El nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) empieza a aplicarse de forma paulatina este miércoles. La norma introduce nuevos requisitos de diseño para que los productos sean más fáciles de reutilizar y reciclar, así como para reducir el uso de recipientes, además de imponer cambios en la comercialización y en los sistemas de recogida y gestión de residuos. Aunque algunas de sus medidas tendrán una implantación gradual —los sobres individuales de kétchup, aceite o azúcar, por ejemplo, no desaparecerán de los bares hasta 2030—, las empresas tienen que empezar ya a adaptar los productos, procesos y sistemas logísticos a las nuevas exigencias. Y tanto supermercados, como fabricantes y empresas de restauración anticipan que parte de ese esfuerzo terminará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
La reforma de Bruselas se activa este miércoles imponiendo un estricto control y las empresas alegan que deberán realizar millonarias inversiones para adaptarse
El nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) empieza a aplicarse de forma paulatina este miércoles. La norma introduce nuevos requisitos de diseño para que los productos sean más fáciles de reutilizar y reciclar, así como para reducir el uso de recipientes, además de imponer cambios en la comercialización y en los sistemas de recogida y gestión de residuos. Aunque algunas de sus medidas tendrán una implantación gradual —los sobres individuales de kétchup, aceite o azúcar, por ejemplo, no desaparecerán de los bares hasta 2030—, las empresas tienen que empezar ya a adaptar los productos, procesos y sistemas logísticos a las nuevas exigencias. Y tanto supermercados, como fabricantes y empresas de restauración anticipan que parte de ese esfuerzo terminará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
No existe por ahora una estimación que permita calcular cuánto podría encarecerse la cesta de la compra o el precio de comer fuera. Pero las asociaciones de consumidores apuntan que es responsabilidad del gobierno controlar que esto no ocurra.
En cualquier caso, el cambio no se va a traducir en una desaparición inmediata de los plásticos o los sobres monodosis de las tiendas y bares, esa restricción física que no llegará hasta el año 2030. Lo que arranca es la parte administrativa y fiscal de la norma. Desde esta semana cualquier empresa fabricante o envasadora tiene la obligación legal de estar inscrita en un registro oficial bajo la amenaza de que se prohíba la venta de sus productos, al tiempo que los supermercados y distribuidores adquieren la responsabilidad de vigilar que sus proveedores cumplen la ley. Además, se activa el nuevo marco de Responsabilidad Ampliada del Productor, un mecanismo que obliga a las compañías a asumir el coste total de la recogida y tratamiento de sus residuos mediante tasas “ecomoduladas”. Esto significa que las marcas pagarán más dinero a los sistemas de reciclaje cuanto más difícil y pesado sea el diseño de su envase.
Esa nueva regulación, argumentan en el lado empresarial, añade costes a una cadena que ya afronta mayores gastos en salarios, energía, alimentos y transporte. La norma tiene un impacto económico relevante para todos los eslabones, desde los fabricantes hasta la distribución y la hostelería. El mercado europeo del envase movió unos 153.000 millones de euros en 2024 y podría alcanzar los 186.000 millones en 2029, según cifras de la asociación industrial alemana Fachpack. En los próximos cuatro años, las compañías tendrán que invertir en nuevos materiales, rediseñar envases y modificar parte de sus operaciones para cumplir con el reglamento.
Julio López, responsable de la Oficina de Asuntos Corporativos de Ecoembes, explica que las empresas que mejoren sus envases desde el punto de vista ambiental podrán beneficiarse de menores tarifas, pero eso requiere una inversión que no todas las compañías pueden asumir de golpe.
A ese gasto se suma el coste de adaptar la logística para el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo que Bruselas obliga a implantar de aquí a enero de 2029 para botellas de plástico de un solo uso y latas de hasta tres litros. La norma deja margen a cada país para diseñar el sistema según sus necesidades. En el caso español, el consumidor adelantará al menos 10 céntimos por envase y recuperará el dinero al devolverlo, según explica Ecoembes. Los comercios serán los encargados de recoger esos envases y hacerse cargo de ellos hasta su retirada, lo que les obligará a reservar espacio e instalar, en algunos casos, máquinas de retorno.
El modelo tiene previsto implantarse en España en noviembre de este año, según las condiciones del Real Decreto de envases que el Gobierno español aprobó a finales de 2022 (previo al acuerdo de Bruselas). Esta normativa ya preveía la implantación del SDDR si no se alcanzaba el objetivo nacional de recogida separada de botellas de plástico. En 2023 esa tasa se situó en el 41%, frente al 70% exigido. Más allá del calendario, el problema para el comercio es eminentemente logístico. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) advierte de que esto supone un problema para los pequeños establecimientos de ciudad, donde el espacio de almacenamiento es limitado.
