Durante años, Europa se ha acostumbrado a una contradicción que ahora empieza a considerar peligrosa: ser una de las mayores potencias regulatorias del mundo digital mientras dependía de otros para buena parte de la tecnología que esas normas pretendían ordenar. Bruselas ha construido en la última década un arsenal legislativo para poner límites al poder de las grandes plataformas, desde el Reglamento General de Protección de Datos hasta la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Pero mientras Europa legislaba, Estados Unidos y China construían empresas, centros de datos, chips, plataformas de nube y modelos de inteligencia artificial a una escala que ninguna compañía europea ha conseguido alcanzar.
Bruselas busca desarrollar capacidades propias en chips, nube e inteligencia artificial para alcanzar una verdadera soberanía tecnológica frente a EE UU y China
Durante años, Europa se ha acostumbrado a una contradicción que ahora empieza a considerar peligrosa: ser una de las mayores potencias regulatorias del mundo digital mientras dependía de otros para buena parte de la tecnología que esas normas pretendían ordenar. Bruselas ha construido en la última década un arsenal legislativo para poner límites al poder de las grandes plataformas, desde el Reglamento General de Protección de Datos hasta la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Pero mientras Europa legislaba, Estados Unidos y China construían empresas, centros de datos, chips, plataformas de nube y modelos de inteligencia artificial a una escala que ninguna compañía europea ha conseguido alcanzar.
La inteligencia artificial ha hecho saltar por los aires esa contradicción. La tecnología ha dejado de ser únicamente una cuestión de competitividad empresarial para convertirse en una cuestión de poder. La nube, los centros de datos, los semiconductores, las redes, el software y la capacidad de computación se han convertido en infraestructuras estratégicas. Quien las controla no solo vende un servicio: puede condicionar la capacidad de decisión de quienes dependen de ellas.
La magnitud de la dependencia europea se aprecia en un dato especialmente contundente: el 92% de los datos occidentales se almacena en infraestructuras estadounidenses, según un análisis de Oliver Wyman sobre soberanía digital europea. El problema, por tanto, no es únicamente que Europa utilice aplicaciones o servicios creados fuera de sus fronteras. Una parte esencial de la información sobre la que funciona la economía occidental está alojada en infraestructuras que Europa no controla.
La propia Comisión Europea ofrece otra medida de esa dependencia: la Unión depende de países no pertenecientes a la UE para más del 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digitales, según los datos recogidos por las instituciones comunitarias y por el Parlamento Europeo en su resolución sobre soberanía tecnológica de enero de 2026. La cifra ayuda a explicar por qué Bruselas ha dejado de considerar la dependencia tecnológica una cuestión exclusivamente empresarial para tratarla como un problema estratégico.
La Comisión Europea ha asumido ese diagnóstico y está intentando cambiar el modelo. No se trata de expulsar a las compañías estadounidenses del mercado europeo ni de construir una fortaleza digital aislada de Estados Unidos y China. La idea que empieza a imponerse en Bruselas es que Europa debe disponer de alternativas propias suficientes para poder elegir, negociar y, llegado el caso, prescindir de un proveedor extranjero en aquellas tecnologías que considere críticas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo resumió el pasado 3 de junio de 2026 al presentar el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica: “No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que garantizan el funcionamiento de nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios”. Y añadió: “Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones”.
El paquete presentado por Bruselas el 3 de junio es la expresión más clara de ese cambio. La Comisión ha planteado dos nuevas propuestas legislativas, la Chips Act 2.0 y la Cloud and AI Development Act, conocida como CADA, acompañadas de una estrategia europea de código abierto y de una hoja de ruta para la digitalización y la inteligencia artificial en el sector energético. No son todavía leyes aprobadas, sino propuestas que deben recorrer el proceso legislativo comunitario, pero muestran hacia dónde quiere llevar Bruselas la política tecnológica europea.
