España protagonizó uno de los mayores aumentos de la presión fiscal de la Unión Europea durante 2025, de casi un punto. El avance responde tanto al crecimiento de la recaudación tributaria como al dinamismo del empleo, que ha impulsado los costes laborales. De esta manera, el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto se elevó nueve décimas en apenas un año, hasta alcanzar una ratio del 38,1% del PIB. Según los datos actualizados recientemente por Eurostat, el avance sitúa a España en el grupo de países donde más aumentó el indicador, con un ritmo similar al de Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. Pese a ello, la carga tributaria española continúa notablemente por debajo de la media europea y de la zona euro, así como de la registrada por las principales economías del continente.
La ratio de ingresos y cotizaciones sobre la riqueza del país aumentó casi un punto en 2025, hasta el 38,1% del PIB
España protagonizó uno de los mayores aumentos de la presión fiscal de la Unión Europea durante 2025, de casi un punto. El avance responde tanto al crecimiento de la recaudación tributaria como al dinamismo del empleo, que ha impulsado los costes laborales. De esta manera, el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto se elevó nueve décimas en apenas un año, hasta alcanzar una ratio del 38,1% del PIB. Según los datos actualizados recientemente por Eurostat, el avance sitúa a España en el grupo de países donde más aumentó el indicador, con un ritmo similar al de Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. Pese a ello, la carga tributaria española continúa notablemente por debajo de la media europea y de la zona euro, así como de la registrada por las principales economías del continente.
Los datos de la oficina estadística comunitaria, que en algunos casos todavía son provisionales, reflejan que la presión fiscal alcanzó el 40,7% del PIB en el conjunto de la Unión Europea, medio punto más que en 2024. En la zona euro, la ratio se situó en el 41,2%, con un incremento de seis décimas. La diferencia con España sigue siendo considerable: 2,6 puntos porcentuales respecto a la media comunitaria y 3,1 frente a los países que comparten moneda.
La distancia es todavía mayor respecto a las principales economías del continente. Francia registra una presión fiscal del 46%, Italia del 43% y Alemania del 41,4%. Bélgica, Austria y los países nórdicos también están por encima. En el extremo opuesto de la escala se sitúan Irlanda (22,7%), Rumania (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%), que registran los índices más bajos.
Para el conjunto de la UE, Eurostat explica que las cotizaciones sociales contribuyeron al aumento del indicador, al pasar del 13,9% al 14,3% del PIB entre 2024 y 2025. En cambio, los impuestos sobre la producción y las importaciones se mantuvieron en el 12,9%, mientras que los impuestos sobre la renta y el patrimonio aumentaron ligeramente, hasta el 13,2%.
El repunte español, por su parte, responde fundamentalmente al fuerte crecimiento de la recaudación, que ha avanzado a un ritmo muy superior al de la economía, que ya de por sí destacó como la más dinámica de las grandes potencias europeas. Los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros en 2025, frente a los 294.734 millones del ejercicio anterior. Son 30.622 millones más en un solo ejercicio, lo que supone un incremento del 10,4%. El avance contrasta con el crecimiento real del PIB, del 2,6%, aunque para calcular la presión fiscal hay que tener en cuenta el aumento nominal de la economía, que incluye el efecto de los precios y que, en cualquier caso, también fue menor que el tirón recaudatorio. En España también influyó el aumento de los costes en cotizaciones sociales, al calor del buen comportamiento del mercado laboral.
La presión fiscal es una métrica estrechamente vinculada al debate sobre la fortaleza del Estado del bienestar y la capacidad de las administraciones para financiar los servicios públicos demandados por la sociedad. Su evolución refleja el peso que los ingresos procedentes de impuestos y cotizaciones sociales tienen sobre el conjunto de la economía y, por tanto, cuál es el nivel de los recursos disponibles para sostener servicios y prestaciones como la sanidad, la educación, las pensiones o la protección social, así como otros compromisos de gasto. A diferencia de otras elucubraciones como el esfuerzo fiscal, el cálculo de la presión está estandarizado y permite a organismos como la UE o la OCDE establecer comparaciones entre países.
El indicador depende tanto de cuánto ingresan las administraciones como de cuánto crece la economía, que actúa como denominador de la operación. Tal y como explica Eurostat, cuando los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales aumentan más deprisa que el PIB, su peso relativo se eleva. Si la economía avanza a un ritmo similar o superior, el efecto sobre la presión fiscal se modera. En España, pese al tirón económico de 2025, se ha producido el primero de esos escenarios. Es un fenómeno que se ha dado con todavía más intensidad en países como Alemania y Francia, donde el indicador también ha avanzado en un contexto de crecimiento muchísimo más débil.
Impuestos e inflación
En la parte fiscal, una parte muy importante del incremento español se explica por la evolución de las principales figuras tributarias. La recaudación del IRPF creció un 10,1% en 2025, la del impuesto sobre sociedades lo hizo un 8,1% y la del IVA, un 9,9%. Detrás de estos avances se encuentran tanto el crecimiento de las bases imponibles como los cambios normativos, así como la escalada de la inflación y sus efectos sobre el impuesto sobre la renta ―por la falta de deflactación de la tarifa― y sobre los impuestos al consumo.
La evolución de este indicador en los últimos años está estrechamente ligada a los vaivenes económicos que ha atravesado el continente. La pandemia dejó una de las primeras grandes distorsiones en las estadísticas de presión fiscal. Los confinamientos y las restricciones a la actividad provocaron una contracción histórica del PIB en 2020, especialmente intensa en España. La caída de la actividad redujo también los ingresos públicos, pero el denominador de la ratio se contrajo con mucha más fuerza, dando como resultado un fuerte incremento del peso relativo de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre la economía.
La posterior recuperación económica fue moderando la presión fiscal, pero la escalada de los precios volvió a alterar la relación entre los ingresos públicos y el tamaño de la economía. La inflación elevó el valor nominal de los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, lo que impulsó la recaudación. En el caso del IRPF, la falta de actualización de la tarifa en línea con la inflación hizo que parte de los aumentos salariales nominales se tradujeran en una mayor tributación. En el IVA, el encarecimiento de los bienes y servicios, así como la recuperación de algunos tipos impositivos, amplió la base sobre la que se aplica el impuesto. Todo ello contribuyó a elevar la ratio de ingresos sobre PIB.
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