No obstante, Eva Kreisler, experta en sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU insiste en que el éxito de este modelo “está de sobra contrastado en cincuenta países y regiones de todo el mundo que recuperan de media el 90% de los envases de bebidas para su reutilización o reciclaje”.
El impacto será aún mayor en el transporte de mercancías. Desde 2030, el 40% de determinados embalajes deberá ser reutilizable, lo que obligará a las empresas a cambiar sus sistemas de distribución y asumir nuevos costes de recogida, almacenaje, limpieza y devolución a la cadena de suministro de esos recipientes. La industria advierte además de que algunos formatos actuales no son compatibles con las exigencias de seguridad de las cadenas de suministro internacionales.
En bares y restaurantes, el cambio más evidente se dará en aproximadamente cuatro años, cuando se sustituyan los sobres monodosis por envases reutilizables u otros formatos. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, señala que en algunos casos esto podría suponer un ahorro. Es el caso del aceite de oliva, que reduciría el coste por litro. Pero tiene su contraparte, y es que los nuevos sistemas exigirán más agua, energía, equipos y tiempo de trabajo para su limpieza y mantenimiento.
La asociación empresarial Marcas de Restauración, que aglutina cerca de 170 marcas comerciales, avisa de que “no existen todavía soluciones plenamente viables y escalables para 2030 que sustituyan a los envases de porción individual sin generar otros impactos negativos”. El problema, por tanto, no consiste únicamente en encontrar un recipiente alternativo, sino en organizar todo lo que ocurre después. Esto es limpiarlo, transportarlo, almacenarlo y volver a ponerlo en circulación.
Impacto al cliente
Las asociaciones empresariales y los analistas consultados coinciden en que, a medida que aumenten los costes de adaptación, habrá presión para trasladar una parte al precio final. Pero Kreisler insiste en que los consumidores “no deberían sufragar el coste de que los envases sean reciclados, ni de ninguna de las nuevas obligaciones que debe asumir la industria. Por el contrario, debería suponer un ahorro”. La analista apunta, además, a la responsabilidad del gobierno para establecer medidas de vigilancia que controlen estas práctica. El Ministerio para la Transición Ecológica elude de momento entrar en el debate. Los precios, indica un portavoz del departamento que encabeza Sara Aagesen, son “decisiones de mercado”.
La patronal Marcas de Restauración advierte de que, dado que “la hostelería llega a esta transición en un contexto de incremento generalizado de costes —salarios, energía, alimentos, fiscalidad—”, el nuevo escenario provocará, “previsiblemente, un traslado parcial de los costes al precio final, algo difícil de evitar si las inversiones y los gastos recurrentes aumentan”. De forma paralela, Asedas recalca que “la adaptación requerirá inversiones por parte de toda la cadena de valor”, lo que obligará a buscar soluciones para que la sostenibilidad sea compatible con “la accesibilidad económica para los consumidores”.
El impacto no será inmediato ni uniforme. Algunas empresas podrán absorber una mayor parte del impacto económico o beneficiarse de envases más eficientes. Otras, especialmente las que trabajen con formatos difíciles de reciclar o necesiten fuertes inversiones para adaptar sus operaciones, tendrán menos margen.
En el medio y largo plazo, la presión sobre los precios podría venir también de los materiales necesarios para cumplir la norma. El reglamento obliga a incorporar cada vez más plástico reciclado en determinados envases, pero el material apto para uso alimentario sigue siendo más caro porque su producción es escasa respecto a la demanda. En Europa, el sobreprecio entre este material y el denominado PET virgen ha llegado a ser de 650 euros por tonelada. Las organizaciones advierten, además, de que la capacidad europea para recuperar y clasificar estos materiales todavía es insuficiente y está muy fragmentada entre países.
Hay otra vía por la que la regulación puede terminar afectando al bolsillo de los consumidores, aunque es mucho más difícil de medir, es la duración de los alimentos. Las organizaciones advierten de que el plástico de determinados productos frescos los protege durante el transporte y prolonga su vida útil. Desde Ecoembes y Asedas recuerdan que la nueva norma permite excepciones si se demuestra una necesidad técnica de protección para conservar el alimento. Pero, en cualquier caso, hay distintos estudios sectoriales que apuntan a que una retirada apresurada de estos sistemas de envase puede aumentar las tasas de desperdicio tanto en la cadena de distribución como en los hogares.
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