La radiografía del mercado de la nube es todavía más expresiva. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, los tres grandes hiperescaladores estadounidenses, concentran alrededor del 70% del mercado europeo de infraestructura cloud, mientras los proveedores europeos representan alrededor del 15%. En 2017 estos últimos tenían alrededor del 29% del mercado; cinco años después habían caído al 15%, cuota que desde entonces se ha mantenido prácticamente estancada.
Un hiperescalador es un gigante tecnológico que opera enormes redes de centros de datos y ofrece a otras empresas capacidad de computación, almacenamiento y servicios digitales bajo demanda. Su poder procede también de los ecosistemas que han construido: una empresa puede empezar utilizando almacenamiento y acabar apoyándose en el mismo proveedor para sus bases de datos, herramientas de desarrollo, ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial.
Ahí aparece el llamado vendor lock-in, el bloqueo del cliente dentro de una plataforma tecnológica. Cuanto más depende una empresa de un proveedor, más caro y complicado resulta cambiar. Europa lleva ya varios años intentando atacar ese problema desde la legislación. El Reglamento de Datos, o Data Act, que empezó a aplicarse en septiembre de 2025, establece medidas para facilitar el cambio de proveedor de servicios de procesamiento de datos, incluidos los servicios cloud y edge computing. La norma busca aumentar la interoperabilidad y la portabilidad y reducir los obstáculos técnicos y económicos que dificultan abandonar una plataforma.
El siguiente paso es el Digital Markets Act. En junio de 2026, la Comisión comunicó a Amazon y Microsoft su posición preliminar de que AWS y Azure deberían ser designados gatekeepers (guardianes de acceso) en virtud de la Ley de Mercados Digitales. Bruselas considera que ambos son los principales proveedores de cloud de la Unión, con posiciones consolidadas, elevados costes de cambio y fuertes efectos de bloqueo. La decisión todavía no es definitiva, pero supone llevar la lógica de regulación de las grandes plataformas al corazón de la infraestructura cloud. La nube ha dejado de ser para Bruselas un simple mercado de servicios informáticos y se ha convertido en una infraestructura estratégica.
La razón está en la inteligencia artificial. Los modelos avanzados necesitan cantidades gigantescas de computación. Para entrenarlos y ejecutarlos hacen falta procesadores especializados, centros de datos, almacenamiento, redes de alta velocidad y enormes cantidades de energía. La IA está convirtiendo los centros de datos en las fábricas donde se producirá buena parte de la economía digital del futuro.
El proyecto CADA
Por eso la Comisión ha diseñado la CADA. La propuesta pretende al menos triplicar la capacidad de los centros de datos de la Unión en los próximos cinco a siete años, acelerar y simplificar los permisos para construirlos, facilitar el acceso a energía, suelo, agua y financiación y garantizar suficiente capacidad informática para soportar la expansión de la inteligencia artificial y de los servicios cloud. También introduce un marco único europeo para evaluar la soberanía de la nube y la IA y prevé que las administraciones públicas puedan utilizarlo en sus decisiones de contratación.
La parte más novedosa de la CADA es precisamente esa definición de soberanía. Bruselas quiere dejar atrás la idea de que una nube es soberana simplemente porque los datos están físicamente dentro de la Unión. El nuevo marco contempla cuatro niveles: el primero exige que los datos se procesen y almacenen en infraestructuras situadas en la UE; el segundo añade independencia respecto de terceros países y transparencia sobre la cadena de suministro de software; el tercero exige que el proveedor sea propiedad y esté controlado desde la Unión; y el cuarto, el máximo, exige transparencia y control completos sobre la cadena de suministro de software y ausencia de interferencias de terceros países.
