La Securities and Exchange Commission nació tras el Crash de 1929, con el objetivo de dotar de confianza a los mercados públicos de capitales. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de facto, da amplios poderes al presidente del Gobierno, puede poner en riesgo la imagen de férrea independencia que tradicionalmente ha caracterizado a este organismo.
El supervisor bursátil estadounidense pierde el blindaje que protegía a sus cinco comisionados frente al poder político
La Securities and Exchange Commission nació tras el Crash de 1929, con el objetivo de dotar de confianza a los mercados públicos de capitales. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de facto, da amplios poderes al presidente del Gobierno, puede poner en riesgo la imagen de férrea independencia que tradicionalmente ha caracterizado a este organismo.
Proteger a los inversores, garantizar mercados justos, ordenados y eficientes, y promover la formación de capital. Esta es la labor de la SEC, según la propia SEC, cuyo triple mandato e historial han convertido en referencia global. Sin embargo, los últimos acontecimientos amenazan esta posición.
El origen se remonta a la destitución por parte de Donald Trump de Rebecca Kelly Slaughter, representante de la Federal Trade Commission, la autoridad estadounidense de competencia y protección del consumidor. Ante la apelación presentada por Slaughter, el Tribunal Supremo ha rechazado su petición, después de que Trump la cesara sin imputarle ninguna infracción legal, algo —hasta ahora— necesario para justificar su salida.
Este fallo puede tener consecuencias indirectas para organismos con una estructura similar como la SEC, puesto que, en EE UU, una “Commission” suele constituir una forma específica de agencia federal independiente.
En su caso, los cinco comisionados son nombrados por el presidente de EE UU y deben ser confirmados por el Senado. Posteriormente, el presidente designa a uno de ellos como presidente. Una vez confirmados, quedan protegidos en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, la reciente sentencia otorga a Trump y a futuros presidentes un mayor control y pone fin, en la práctica, al carácter independiente de los organismos reguladores.
El despacho especializado Holland & Knight ya lanzó su aviso a navegantes: “Empresas cotizadas, asesores, intermediarios y demás entidades reguladas por la SEC deberían prepararse para posibles cambios en las prioridades de supervisión, los requisitos de información y la agenda regulatoria”.
Cabe destacar cómo el anterior presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitió voluntariamente tras la llegada de Trump, anticipándose a una destitución que consideraba inevitable.
Para los inversores, este fallo supone una ruptura en la arquitectura institucional del mercado de capitales más importante del mundo. Sería ingenuo pensar que la naturaleza de la supervisión regulatoria no se verá alterada. No se trata únicamente de determinar si un intermediario manipula el mercado, si un proveedor de criptoactivos engaña a los inversores, si un banco oculta riesgos o si una empresa cotizada falsea sus cuentas. La primera será: ¿se ajusta la aplicación de las normas a la línea política de la Casa Blanca? Esto no significa necesariamente que las investigaciones de la SEC vayan a estar motivadas políticamente, pero sí condiciona su desarrollo.
No cabe duda de que la supuesta solidez de la protección del inversor en EE UU siempre ha tenido algo de leyenda. En respuesta a crisis recientes, la SEC respondió abriendo investigaciones y aprobando resoluciones como la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 —para reforzar la fiabilidad de la información financiera— y la Ley Dodd-Frank de 2010, que endureció la supervisión del sistema financiero.
El cumplimiento normativo depende no solo de la independencia real, sino también de la confianza en esa independencia. Si esa confianza se erosiona, también cambian los incentivos. Los mecanismos internos de gobierno corporativo podrían relajarse al amparo de controles más laxos, en perjuicio de sus propios accionistas. Los inversores deberán preguntarse si la aplicación de la normativa, las prioridades de investigación y el régimen sancionador seguirán ejerciéndose con el mismo rigor cuando entren en conflicto con la línea política dominante.
La Federal Housing Finance Agency (FHFA) ofrece ya un ejemplo de hasta qué punto las preferencias políticas pueden repercutir rápidamente sobre mercados de importancia sistémica. La FHFA supervisa a los agentes que desempeñan un papel central en el mercado hipotecario estadounidense y que constituyen el principal motor de liquidez del mercado inmobiliario estadounidense. Desde marzo de 2025, William Pulte, estrecho colaborador de Trump, dirige la FHFA.
Tras tres meses en el cargo, encargó elaborar propuestas para que las criptomonedas pudieran ser reconocidas como activos de reserva en la evaluación del riesgo hipotecario, sin necesidad de convertirlas previamente en dólares, siempre que pudieran verificarse en plataformas estadounidenses reguladas.
Senadores demócratas advirtieron acertadamente de los riesgos de tal estudio, pues se estaría introduciendo un mercado altamente volátil, con un marco regulatorio aún incipiente, en el núcleo del sistema hipotecario estadounidense.
La historia y tradición de la SEC debería seguir sirviendo de guía. Pero la profundidad del mercado estadounidense no sustituye a la distancia institucional. Y es precisamente esa distancia la que hoy está en juego.
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