El encallamiento del conflicto bélico del Golfo está provocando que los precios del gas natural se disparen y que el precio de la electricidad del mercado mayorista se incremente de forma drástica en aquellas horas en las que el gas cierra la casación del mercado. La situación ya provocó que, por ejemplo, el 22 de septiembre se superaran los 280 euros/megavatio hora (MWh), lo que supuso que el precio minorista de la tarifa doméstica, antes de impuestos, alcanzara los 411 euros/MWh.
Esta fórmula ya no ofrece las ventajas de 2022 y puede perjudicar el despliegue renovable y el almacenamiento
El encallamiento del conflicto bélico del Golfo está provocando que los precios del gas natural se disparen y que el precio de la electricidad del mercado mayorista se incremente de forma drástica en aquellas horas en las que el gas cierra la casación del mercado. La situación ya provocó que, por ejemplo, el 22 de septiembre se superaran los 280 euros/megavatio hora (MWh), lo que supuso que el precio minorista de la tarifa doméstica, antes de impuestos, alcanzara los 411 euros/MWh.
Estamos viendo cómo las organizaciones sociales y el sector eléctrico tradicional están empezando a generar posicionamientos y corrientes de opinión a favor y en contra, respectivamente, de recuperar la excepción ibérica que se implementó en el año 2022. Esta medida permitió utilizar un precio del gas inferior al del cierre del mercado y aplicar esta rebaja exclusivamente a las denominadas tecnologías inframarginales, renovables y nuclear. Centrales que ofertan a precios reducidos para poder entrar en el mercado, sabedoras de que el precio final que percibirán será el precio marginal casado, considerablemente mayor si se ha cerrado teniendo en cuenta la subida del precio del gas.
El debate se ha abierto sin que, por el momento, el Gobierno haya verbalizado una posición. Probablemente, también porque volver a plantear una medida que ya generó controversia obligaría a Bruselas a reconocer que el mercado no funciona.
Lo primero que deberíamos analizar es si hoy se dan las mismas condiciones que en 2022 y que permitieron a la Comisión Europea (CE) aceptar la aplicación de la excepción ibérica. Y, en caso de plantear de nuevo su activación, tendríamos que preguntarnos también si estamos dispuestos a corregir algunos de los elementos que terminaron distorsionando la percepción de sus ventajas y resultados.
Con respecto a la comparativa de las condiciones del entorno que pueden aconsejar su implementación o no, es necesario poner de manifiesto algunas diferencias con respecto a 2022. Si bien el gas tiene el mismo nivel de precios, su peso en la fijación se ha reducido por dos motivos: por el avance renovable y por el interés en entrar por restricciones técnicas (mercados de ajuste) de las centrales de ciclo combinado de gas, con el objetivo de captar mayores ingresos.
Esta consideración —y atendiendo a que la excepción ibérica era para reducir los precios de las renovables y la nuclear— tendría como consecuencia una reducción del precio percibido por estas, situación que para la nuclear y la eólica puede ser menos relevante, pero que para la fotovoltaica supondría un clavo más en el ataúd que poco a poco se le está confeccionando.
La energía solar, con el nivel de apuntamiento que tiene —precio que percibe en relación con el medio del mercado—, vería así reducidos todavía más sus ingresos. Supondría, al mismo tiempo, un freno en el desarrollo del almacenamiento, debido a que la medida implica la amortiguación del spread diario. Estas consecuencias indican que el parche de la excepción ibérica, si mantenemos el diseño de 2022, tiene ahora más inconvenientes que ventajas.
Respecto a la protección de los consumidores, tanto la incorporación de contratos a plazo en la tarifa regulada como la existencia, aunque carezca de lógica energética, de tarifas a precio fijo en el mercado liberalizado amortiguan los efectos. De hecho, sería más conveniente gastar dinero y tiempo en disponer de información veraz sobre lo que estamos contratando y cuáles pueden ser las condiciones de renovación o en cómo podemos modificar nuestro comportamiento como consumidores, desplazando consumos a horas más baratas, que en ofrecer señales de una intervención puntual y artificial en el mercado, cuando este no es capaz de dar respuesta a la manipulación exterior de precios.
Un mercado inadecuado
Que estemos planteando la necesidad de implementar la excepción ibérica es la constatación de que el sistema de fijación de precios marginalista no es adecuado. Al fin y al cabo, un 80% de la electricidad casada es inframarginal. Es decir, hace lo posible por no quedarse fuera, sin participar ofertando con sus costes reales en la subasta diaria para la fijación de precios.
En este estado de cosas, dudo que la Comisión Europea, autora de una reforma voluntaria del mercado fracasada y como protectora de los intereses de lo establecido y del mantenimiento del valor del balance del sistema energético, esté dispuesta a asumir de nuevo, salvo que sea una petición mayoritaria de los países miembros, su aplicación para la península Ibérica. El funcionamiento del mercado mayorista marginalista no da una respuesta estable ni adecuada frente a las cada vez más frecuentes crisis geopolíticas o al cambio del mix de generación por el crecimiento renovable.
Si, llegado el caso, estamos decididos a solicitarlo a la CE, tendríamos que intentar corregir los elementos que perturbaron el resultado positivo de la medida. En este punto, hay que hacer referencia no solo a adaptar la excepción ibérica para que no se convierta de nuevo en una herramienta para incrementar las exportaciones a Francia, al estar el precio de la electricidad topado y ser más barato, sino también a evitar que se consolide el margen que supone el incremento de los precios del gas natural para los propietarios de los ciclos combinados, que siguieron vendiendo la electricidad al precio marginal del gas.
No nos engañemos, la excepción ibérica fue el mal menor elegido antes que llevar a cabo la intervención del mercado de generación de electricidad con gas natural, obligando a considerar los precios medios de suministro firmados en los contratos en vigor de largo plazo. La medida estaba encaminada a reducir el precio que veían las renovables y la nuclear, pero sin tocar los márgenes de la generación con gas. El incremento de las exportaciones acabó provocando el aumento de la generación fósil y, por lo tanto, de las emisiones.
Si de lo que se trata es de avanzar en un modelo de mercado que se refleje en la factura del consumidor final como oportunidad de futuro al aprovechar nuestros recursos renovables, la medida a implementar no debería ser el modelo de la excepción ibérica, sino cambiar el modelo marginalista por otro en el que se pague la electricidad según el valor que cada tecnología aporta y se reduzcan los costes regulados de la tarifa y la presión fiscal existente sobre la electricidad.
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