La cuestión es importante porque el servidor puede estar en Madrid y el control seguir estando en Seattle. Esa es precisamente la preocupación que Sebastián Muriel, chief digital officer de Telefónica, ha trasladado al debate europeo. En su artículo del diario económico Cinco Días (del grupo PRISA, sociedad editora de EL PAÍS) del 23 de mayo, titulado Europa, despierta: no se construye soberanía digital firmando contratos de alquiler, advertía de que “creer que la soberanía consiste solo en alojar datos en territorio europeo es claramente insuficiente”. Muriel señalaba que el Cloud Act estadounidense puede permitir a las autoridades de Estados Unidos reclamar información a compañías sujetas a su jurisdicción aunque los datos se encuentren físicamente fuera del país. “Madrid, Fráncfort o Dublín dan igual si la matriz está en Redmond o en Mountain View”, escribió. Y lanzó una de las frases que mejor resumen el problema: “Estamos propiciando que la soberanía se convierta en una etiqueta pegada sobre un contrato de alquiler”.
Esa “soberanía de alquiler” es el leitmotiv de la nueva estrategia europea. Europa no quiere dejar de utilizar tecnología estadounidense, sino evitar que su uso sea irreversible. La autonomía estratégica no significa independencia absoluta, sino suficiente capacidad propia para que una dependencia no pueda convertirse en una vulnerabilidad.
La Comisión intenta aplicar esa lógica a los semiconductores. La Chips Act 2.0 parte de que Europa representa algo menos del 10% de la producción mundial de semiconductores, según un análisis de Polytechnique Insights sobre la industria europea de semiconductores. La nueva propuesta pretende reforzar las capacidades europeas, desarrollar tecnologías de vanguardia, aumentar la resiliencia de la cadena de suministro y estimular la demanda interna de chips producidos en Europa.
El objetivo no es que Europa fabrique todos los chips que necesita. Sería poco realista. Lo que Bruselas intenta es que Europa no pierda las capacidades industriales que pueden resultar críticas cuando una cadena global se rompe. La experiencia de la pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las restricciones sobre determinados componentes tecnológicos han demostrado que una cadena de suministro aparentemente eficiente puede convertirse rápidamente en una fuente de vulnerabilidad.
La tercera pata del paquete es el código abierto. La Comisión pretende reforzar las alternativas abiertas en distintas capas de la tecnología y promover su utilización en las administraciones públicas. El razonamiento es que cuanto más dependa una administración de software propietario controlado por un proveedor externo, mayor será su dependencia tecnológica. El código abierto no garantiza por sí solo soberanía, pero puede aumentar el control europeo.
La cuarta pieza es la energía. La Comisión ha entendido que no puede impulsar una expansión masiva de los centros de datos sin resolver quién suministrará la electricidad que necesitarán. La hoja de ruta para la digitalización y la IA en la energía pretende integrar los centros de datos en el sistema energético europeo y coordinar la expansión de la capacidad informática con la disponibilidad de electricidad y los objetivos de descarbonización. La soberanía digital empieza así a depender también de la soberanía energética.
Falta de empleo cualificado
Hay otro problema menos visible, pero decisivo: el 60% de las empresas de la UE declara tener dificultades para contratar trabajadores cualificados en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías limpias, según el Parlamento Europeo. La falta de profesionales se ha convertido así en otro cuello de botella de la soberanía tecnológica: Europa puede disponer de centros de datos, capital y empresas, pero necesita ingenieros, especialistas en IA y expertos en ciberseguridad capaces de hacer funcionar ese ecosistema.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, ha formulado el problema desde una perspectiva geopolítica: “Estamos viviendo una revolución digital a escala mundial y una carrera global por dar forma al futuro de la inteligencia artificial. Europa no debe limitarse a participar en esta transformación, sino que debe liderarla”. El cambio de tono es evidente: Bruselas ya no pretende únicamente que las grandes tecnológicas respeten las reglas europeas, sino que existan empresas europeas capaces de desarrollar tecnología que pueda competir con ellas.
El esfuerzo inversor también está por debajo del de sus competidores. La Unión Europea destinó 381.400 millones de euros a I+D, el equivalente al 2,22% de su PIB, según el Informe sobre el Estado de la Década Digital 2025 de la Comisión Europea. Ese esfuerzo sigue lejos del de Estados Unidos y China: el análisis comunitario sitúa el gasto europeo un 34% por debajo del esfuerzo combinado de ambas potencias.
