España contabiliza oficialmente 49,801 millones de habitantes, y entrará en 2027 con 50 millones al hilo de la reagrupación que generará la última gran regularización. Pero tal masa demográfica se desenvuelve en una infraestructura física diseñada para poco más de 40 millones, tras varios años de dejadez inversora, sobre todo de carácter público. Las costuras del país, de buena parte de las redes de movilidad y de los servicios públicos, se descosen por la presión demográfica creciente, y afloran las deficiencias tanto en la provisión de servicios educativos, formativos y residenciales como en los puramente asistenciales por el avance del envejecimiento o la disponibilidad de infraestructuras.
La población residente, que alcanzará los 54 millones en 2040, estresa hasta el límite todas las infraestructuras
España contabiliza oficialmente 49,801 millones de habitantes, y entrará en 2027 con 50 millones al hilo de la reagrupación que generará la última gran regularización. Pero tal masa demográfica se desenvuelve en una infraestructura física diseñada para poco más de 40 millones, tras varios años de dejadez inversora, sobre todo de carácter público. Las costuras del país, de buena parte de las redes de movilidad y de los servicios públicos, se descosen por la presión demográfica creciente, y afloran las deficiencias tanto en la provisión de servicios educativos, formativos y residenciales como en los puramente asistenciales por el avance del envejecimiento o la disponibilidad de infraestructuras.
La evolución de la población y la marcha de la economía son parámetros estrechamente relacionados y mutuamente dependientes, y en condiciones normales, España ganará casi otros cuatro millones de moradores en el horizonte de 2040 (poco más de un decenio), con una exigencia inversora muy fuerte para adecuar todas sus infraestructuras: ¿será atendida o ignorada?
En los últimos lustros la inversión pública se ha estancado sin que exista una explicación razonada más allá de las consecuencias de la gran crisis fiscal, y ahora, tras haber agotado el impulso de los últimos fondos europeos, se precisa un salto cuantitativo y cualitativo muy exigente para atender la transformación económica y confeccionar un traje a la medida de un país mucho más poblado. Las alertas de la inteligencia económica sobre la ingente cantidad de recursos que absorberá el envejecimiento en las próximas décadas y la hipotética escasez para otros menesteres igual de vitales son reiteradas, como reiterado es el desprecio que de ellas hacen los responsables políticos.
Se celebra como un triunfo haber recompuesto en parte el desequilibrio poblacional con sucesivas oleadas de inmigración irregular ulteriormente regularizada, pero se hace abstracción de que ni de lejos se trata de una solución definitiva y en absoluto se presta atención a las necesidades económicas que el tirón demográfico exige.
La demografía es la variable cuantitativa y cualitativa más determinante de la actividad económica presente y venidera de un país; y lo es, junto con su edad y nivel de cualificación, mucho más que la aportación que puedan hacer los abundantes recursos naturales del territorio, el clima o la ubicación geográfica. Y por ello su evolución precisa de cierta planificación, por intervencionista que parezca el concepto. Pero las políticas poblacionales en España no han tenido tal atributo nunca, y siempre se han regido por la improvisación y los impulsos torrenciales de la migración. En 1980 tenía el país 37,5 millones de moradores, y ni una sola proyección apostaba por superar los 40 millones, porque ya se había desplomado la natalidad y solo algunos demógrafos alertaban del envejecimiento sin que se preparase ni una sola política natalista que atenuase el problema, ni mucho menos una inmigración ordenada.
Pero en 1997 se superaron los 40 millones de habitantes por gracia del efecto llamada que genera el crecimiento económico desatado por la plena integración de España en la Unión Europea y el potente salto liberalizador de la economía. La retroalimentación de crecimiento e inmigración se mantuvo a ritmo poderoso hasta bien entrada la crisis de 2008-2013 (entre 2000 y 2012 la población creció más de seis millones de personas, un 15,2%) y, tras un impasse de media docena de años, volvió a acelerarse en el último lustro, en el que pasó de 47 millones en 2019 a los 50 actuales.
Este gran salto se ha cubierto exclusivamente por inmigración irregular regularizada después en siete procesos reglados sucesivos (1986, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005 y 2026) y una especie de regularización dinámica consistente en revisiones individuales por arraigo, reagrupación familiar o permiso de trabajo, tal como detalla en un informe de Funcas de junio de este año Claudia Finotelli. Cuarenta años después del primer proceso, y tras un retroceso severo del avance vegetativo de los nativos, de los 50 millones de moradores del país, los naturales (nacidos en el país) no llegan a 40 millones. Solo en la última regularización han aflorado 1,2 millones de personas que ya vivían aquí y que tienen de forma mayoritaria edad laboral.
La aportación económica del fenómeno ha sido determinante para sostener el crecimiento, sin entrar en detalles. Pero la notable presión que la demanda de un 25% más de residentes genera sobre las infraestructuras del país, y que ha coincidido en parte con un parón en los procesos de inversión pública, ha dejado al descubierto las deficiencias en el equipamiento público y privado, especialmente en los grandes núcleos urbanos, ya que la asimetría en la densidad de población se ha intensificado, con zonas urbanas muy pobladas y otras cuasi desérticas, vaciadas, abandonadas.
En sanidad, en educación, en vivienda, etc., cuestiones en las que, como muy acertadamente ponía bajo La Lupa de los viernes en estas páginas Aurelio Medel, el deterioro es lacerante y encarece la vida de los ciudadanos. Pero los déficits llegan también a la movilidad, tanto por carretera como por tren o vía aérea, en un país que recibe a 100 millones de turistas al año y que vive en buena parte de ellos, o a la provisión de agua en las grandes ciudades, en los accesos viarios a ellas, en las infraestructuras de telecomunicaciones o en la provisión de energía.
Y en vez de echar el resto en cómo solventar estos asuntos, tras cuatro años sin la más mínima planificación presupuestaria, el debate político se centra en cuestiones banales con intereses de parte que enredan y confrontan a la opinión pública. La inversión pública ha resurgido un poco, muy poco, tras 15 años sometida a un papel secundario como víctima de la resaca de la crisis fiscal, mientras que en medio de la escasez de recursos se prioriza el gasto en prestaciones públicas. Pero en paralelo se combaten por interés estrictamente ideológico las iniciativas privadas que tratan de cubrir los huecos y déficits que deja la pública en una economía teóricamente abierta. Pasa en la sanidad y pasa en la educación secundaria y universitaria, servicios en los que el deterioro general es severo y en los que, sin la aportación privada, el colapso sería homérico.
Los recursos públicos han sido escasos en los últimos años, pero, además, una muy buena parte de ellos se ha destinado exclusivamente a cubrir la depreciación de los activos (nada menos que 75 de cada 100 euros, según un informe del IVIE), y el salto cualitativo esperado de los fondos europeos queda empequeñecido por las nuevas necesidades de inversión advertidas en los informes de Draghi y Letta, y que Europa solo podrá financiar, si logra concitar el consenso político, con deuda.
Por delante, por tanto, muchas necesidades, poco dinero y ninguna voluntad política. Pero volvamos al principio, que todo es susceptible de empeorar: las proyecciones de población para 2040, dentro de solo 14 años, apuntan a 54 millones de personas, cuatro millones más que ahora. ¿Serán atendidas sus necesidades como se merecen, o ignoradas y despreciadas como hasta ahora?
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