Una multa de 890 millones de euros parece poca cosa cuando se repasa el historial de sanciones que acumula Google, la empresa del archiconocido buscador digital. El historial arrancó en 2017 con una sanción cercana a los 2.500 millones y con los años fue creciendo. Después hubo tres más. Son cinco en total. La suma de todas supera de largo los 10.000 millones de euros, lo que la convierte en la empresa con las sanciones más elevadas recibidas hasta ahora. Hay una excepción con Apple, que tuvo que devolver 14.000 millones en impuestos por ayudas fiscales ilegales, aunque técnicamente no era una sanción. Pero todavía es pronto para aventurar una cifra definitiva, porque los jueces no han dicho la última palabra. Y que el último castigo, anunciado esta semana, sea el más bajo no ha servido para calmar a la Administración de Donald Trump. Al contrario. El presidente anunció este viernes nuevos aranceles a la UE por la imposición de esa multa.
La empresa del grupo Alphabet es la que acumula las sanciones más elevadas por conductas contra la competencia en la UE
Una multa de 890 millones de euros parece poca cosa cuando se repasa el historial de sanciones que acumula Google, la empresa del archiconocido buscador digital. El historial arrancó en 2017 con una sanción cercana a los 2.500 millones y con los años fue creciendo. Después hubo tres más. Son cinco en total. La suma de todas supera de largo los 10.000 millones de euros, lo que la convierte en la empresa con las sanciones más elevadas recibidas hasta ahora. Hay una excepción con Apple, que tuvo que devolver 14.000 millones en impuestos por ayudas fiscales ilegales, aunque técnicamente no era una sanción. Pero todavía es pronto para aventurar una cifra definitiva, porque los jueces no han dicho la última palabra. Y que el último castigo, anunciado esta semana, sea el más bajo no ha servido para calmar a la Administración de Donald Trump. Al contrario. El presidente anunció este viernes nuevos aranceles a la UE por la imposición de esa multa.
Además de esta última decisión, a Estados Unidos también le molestan otras dos de hace una semana que no acarrearon sanción alguna, pero sí conllevan un cambio en el modelo de negocio al gigante estadounidense a compartir los datos que usa su motor de búsqueda con otros competidores. Porque las cinco multas, como otras decisiones adoptadas por Bruselas sobre Alphabet, la matriz propietaria de Google o Android, son por varios casos relacionados con las reglas europeas del mercado. El primero, el de Google Shopping, ya confirmado por el Tribunal de Justicia de la UE, era por situar en una mejor posición a su servicio de comparación de precios en los resultados del buscador. El segundo, que acabó con el castigo más alto (4.125 millones), llegó por vincular licencias de algunos de sus productos (Google Play Store) la preinstalación de Chrome y Google Search.
No es que la Comisión solo actúe sobre Google, como recuerda el propio Ejecutivo de la UE cuando advierte que “impone sanciones a numerosas empresas a través de sus distintos instrumentos de competencia”. Y, en todo caso, el Ejecutivo comunitario rechaza cualquier vínculo entre estas medidas y las posibles reacciones comerciales en Washington. “Nuestra obligación es cumplir con la ley y garantizar que las normativas adoptadas por nuestras instituciones soberanas se apliquen plenamente y se respeten”, defendió la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, este jueves, antes de conocer la represalia de Trump.
Para contextualizar la estrategia, la Comisión echa mano de dos sanciones a Apple y Meta en 2025. No obstante, también el año pasado Bruselas planteó la posibilidad de que Alphabet vendiera parte de su negocio de publicidad para acabar con la situación de dominio en este sector. Este caso, que conllevó una multa cercana a los 3.000 millones, sigue abierto, porque en Estados Unidos también hay un juzgado que está dirimiendo sobre esta situación tras una condena judicial.