El resultado de esa menor inversión y de la dificultad para convertirla en empresas de escala mundial se refleja en la estructura empresarial. Solo cuatro de las 50 mayores compañías tecnológicas del mundo son europeas, un dato que Mario Draghi ya utilizó en su diagnóstico sobre la competitividad del continente. Y el panorama es todavía más revelador cuando se amplía la mirada: ninguna empresa europea figura entre las diez mayores compañías tecnológicas del mundo por capitalización, según el informe Global Top 100 Companies 2026 de PwC.
La brecha de la IA
La brecha se hace todavía más evidente en inteligencia artificial. El mejor modelo europeo de IA ocupaba en julio de 2026 el puesto 89 del ranking de Artificial Analysis, según la clasificación de la firma especializada. Todos los modelos situados por delante procedían de Estados Unidos o China. La cifra resume de forma casi brutal la distancia entre la ambición europea de construir una industria propia de inteligencia artificial y su posición actual en la carrera tecnológica.
Draghi puso buena parte de este diagnóstico sobre la mesa en su informe sobre la competitividad europea. Europa no solo estaba perdiendo posiciones en tecnología; estaba perdiendo capacidad para convertir su investigación en empresas de escala mundial. Un año después, el italiano fue todavía más directo: “La inacción amenaza no solo nuestra competitividad, sino también nuestra soberanía”. La palabra escala conecta su diagnóstico con el debate actual.
Europa tiene compañías tecnológicas, pero muchas son demasiado pequeñas; capital fragmentado y un mercado dividido por 27 jurisdicciones nacionales, fiscalidades y barreras regulatorias. El resultado es que Europa inventa, pero no siempre escala. Draghi señaló además que cerca del 30% de los unicornios creados en Europa habían trasladado posteriormente su sede al extranjero.
Ese es el problema que ahora intenta abordar Bruselas: no solo crear tecnología, sino conseguir que la tecnología creada en Europa se quede en Europa, encuentre financiación y se convierta en industria. Por eso la contratación pública adquiere importancia. En abril, la Comisión adjudicó contratos por hasta 180 millones de euros para servicios de cloud soberano destinados a las instituciones europeas. El movimiento no puede competir por volumen con las inversiones de los hiperescaladores estadounidense, pero puede convertir al sector público en cliente de referencia de los proveedores continentales.
Y la cuestión no termina en la nube o los centros de datos. Europa necesita 475.000 millones de euros de inversión en redes móviles hasta 2035 para completar su despliegue de 5G y recuperar liderazgo digital, según un estudio de GSMA Intelligence publicado en mayo de 2026. Con las condiciones actuales, los operadores europeos solo podrían movilizar unos 270.000 millones, lo que deja una brecha de inversión de 205.000 millones de euros, según el mismo estudio. La cifra es relevante porque los centros de datos y la inteligencia artificial no pueden funcionar al margen de las redes que conectan empresas, usuarios e infraestructuras.
El Financial Times analizó recientemente este giro en un reportaje de Barbara Moens publicado a finales de mayo. La periodista describía el paso desde una estrategia centrada en regular a las grandes tecnológicas hacia otra que pretende favorecer alternativas europeas en semiconductores, nube e inteligencia artificial. Moens resumía ese propósito con una expresión significativa: Europa debe “recuperar su lugar en la carrera mundial por el poder geoeconómico”.
Porque la soberanía digital ya no es solamente una cuestión de privacidad: tiene que ver con quién controla los datos, los chips, la computación, las redes y las infraestructuras críticas. Y Europa empieza a comprender que no puede garantizar todo eso únicamente con leyes. Necesita empresas, escala e inversión y, sobre todo, compañías europeas capaces de convertirse en protagonistas de esa infraestructura.
Feed MRSS-S Noticias
