La apertura en una notaría de los sobres con las cinco ofertas sobre los activos de Tubos Reunidos (TR) ha evidenciado que todas las propuestas incluyen una reducción de la plantilla de 1.300 trabajadores y que solo una opta a adquirir las dos plantas del grupo, ubicadas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). Por el precio simbólico de un euro. El quinteto también coincide en que habrá que cambiar las actuales condiciones de trabajo.
Tan solo una propuesta plantea la compra de las dos fábricas del grupo, y por un euro
Tan solo una propuesta plantea la compra por un euro de las dos fábricas del grupo
La apertura en una notaría de los sobres con las cinco ofertas sobre los activos de Tubos Reunidos (TR) ha evidenciado que todas las propuestas incluyen una reducción de la plantilla de 1.300 trabajadores y que solo una opta a adquirir las dos plantas del grupo, ubicadas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). Por el precio simbólico de un euro.
En relación con las cantidades económicas que recogen las propuestas, dos ofrecen el pago simbólico de un euro (una de ellas la citada). Otro grupo puja más fuerte. Está dispuesto a desembolsar 27,5 millones, pero solo le interesa la planta de Trapagaran. Estas instalaciones también centran la atención en exclusiva de otros dos ofertantes. Dispuestos a abonar un millón de euros y 100.000 euros, respectivamente.
No se conoce oficialmente la identidad de los grupos que participan en la puja. Entre ellos están Sidenor, Tubacex y la corporación india Welspun.
La red industrial de TR se reparte por Amurrio, donde tiene su principal fábrica y la acería, y por las instalaciones de Trapagaran (Bizkaia). Una base fabril que se completa con el centro de roscado de equipos de Iruña de Oca (Álava) y con una planta de acabado de tubos en Texas (Estados Unidos).
Allí se exportan los tubos que elabora en España y que por tanto son penalizados por los aranceles del 50% que el presidente del país, Donald Trump, ha impuesto en su segundo mandato en la Casa Blanca.
La plantilla de más de 1.300 trabajadores se reparte por las instalaciones de Amurrio (900 empleados), Trapagaran (400) e Iruña de Oca con 80.
La siderúrgica presentó concurso de acreedores el pasado 4 de mayo con un pasivo de unos 300 millones. La magistrada María Teresa Trinidad, al frente del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, aceptó el informe del grupo y nombró a PKF Attest como administrador del proceso.
Hasta siete grupos presentaron ofertas por los activos de TR, tras concluir la fase de consulta de los datos de la empresa alavesa. PKF Attest seleccionó el quinteto que ahora puja por los activos de Tubos Reunidos. En propuestas por la totalidad o por lotes.
El administrador tendrá que lidiar ahora con los acreedores para negociar las quitas. La partida más complicada y de mayor pasivo, en concreto 150 millones, corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El préstamo inicial, de 112,8 millones, alcanza ahora los citados 150 millones por el recargo de los intereses.
La Justicia investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la citada financiación, dentro del caso Leire Díez. SEPI otorgó el crédito en condiciones especiales al considerar que TR es una empresa estratégica para el país. Exporta más del 90% de su producción y es el único fabricante de tubos sin soldadura de España, junto con Tubacex.
Los aranceles de Estados Unidos a la importación de equipos de acero y aluminio supusieron un duro revés para la industria de Amurrio, ya que concentra más del 50% de sus ventas en este mercado. Este bloqueo comercial le generó una pérdida anual de 50 millones. Una crisis agudizada por la inflación de los costes de la energía y de las materias primas, que se han disparado con el conflicto bélico del estrecho de Ormuz.
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