Ya ha pasado un año desde el apagón. Si nos preguntamos qué ha cambiado desde entonces, la respuesta es que muy poco. Las renovables, sobre todo la fotovoltaica, con casi 10.000 megavatios en 2025, siguen desarrollándose y acercándose a la quiebra porque los precios que sacan del mercado, en su franja de producción, son cada vez más bajos. El almacenamiento, a pesar de los avances regulatorios, sigue ralentizado y la posibilidad de la conexión a red de plantas hibridadas continúa pendiente del cumplimiento de los plazos que la ley marca para las distribuidoras. Los cambios en el Procedimiento de Operación (PO) 7.4 no se han habilitado, en lo que se refiere a los inversores grid forming, o discriminan retributivamente la participación de las centrales renovables en la operativa de control de tensión, y el Operador del Sistema se ha anclado en un modelo de operación reforzado que abre un doble interrogante. El primero, ¿por qué llevamos un año con un sistema reforzado si el mix era seguro previamente? El segundo, ¿hasta cuándo vamos a tener que pagar los sobrecostes de esta forma de operar que transfiere la renta de los consumidores a los propietarios de los ciclos combinados de gas?
Su hiperactividad en la apertura de expedientes es una forma de recuperar la relevancia perdida por su inacción
Ya ha pasado un año desde el apagón. Si nos preguntamos qué ha cambiado desde entonces, la respuesta es que muy poco. Las renovables, sobre todo la fotovoltaica, con casi 10.000 megavatios en 2025, siguen desarrollándose y acercándose a la quiebra porque los precios que sacan del mercado, en su franja de producción, son cada vez más bajos. El almacenamiento, a pesar de los avances regulatorios, sigue ralentizado y la posibilidad de la conexión a red de plantas hibridadas continúa pendiente del cumplimiento de los plazos que la ley marca para las distribuidoras. Los cambios en el Procedimiento de Operación (PO) 7.4 no se han habilitado, en lo que se refiere a los inversores grid forming, o discriminan retributivamente la participación de las centrales renovables en la operativa de control de tensión, y el Operador del Sistema se ha anclado en un modelo de operación reforzado que abre un doble interrogante. El primero, ¿por qué llevamos un año con un sistema reforzado si el mix era seguro previamente? El segundo, ¿hasta cuándo vamos a tener que pagar los sobrecostes de esta forma de operar que transfiere la renta de los consumidores a los propietarios de los ciclos combinados de gas?
Algo sí ha cambiado, y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de pronto, un año después, ha desenfundado las pistolas y no solo se ha puesto a disparar a todos los que participaban en el sistema eléctrico, tanto el día del apagón como antes, sino que se ha atrevido a prejuzgar o jerarquizar la responsabilidad mediante la clasificación de mayor o menor gravedad de los expedientes.
El papel de la CNMC en el apagón, al ser el regulador, es digno de una película de Berlanga o, para no retrotraernos tanto, de una novela de Eduardo Mendoza. Resulta que, después de acostumbrarnos a su inacción y de ser responsable de no adaptar el sistema eléctrico, como ente regulador, a las necesidades que el cambio de mix iba exigiendo, ahora quiere pasar a la posteridad como un agente justiciero con, al menos, 64 procedimientos incoados en el momento en el que se escribe la presente tribuna. Personalmente, sigo echando de menos que se hubiera incoado un expediente sancionador a sí misma por su responsabilidad directa y por su inacción al no corregir o adaptar el funcionamiento del sistema antes del apagón. El procedimiento PO 7.4, que hubiera permitido a las renovables actuar en el control de tensión y que solicitó el Operador del Sistema en 2020, fue aprobado, deprisa y corriendo, en junio de 2025, dos meses después del apagón. Además, ya estamos acostumbrados a que la inmensa mayoría de los expedientes y las sanciones al sector eléctrico se queden en nada cuando entran en vía judicial.
En el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar, después de las elecciones de julio de 2023, se incluyó la necesidad de recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE), con el objetivo de especializar y darle más recorrido a un organismo, la CNMC, que estaba más pendiente de identificar y multar por las palabras ofensivas de programas del corazón que de regular y controlar el funcionamiento del sistema energético del país. Esta propuesta, que recogía el programa electoral de Sumar y que fue aceptada por el PSOE, se ha quedado en el limbo parlamentario del Congreso de los Diputados.
Algunos medios han dejado caer que esta hiperactividad en la apertura de expedientes sancionadores por parte de la CNMC es una venganza política contra el Gobierno, al calificar con la máxima gravedad y de forma diferencial el expediente a Red Eléctrica. Personalmente, considero que es una forma de recuperar la relevancia que ha perdido por su inacción en el avance de medidas que permitieran tener el sistema energético que el PNIEC de 2021 y que la exigencia de independencia y seguridad de suministro requería. Su papel queda todavía más en entredicho cuando, en este proceso de disparar a todo lo que se mueva, se abren expedientes por comportamientos no ajustados a las exigencias operativas de centrales y agentes sucedidos antes del 28 de abril de 2025.
En este tiempo, hemos conocido múltiples informes, desde los de consultores independientes de parte hasta los de organismos como Entso o el Consejo de Seguridad, además de las participaciones de todos los agentes involucrados en comisiones parlamentarias y en múltiples actos públicos. Cada persona del sector tiene una idea, más o menos explicitada, del comportamiento de todas y cada una de las empresas y del funcionamiento, o no, según las exigencias regulatorias, de sus activos operativos, pero todavía nadie plantea por qué no se pusieron los medios, se propuso la regulación y se llevó a cabo la vigilancia del cumplimiento de las medidas exigibles.
No he pedido la dimisión de nadie. Es un proceso tan multifactorial y complejo que, de empezar a exigir responsabilidades, no sabría a quién dejar fuera, pero cada vez tengo más claro que, si tuviera que exigir responsabilidades, no lo haría por el comportamiento de cada central o por la selección de un mix diario, sino por la desidia histórica de quien, desde la responsabilidad de velar, actualizar y mejorar la regulación para el cumplimiento de los planes de política energética aprobados, no ha actuado. No estamos hablando de si el 28 de abril de 2025 no se fijó el mix adecuado, de si ese día quien tenía que operar de una forma lo hizo o de si quien tenía que estar disponible lo estaba. La cuestión es si la CNMC, que tenía responsabilidad en la adaptación del sistema, en la vigilancia de que se cumplieran las exigencias operativas o en actuar ante las llamadas de peligro, lo hizo.
Creo que la oposición y el grupo de investidura deberían asumir que es importante avanzar en la recuperación y el reforzamiento real de la CNE, ampliando su Consejo para que no sea el reflejo o destino privilegiado de la cuota de partido, como un premio a los servicios prestados, sino para que tenga capacidad y representación, tanto social como política.
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