Sofía (nombre ficticio) tenía 16 años y necesitaba tratamiento psiquiátrico urgente. Su situación era grave. Los especialistas le recomendaron acudir a un hospital de día para tratar sus problemas de salud mental. Había un inconveniente: no le asignaron una plaza ni tramitaron su ingreso a ningún centro público. Su padre, asustado, decidió acudir a una clínica privada y pagar el tratamiento de su bolsillo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha reconocido su derecho a recuperar esos gastos, que ascienden a 9.969 euros. La justicia considera que la asistencia sanitaria era urgente y vital. Y retrasarla, subrayan los magistrados, habría supuesto un grave riesgo para la salud de la adolescente.
La menor necesitaba atención urgente y su familia intentó obtenerla mediante los servicios públicos antes de acudir a una clínica privada
La menor necesitaba atención urgente y su familia intentó obtenerla mediante los servicios públicos antes de acudir a una clínica privada
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Sofía (nombre ficticio) tenía 16 años y necesitaba tratamiento psiquiátrico urgente. Su situación era grave. Los especialistas le recomendaron acudir a un hospital de día para tratar sus problemas de salud mental. Había un inconveniente: no le asignaron una plaza ni tramitaron su ingreso a ningún centro público. Su padre, asustado, decidió acudir a una clínica privada y pagar el tratamiento de su bolsillo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha reconocido su derecho a recuperar esos gastos, que ascienden a 9.969 euros. La justicia considera que la asistencia sanitaria era urgente y vital. Y retrasarla, subrayan los magistrados, habría supuesto un grave riesgo para la salud de la adolescente.
Según los hechos probados de la sentencia, que puede consultar en este enlace, la menor estudiaba secundaria en un instituto público de Toledo en 2022. Acudió al departamento de pediatría del colegio. La orientadora del centro educativo pidió ayuda especializada y advirtió que cualquier demora en el tratamiento podía agravar el estado de la adolescente. Posteriormente viajó a Madrid para continuar sus cuidados. En la capital fue atendida en urgencias psiquiátricas y en un centro de salud mental. Allí, un especialista recomendó que la opción más adecuada era un hospital de día. Esa recomendación quedó en papel mojado.
El padre contrató los servicios de un hospital privado ocho días después. La adolescente ya presentaba síntomas preocupantes. Entre ellos, impulsividad, autoagresividad y múltiples autolesiones, según su informe médico. El tratamiento de la clínica funcionó. La paciente recibió el alta médica y continuó después con asistencia ambulatoria. Sin embargo, esta mejoría dejó una factura considerable. Las mensualidades del tratamiento oscilaron aproximadamente entre los 970 y 1.165 euros.
De ventanilla en ventanilla
El padre decidió iniciar una batalla judicial para que el seguro escolar del colegio se hiciera cargo de los costes del tratamiento. Antes incluso de que ingresara en el centro privado solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social la prestación de servicios de neuropsiquiatría, que incluía el seguro escolar. La oficina de Madrid rechazó la petición porque el seguro estaba registrado en otra comunidad autónoma. El progenitor acudió entonces a la dirección provincial de Toledo, pero su expediente fue remitido de nuevo a la capital. El hecho de que la menor estudiara en Castilla- La Mancha y recibiera parte del tratamiento sanitario en Madrid abrió un laberinto administrativo.
El progenitor presentó una segunda solicitud alegando que su hija padecía una enfermedad grave que necesitaba atención inmediata. También fue rechazada. La administración sostenía que la asistencia recibida no estaba cubierta por el seguro escolar y que el tratamiento tampoco podía considerarse urgente, inmediato y vital.
El tribunal manchego rechazó esos argumentos. La normativa del seguro escolar sí incluye la asistencia neuropsiquiátrica y psiquiátrica. Además, las magistradas hacen hincapié en que el padre había solicitado la cobertura del seguro antes de que su hija comenzara el tratamiento. Sin embargo, recibió respuestas negativas o fue derivado entre distintas administraciones, sin que se le facilitara una solución asistencial pese a la urgencia del caso.
Las magistradas se apoyan también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el que afirma que, para que la Administración deba costear la asistencia sanitaria privada, tienen que cumplirse tres requisitos: que el tratamiento sea urgente, inmediato y vital; que el paciente haya intentado recibirlo en la sanidad pública sin conseguirlo a tiempo; y que acudir a una clínica particular no responda a una simple preferencia personal. Para las magistradas, la familia cumplió todas las condiciones.
La sentencia pone foco también en un elemento clave: la falta de respuesta por parte de la Administración. “No fue la paciente quien decidió apartarse de la sanidad pública y acudir a la sanidad privada, sino que fue el propio Servicio Público de Salud quien le introdujo en ese camino al indicarle que el tratamiento adecuado sería a través del Hospital de Día, no facilitándose ni derivándola a ningún centro público en que se llevara a cabo”, subraya el fallo.
El tribunal confirma así la condena a reintegrar 9.969 euros. La cantidad no cubre todo el tratamiento, sino únicamente las mensualidades correspondientes al periodo en el que Sofía permaneció matriculada en un centro educativo de Castilla-La Mancha y estaba protegida por el seguro escolar de esa comunidad. Cuando continuó sus estudios en Madrid, los gastos posteriores quedaron fuera de la condena. La Administración deberá pagar también 800 euros en costas por los honorarios del abogado de la familia.
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