Si repasáramos las iniciativas que en materia energética se han propuesto por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, podríamos encontrar un máximo común divisor de ideas compartidas, más amplio de lo que cabría pensar, con el que España podría consolidar una posición más independiente y segura en la cobertura de sus necesidades energéticas.
Los partidos coinciden en qué hacer con renovables, redes y tarifas, y discrepan sobre cómo hacerlo
Si repasáramos las iniciativas que en materia energética se han propuesto por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, podríamos encontrar un máximo común divisor de ideas compartidas, más amplio de lo que cabría pensar, con el que España podría consolidar una posición más independiente y segura en la cobertura de sus necesidades energéticas.
Es verdad que, la mayoría de las veces, el tacticismo político y la falta de diálogo han sido la causa de que estas iniciativas, propuestas tanto por el Gobierno como por la oposición, no cristalizaran. Pero, si al final no hubo acuerdo, la realidad es que no fue por falta de coincidencia en el qué hacer, sino, más bien, en el cómo.
Desde la Fundación Renovables hemos propuesto a todos los partidos políticos firmar un decálogo que engloba el posicionamiento mayoritario del sentir propositivo del Parlamento y que se podría resumir en los siguientes puntos.
El primer paso es el reconocimiento unánime de la necesidad de garantizar nuestra independencia energética del exterior y la seguridad de suministro para la cobertura de nuestras necesidades. Estamos sufriendo que las distintas crisis geopolíticas alteren la seguridad de suministro e introduzcan incrementos y volatilidad en los precios de la energía, alterando la vida social y económica, porque es un bien de primera necesidad y como motor que es de la economía.
La respuesta a la seguridad e independencia de suministro es garantizar que la energía sea accesible y competitiva para todos los consumidores. La apuesta por las renovables para la generación de electricidad debe ir acompañada del compromiso de limpiar la tarifa eléctrica de cargos que reducen la competitividad de la economía y hacen que la pobreza energética se haya convertido en un problema estructural. Necesitamos configurar una tarifa eléctrica comprensible, en la que el precio final tenga correspondencia con los costes que lo originan. Debe ser un compromiso ineludible de futuro.
En paralelo, es necesario disminuir la carga impositiva para la transición energética, especialmente en lo que respecta a la electrificación. Como he señalado anteriormente, la energía es un bien de primera necesidad y el motor de la economía, por lo que la fiscalidad debe servir para adecuar las costumbres de consumo y potenciar la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, frente a un objetivo exclusivamente recaudatorio.
Para avanzar en esta dirección, España debe apoyar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética. Nuestro país dispone de recursos renovables y superficie aprovechables de forma diferencial, evitando conflictos sociales. Utilizar nuestros recursos de forma eficiente es necesario para aprovechar la oportunidad de disponer de energía final barata, sostenible y de acceso universal. No obstante, este potencial solo podrá desarrollarse plenamente si se acompaña de las infraestructuras necesarias.
El desarrollo y la modernización de las redes eléctricas y de las interconexiones europeas son la llave para crecer y para que nuestras propuestas de oferta renovable y de implementación de nuevas demandas puedan tener cabida. La Comisión Europea no ha sido diligente en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de Barcelona para que España deje de ser una isla energética.
Esta transformación debe extenderse a la movilidad y al transporte. La industria del automóvil y la transformación de la movilidad y del transporte terrestre y por ferrocarril demandan una posición firme y cohesionada que permita no solo mantener nuestra capacidad industrial, sino también que la movilidad y el transporte vertebren España. Se trata de avanzar hacia modelos eficientes y descarbonizados, sin perder de vista la importancia de estas actividades para el tejido productivo y la articulación territorial.
La misma visión debe aplicarse a la industria. La reindustrialización de la cadena de valor tiene que estar ligada a la transición energética. Tenemos mercado, tenemos precios de la energía más reducidos, tenemos experiencia y capacidad industrial para generar acuerdos de desarrollo conjuntos e iniciativas nacionales que garanticen que esa apuesta tenga una correspondencia con la generación de valor económico. El futuro está en avanzar en una política energética que permita construir aquí lo que ahora importamos.
Pero este desarrollo que debe impulsar la transición no puede concentrarse únicamente en los grandes centros urbanos e industriales. La España rural debe convertirse en el granero de las oportunidades que hay que crear, asumiendo que la generación de valor y la aceptación social tienen que ir de la mano. Disponemos de capacidad territorial para que la transición energética se realice en paralelo al desarrollo del medio rural.
En las ciudades, la regeneración urbana y la rehabilitación de edificios deben ser también piezas fundamentales de esta transformación. El 80 % de la población vive en ciudades, cada día más tensionadas por la problemática de la vivienda y de la zonificación económica. El desarrollo urbano pasa por recuperar los barrios como unidad cultural y avanzar hacia una dimensión urbana más humana, con criterios de calidad y cercanía a los servicios disponibles.
Por último, es necesario avanzar hacia un turismo sostenible. El turismo representa más del 15 % del PIB y es la actividad de mayor peso en la economía de España. Sin embargo, su crecimiento constante en número de viajeros ha hecho que la presión territorial esté convirtiendo la capacidad de generar riqueza en una disfunción. Tenemos que poner límites a las prácticas no deseadas y favorecer un desarrollo turístico integrado e interconectado con la vida de los territorios y de sus habitantes.
El desarrollo social y económico no depende solo de lo acertadas que sean las políticas, sino también de que estas nazcan fruto del diálogo y de un consenso que garantice su continuidad en el tiempo. Solo así todos los agentes sociales y económicos podrán tener la certeza de que las decisiones adoptadas, que suponen una apuesta en el futuro, responden a un pacto político de largo plazo.
El bien común, entendido como base del bienestar y del progreso, debe ser un objetivo que todos y todas contribuyamos a desarrollar, poniendo a la sociedad por delante del individuo. Esto debería hacernos reflexionar sobre el hecho de que en las elecciones del 29 de noviembre nuestro futuro depende de la necesidad de alcanzar consensos que garanticen la continuidad de las medidas. El Gobierno que salga de las urnas no solo debería contar con el reconocimiento democrático de todos, sino que también tendría que garantizar la estabilidad política en materia de transición energética, estabilidad de la que no hemos disfrutado hasta ahora.
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