Adela Hervás, de 63 años, lleva desde 1985 pagando religiosamente un alquiler por su piso de Cornellà de Llobregat (Barcelona). El alquiler, de 228 euros al mes, le ha permitido poder sacar adelante a sus dos hijos ella sola. Pero también invertir en ir mejorando la vivienda sin pedir nada a ninguno de sus cinco caseros. Ella ha puesto de su bolsillo el dinero para renovar la instalación eléctrica, poner una puerta blindada o encargar unas persianas nuevas. Jamás había tenido ningún problema. Hasta hace cinco años, cuando Adela y otros vecinos vieron cómo el dueño, una filial de un gran fondo internacional, los llevaba a juicio por unos impagos de la comunidad que, según explican, nunca se produjeron. Era solo el principio de lo que definen como una “presión continua” para dejar sus casas. Por lo pronto, ha llegado una demanda de desahucio. Ahora ella y otros tres vecinos, que llevan desde principios de los ochenta en el inmueble, han decidido contraatacar y denunciar a su casero por acoso.
Jóvenes sin vía de entrada al mercado y vecinos con rentas antiguas amenazados de desahucio ilustran que arrendar habitaciones o un contrato indefinido han dejado de ser garantía de acceso a la vivienda
Adela Hervás, de 63 años, lleva desde 1985 pagando religiosamente un alquiler por su piso de Cornellà de Llobregat (Barcelona). El alquiler, de 228 euros al mes, le ha permitido poder sacar adelante a sus dos hijos ella sola. Pero también invertir en ir mejorando la vivienda sin pedir nada a ninguno de sus cinco caseros. Ella ha puesto de su bolsillo el dinero para renovar la instalación eléctrica, poner una puerta blindada o encargar unas persianas nuevas. Jamás había tenido ningún problema. Hasta hace cinco años, cuando Adela y otros vecinos vieron cómo el dueño, una filial de un gran fondo internacional, los llevaba a juicio por unos impagos de la comunidad que, según explican, nunca se produjeron. Era solo el principio de lo que definen como una “presión continua” para dejar sus casas. Por lo pronto, ha llegado una demanda de desahucio. Ahora ella y otros tres vecinos, que llevan desde principios de los ochenta en el inmueble, han decidido contraatacar y denunciar a su casero por acoso.
El caso de este vecindario de Cornellà pone de manifiesto cómo la crisis de los alquileres se ha extendido a casi todos los territorios y generaciones. La escalada de precios, el endurecimiento de las condiciones y la escasez de viviendas para arrendar golpean a los jóvenes que quieren acceder a su primera casa, pero también a quienes ya creían haber hallado su hogar para siempre. Los alquileres han crecido más de un 30% en las principales ciudades en 10 años, en parte por la presión de una demanda al alza y una oferta que ha ido menguando, mientras los salarios no han escalado esa senda con la misma intensidad. Alrededor de uno de cada tres hogares todavía se ve obligado a hacer un esfuerzo excesivo para afrontar su alquiler. Y cada vez sirven menos los refugios (o subterfugios) que tradicionalmente han servido para garantizar un techo, como el arrendamiento de habitaciones, los bajos comerciales reconvertidos en vivienda improvisada o los contratos indefinidos, como el de Hervás.
El control de rentas aplicado en algunos territorios, en particular en Cataluña, ha empezado a cambiar ese mapa, pero los expertos también empiezan a ver los primeros efectos secundarios: según los datos oficiales, los precios y el esfuerzo financiero de los hogares van bajando, pero el mercado ha perdido brío y es más complicado hallar un piso.
La primera consecuencia de la precarización del mercado del alquiler es el retraso, todavía más, de la salida de los jóvenes de la casa paterna. Según el Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación se sitúa en un 14,8%, su mínimo histórico. Los datos que maneja ese organismo son elocuentes: el salario medio de 1.048,19 euros que cobra un joven al mes no cubre los 1.072 euros (más unos 120 de suministros) que debería pagar por un alquiler medio. Ante esa situación, la puerta de entrada a la independencia es el arrendamiento temporal o de habitaciones.
“En los años setenta y ochenta poco a poco fue retrocediendo el alquiler de habitaciones, aunque en algunos otros momentos repuntó. Pero fue hace 15 años cuando se profesionalizó como nicho de mercado y vemos cómo se compartimentan las viviendas para arrendar habitaciones”, afirma Jaime Palomera, director del Área de Vivienda y Ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Según un estudio del Gobierno catalán, que ya apunta al alquiler como una de las grandes fuentes de desigualdad social, el volumen de habitaciones gestionado por empresas se ha multiplicado por 10 en solo cinco años.
