconocido que es un asunto totalmente olvidado en las negociaciones de los convenios.
El último documento sobre sostenibilidad de las pensiones de Fedea avanza que el sistema español presenta dificultades financieras de cara al futuro pero “estaría avanzando hacia una mayor sostenibilidad”, gracias a que aumentará los ingresos para el pago de pensiones por el incremento de cotizaciones y las crecientes transferencias del Estado. Los autores, al mismo tiempo, advierten de que estas dos vías de ingresos son “arriesgadas” y las previsiones a futuro “excesivamente optimistas”.
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