Los proyectos de obra pública más recientes, los que salieron a concurso entre diciembre de 2025 y el pasado febrero con un presupuesto total de 6.900 millones (6.425 obras de todas las administraciones), están sufriendo de manera extraordinaria el encarecimiento de los materiales de construcción derivado del conflicto en Oriente Próximo y la falta de un mecanismo obligatorio de revisión de precios. La asociación que reúne a las mayores constructoras del país, Seopan, estima que el incremento en los índices de precios entre las fechas en que son presentadas las ofertas y las de formalización de los contratos arroja ya un saldo irrecuperable de 327 millones antes del inicio de esas obras.
La asociación de constructoras se suma a Anci en la petición de medidas urgentes para paliar el impacto de la inflación de materiales básicos de construcción
Los proyectos de obra pública más recientes, los que salieron a concurso entre diciembre de 2025 y el pasado febrero con un presupuesto total de 6.900 millones (6.425 obras de todas las administraciones), están sufriendo de manera extraordinaria el encarecimiento de los materiales de construcción derivado del conflicto en Oriente Próximo y la falta de un mecanismo obligatorio de revisión de precios. La asociación que reúne a las mayores constructoras del país, Seopan, estima que el incremento en los índices de precios entre las fechas en que son presentadas las ofertas y las de formalización de los contratos arroja ya un saldo irrecuperable de 327 millones antes del inicio de esas obras.
El agujero supone un 4,7% del presupuesto base de lo licitado justo antes del conflicto bélico, con especial impacto en las obras portuarias (8,3% de pérdida), viarias (8,1%), ferroviarias (6,3%) e hidráulicas (4%). En los 180 contratos de refuerzo de firmes que vieron la luz entre diciembre y final de febrero, sostiene Seopan, la subida de materiales bituminosos, entre otros, supone un golpe del 21,3% sobre los 200 millones de presupuesto de licitación.
El análisis pretende activar las alarmas en la Administración, a la que el sector constructor demanda medidas de urgencia que compensen una inflación que pone en riesgo la ejecución de los proyectos. Seopan aflora un sobrecoste de 868 millones en los 33.103 contratos de obra pública licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. La desviación es del 3,5% sobre un presupuesto base de ejecución de los proyectos que supera los 24.500 millones de euros. Incrementos de costes en ese periodo del 6% en la obra portuaria, del 5,3% en la viaria, y del 4,6% en los proyectos ferroviarios y aeroportuarios se comen, advierte Seopan, el beneficio neto sectorial publicado en la última Central de balances del Banco de España (2024), del 3,48% para constructoras con cifra de negocios superior a los 50 millones de euros anuales.
El sobrecoste total por materiales y energía estimado en obras sacadas a concurso entre el cierre de 2024 y febrero de 2026 se va hasta los 1.195 millones de euros, sobre un presupuesto global de 31.400 millones. Donde no hay revisión de precios son las contratistas quienes cargan con la mochila de inflación, lo que anticipa riesgos como el de licitaciones desiertas, proyectos ralentizados o sin posibilidad de conclusión sin modificados en los presupuestos.
El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, con el ataque a Irán el pasado 28 de febrero, sigue afectando al paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, lo que aguas abajo repercute en la factura por la energía, materias primas y materiales de construcción. Los bituminosos se han encarecido un 42% entre marzo y finales de mayo, mientras que la energía necesaria en las obras lo ha hecho una media del 41%. El aluminio ha subido un 14%, los productos químicos se disparan un 10%, y los cerámicos, un 9,3%. Las constructoras también han sufrido el alza en la factura de los materiales siderúrgicos (+6,5%) y del cobre (6,1%) en el segundo trimestre, según datos del Instituto Valenciano de Edificación (IVE).
Ayer fue la asociación de constructoras no cotizadas Anci la que alertó de una espiral al alza que no cesa en los costes a pie de obra. La presión, observa el colectivo, es igual a la acumulada en los dos años de subidas causadas por la pandemia y la guerra de Ucrania en lo que respecta a bituminosos y energía. El resto de materiales no solo sufre por la escalada de las materias primas y de los precios de producción sino por el transporte, viéndose comprometida tanto la licitación de obra nueva como la viabilidad de las obras en ejecución, sostiene Anci. En la asamblea del pasado mes de junio, las 25 constructoras agrupadas en la asociación reclamaron la actualización de los proyectos y procesos de licitación para adecuarlos al escenario real de precios. Entonces también se urgió la incorporación obligatoria de la cláusula de revisión en los contratos para evitar desequilibrios económicos durante la ejecución.
Una vez que estalló el conflicto bélico, el contexto de precios también golpea a la rentabilidad esperada en los 39 contratos de emergencia para la reparación de firmes que viene autorizando el Consejo de ministros desde abril, con 267 millones de presupuesto base de licitación.
Las asociaciones que presiden Julián Núñez y Concha Santos, por Seopan y Anci, respectivamente, hablan de un grave problema para la obra pública al carecer los contratos en licitación y ejecución del ámbito de las Comunidades Autónomas y las administraciones Locales de mecanismos de revisión de precios, y haberse aplicado el periodo de carencia no revisable en contratos del Estado con mecanismos de revisión.
Seopan ha remitido al Gobierno una propuesta para la aplicación de las medidas autorizadas en 2022 en el Rel Decreto-ley 3/2022 y siguientes para paliar los efectos inflacionistas originados por el Covid y la Guerra de Ucrania. En su petición, la asociación que engloba a ACS, Sacyr, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC, San José o Comsa, entre otras, pide la inclusión de los índices de precios de la energía y de la mano de obra en la revisión excepcional. La posición de Anci ante los gobiernos es idéntica.
Otro problema del que se advierte es que las medidas de reequilibrio contenidas en los Reales Decretos-ley 9/2026 y 18/2026, que excluyen a los contratos públicos de obras y servicios, habilitan una vía legal a las empresas de transporte para reclamar incrementos de coste. Una situación que dificulta aún más la producción de las empresas contratistas, al no poder atender dichas reclamaciones de quienes ponen los materiales en las obras.
La crisis en Oriente Próximo coincide con un momento de alta actividad en la obra pública tras haberse licitado contratos por 33.143 millones en 2025, un 40% por encima de la cifra puesta en juego por las administraciones en 2021, en puertas de que fuera habilitado el sistema de reequilibrio ante el impacto de la invasión rusa de Ucrania.
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