El desahucio en directo de Maricarmen Abascal, producido ayer ante los medios de comunicación en un barrio céntrico de Madrid no es solo la triste crónica de una noticia anunciada (era la cuarta intentona) sino el símbolo que refleja el fracaso absoluto del Estado en materia de vivienda. Ni sus 87 años de existencia ni su extrema vulnerabilidad (sin recursos suficientes y con una dependencia del 50%) han servido para evitar la expulsión de su hogar, donde llevaba 70 años habitando.
La expulsión de una mujer de 87 años de su casa evidencia que ninguna administración ha cumplido su papel
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
La expulsión de una mujer de 87 años de su casa evidencia que ninguna administración ha cumplido su papel
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El desahucio en directo de Maricarmen Abascal, producido ayer ante los medios de comunicación en un barrio céntrico de Madrid no es solo la triste crónica de una noticia anunciada (era la cuarta intentona) sino el símbolo que refleja el fracaso absoluto del Estado en materia de vivienda. Ni sus 87 años de existencia ni su extrema vulnerabilidad (sin recursos suficientes y con una dependencia del 50%) han servido para evitar la expulsión de su hogar, donde llevaba 70 años habitando.
En este Estado descentralizado nadie ha cumplido su función. Ni el Gobierno ni el Congreso (donde representan a los españoles de todos los colores políticos) se han puesto de acuerdo para evitar este tipo de circunstancias ante un derecho como el de la vivienda que ha quedado demostrado que no se torna en fundamental cuando aparece la rentabilidad y el beneficio empresarial. Tampoco la comunidad autónoma ni el ayuntamiento, competentes en la materia, han sabido proveer de los servicios mínimos, como una solución habitacional adecuada para la octogenaria.
Tampoco la justicia ha sabido parar el golpe, ante la insuficiencia técnica e inoperancia del legislador, como ya ha ocurrido en otras tantas ocasiones. Solo la presión social y el activismo creciente de asociaciones y vecinos (que recuerda a tiempos pasados de hartazgo ligados al 15-M) ha puesto sobre la mesa una situación dramática que conecta con una gran inquietud social.
Lo importante ya no es solo encontrar un lugar digno para Maricarmen sino abordar las razones del problema, que llevan años gestándose y afectan a decenas de miles de personas en toda España. Los centros de las ciudades se gentrifican para dar paso como única prioridad a la obtención del beneficio.
Es urgente actuar si no queremos que estos se conviertan en grandes parques temáticos para uso y disfrute de los turistas. Porque casi todos están amenazados de expulsión tarde o temprano: desde octogenarios con bajas pensiones hasta jóvenes sin acceso a su primera vivienda, pasando por pequeños negocios sin posibilidad de acceder a un alquiler estratosférico. Hay que regular y legislar mejor para que todos tengamos cabida, ojalá que fuera desde un pacto de Estado que hoy se ve imposible.
El derecho a la propiedad y a la obtención de beneficios están protegidos por las leyes, y debe cuidarse la seguridad jurídica. Pero ello no puede arrinconar al uso de una vivienda digna, consagrado en la Constitución. Tarde llegan ya las Administraciones y sus gestores en abordar el problema. Mientras no se haga, el tiempo estará abonado para la indignación y el bochorno.
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