Cada caso de Google tiene sus propias particularidades, pero en definitiva, lo que suele aparecer al final del análisis jurídico de la Comisión es un abuso de posición dominante en el mercado. “Estos casos no son como cartel de empresas, en los que se pone una multa para disuadir y se prohíbe el comportamiento. Con estos asuntos, no es algo que funcione una vez y ya. Se necesita controlar en el tiempo y llegar a un acuerdo sobre lo que significa poner fin a la infracción”, apunta Pablo Ibáñez Colomo, catedrático de Derecho de la Competencia en la London School of Economics. Para ilustrar esto último, recuerda que, por ejemplo, todavía hay quejas de terceros sobre ese caso de 2017 sobre cómo está aplicando Google las medidas impuestas por Bruselas. Y, de hecho, un elemento del castigo del jueves se parece mucho al de hace nueve años.
Para el gigante estadounidense, como dijo nada más conocer la última medida, esta implementación de la norma “causa problemas en el uso cotidiano de productos”. “Esto supone un deterioro de los productos impulsado por un pequeño grupo de denunciantes que solo buscan su propio beneficio”, añadió.
Lo que busca la Comisión con sus multas, en última instancia, es corregir la situación y cambiar la actitud de las empresas. Pero, ¿son suficientes? “Aunque las multas son elevadas en términos absolutos, en realidad son pequeñas si se comparan con los beneficios de Google durante el periodo en cuestión”, apunta por correo electrónico la estadounidense Fiona Scott-Morton, economista especializada en Competencia.
Esto se ve con claridad tomando solo los ingresos de Alphabet en 2025, más de 400.000 millones de dólares (unos 360.000 millones de euros). Aunque esta profesora de la Universidad de Yale cree que “las multas no es lo más importante”, sino asegurar que se despliega con eficacia el reglamento de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), una norma que, en esencia, revierte la carga de la prueba en las investigaciones sobre las grandes empresas digitales para aligerarlas. El argumento de esta prestigiosa investigadora también lo suele utilizar la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, máxima responsable de la regulación y supervisión de los mercados en la UE. “El objetivo principal es, claramente, garantizar el cumplimiento de la ley, y las multas son solo un último recurso”, apuntan los portavoces del Ejecutivo de la UE.
Tanto para Scott-Morton como para Ribera, lo importante ahora es aplicar el reglamento de mercados digitales, una norma europea reciente que permite a las autoridades comunitarias actuar con mucha más celeridad que en el pasado. Scott-Morton cree que ya se están viendo los efectos de esto y apunta a las decisiones de la semana pasada para que Google dé acceso a asistentes de inteligencia artificial de terceros y a la obligación de compartir los datos con otros motores de búsqueda. Fuentes del sector apuntan a este último punto como un elemento muy significativo y transmiten cierta preocupación sobre los datos, pese a que la Comisión defendió que debía garantizarse el anonimato.
Las novedades legales permiten, sobre el papel, corregir rápido la situación. Un ejemplo: la Comisión empezó a investigar el caso de Google Shopping en 2010 y multó a la empresa en 2017; en cambio, la decisión de este jueves llegó tras poco más de un año de investigación y conversaciones con la empresa. “El DMA es más eficaz porque te permite ir más rápido”, señala Cecilio Madero, antiguo alto cargo del departamento de Competencia, y cuya afirmación parte de la experiencia de haber llevado casos históricos de la Comisión, como el de Microsoft. Él, a diferencia de Scott-Morton, da más importancia a la cuantía de las multas.
Y cuando a este exfuncionario europeo se le pregunta por qué Google es la más castigada, apunta a su propia posición en el mercado: “Es la puerta de entrada. Todo el mundo necesita la búsqueda”, argumenta. Eso deja a esta compañía más expuesta pese a ser más colaboradora que otras, apuntan fuentes conocedoras de este tipo de casos.
El profesor Ibáñez Colomo, en cambio, cree que Alphabet ha sido la empresa más “disruptiva” en los últimos años. Lo ilustra con las quejas que suele recibir la Comisión, que es habitual que ponga en marcha expedientes después de recibir reclamaciones de empresas o sectores afectados. “Hay que echar un vistazo a la cantidad de firmantes en las cartas a la Comisión: agencias de viajes, prensa, comparadores de precios. Mucha gente siente que les perjudica”, resume.
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