El Sindicato de Inquilinas viene denunciando que varios fondos de inversión y grandes inmobiliarias tratan de echar a vecinos con rentas antiguas o alquileres asequibles para reemplazarlos por otros más rentables. O bien por fórmulas como el coliving o el alquiler turístico. En muchos casos, esas dos fórmulas son las vías por las que muchas empresas buscan eludir las normativas estatales y autonómicas que buscan dar estabilidad al inquilino o fijar topes a los alquileres.
“En las grandes ciudades, muchas empresas están optando por ofrecer viviendas de forma temporal y evitar regulaciones como la catalana. Al final, eso supone añadir precariedad al alquiler, normalizando situaciones como el realquiler o el piso compartido”, asegura Raluca Budian, directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna de Esade. “Eso está afectando a gente de todas las edades. Hemos pasado del ‘no puedo independizarme de mis padres’ al ‘no puedo independizarme de mis compañeros de piso’, añade.
Pero ni hallar habitación es sencillo. Lo sabe bien María S. J., de 42 años, que está batallando para poder quedarse en el local comercial del Eixample barcelonés en el que lleva cinco años a pesar de que no tiene la cédula de habitabilidad. “Me dijeron que me la darían, pero nunca lo hicieron”, lamenta. Con un hijo de un año y medio, hace meses que busca piso para salir de ese bajo caluroso y, sobre todo, porque recibió un burofax que le exigía cesar su actividad comercial ―porque nunca le dieron la cédula— e irse. Ahora paga 850 euros al mes y ya es complicado. “El mercado está imposible. Le he pedido a la propiedad renovar. Ya acudí una vez al Sindicato de Inquilinas, cuando me amenazaron con echarme por una inundación en la que entraron en casa sin pedir permiso, y lo he vuelto a hacer ahora. Una madre soltera con una nómina no lo tiene fácil para encontrar piso. Y menos habitación”, explica.
El caso de María S. J. no es único. Un 7,6% de los ciudadanos que participaron en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE dijeron que habían estado buscando vivienda sin éxito. La mayoría, por un motivo económico. Ante esa situación de mercado, los expertos discrepan sobre las medidas a adoptar. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, es crítico con el control de precios que aplican ciudades de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Galicia. “Estamos en una batalla por el relato y ahora mismo los datos son un galimatías”, lamenta. El profesor cree que los topes al alquiler han cumplido con su misión de bajar precios y reducir el esfuerzo que supone una vivienda. “Pero esos indicadores se refieren a quienes ya tienen un piso, y no a quienes quedan fuera y no tienen. Para ellos, la situación ahora es peor”, sostiene.
Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, coincide en ese último punto. “Si no se amplía el parque para atender la demanda de alquiler, esta va a ser cada vez más competitiva, afectando a los perfiles más vulnerables como jóvenes o migrantes, que se están llevando la peor parte de esa precarización”, sostiene Galindo, quien apuesta por políticas para movilizar viviendas como seguros públicos más ambiciosos y para controlar otros usos que no sean residenciales allí donde estos sean un problema. Señala fórmulas como la creación de impuestos específicos similares al de Zohran Mamdani en Nueva York.
Temporalidad del alquiler
El caso de Adela Hervás, sin embargo, demuestra que ni los que tienen contrato indefinido pueden respirar tranquilos. De ello también da fe Silvia García, que paga 700 euros por un piso en el barrio de la Sagrada Familia, en Barcelona. También afronta un desahucio por expiración de contrato. Pero García se siente, si cabe, más impotente. Nunca pudo constar en el alquiler porque este siempre estuvo a nombre su pareja. “He intentado en varias renovaciones que me metieran en el contrato. Pero no ha habido manera”, lamenta. Tampoco lo consiguió cuando su pareja se separó y volvió a su ciudad. Ahora el casero, un gran tenedor, ha decidido echarla y se ha dirigido directamente a su expareja, ignorándola por completo. “Hace 13 años, cuando llegué, los pisos se arrendaban por 550 euros aquí. Ahora ya están a 1.200 euros el mes”, protesta.
Jaime Palomera, que defiende el control de precios, plantea que la regulación de los alquileres se ha centrado mucho en fijar topes y no tanto en la duración de los contratos. “Hemos estado asistiendo a un proceso de desahucios invisibles, en el que sin necesidad de órdenes judiciales la gente ha ido yéndose de su casa”, expone Palomera, quien recuerda que el Reino Unido ha decidido dar mayor estabilidad a los inquilinos. Una norma aprobada en 2025 fija que el ocupante legal de un piso puede permanecer mientras cumpla el contrato y el propietario no tenga una causa legal para finalizarlo, acabando con las expulsiones injustificadas. Eso es, precisamente, lo que busca Adela Hervás: que le den una razón por la que debe dejar su hogar en el que vive desde que tenía 22 años. “Vamos a ir por todas”, advierte.
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