El olfato electoral de Pedro Sánchez está fuera de duda y acaba de demostrarlo de nuevo. El problema es que después de ocho años gobernando, los hechos se amontonan y tienen mucha más relevancia que las narrativas de última hora. La osadía del líder del PSOE y su maleabilidad lo están llevando a intentar convertir sus errores de gestión en grandes argumentos para sacar a sus votantes de la indiferencia para que le voten a él o a sus aliados. ¿Le saldrá la jugada? Ciertamente, parece imposible.
Intenta aprovechar la presión social para endosar a la oposición su mala gestión de la vivienda y movilizar el voto de izquierda
El olfato electoral de Pedro Sánchez está fuera de duda y acaba de demostrarlo de nuevo. El problema es que después de ocho años gobernando, los hechos se amontonan y tienen mucha más relevancia que las narrativas de última hora. La osadía del líder del PSOE y su maleabilidad lo están llevando a intentar convertir sus errores de gestión en grandes argumentos para sacar a sus votantes de la indiferencia para que le voten a él o a sus aliados. ¿Le saldrá la jugada? Ciertamente, parece imposible.
La crisis de la vivienda es el caso más flagrante de mala gestión y es precisamente el que le ha servido de última excusa para adelantar las elecciones. Además, se da la circunstancia de que Junts, el partido que hizo fracasar los decretos de vivienda, se cobró el otro gran error de la legislatura que permitió la investidura de Sánchez, la amnistía a los independentistas condenados por promover la separación de Cataluña.
Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 tras ganar una moción de censura a Mariano Rajoy. En estos ocho años, la población de España ha aumentado en casi 3 millones de habitantes, pasando de 46,7 millones a 49,6 millones; lo mismo que ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social, que ha pasado de 19 millones a 22 millones. Mientras tanto, el parque de vivienda principal apenas ha subido en 800.000 casas, de 18,4 millones a 19,2 millones (el último dato es de 2024). En 2018, las estadísticas de la Encuesta de Población Activa decían que en España había 200.000 hogares más que viviendas principales. Ocho años después, este desacople ha pasado a casi 600.000.
El precio del metro cuadrado de una vivienda nueva en España ha subido un 41% y el de segunda mano un 38% desde que Sánchez alcanzó el poder. Unas referencias que mezclan realidades muy dispares, como la evolución de la España vacía y de las grandes capitales. De hecho, el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el INE concluye que los precios se han duplicado en 12 años en las ciudades de mayor tamaño. Mientras que se multiplicaba el coste de las casas, el salario medio aumentaba un 30% entre 2018 y 2025, de manera que la proporción del sueldo destinado a la vivienda se disparaba.
Si la población de España y el número de afiliados crecían en 3 millones, lo obvio era aumentar el parque de casas, bien para la venta o para el alquiler, pero eso no ha pasado, y menos aún en la construcción de viviendas de protección pública, que son las que tienen un precio más asequible. En 2018, se realizaron 583.000 transacciones de casas en España, de las que ni el 10% eran de vivienda nueva. El año pasado el número de transacciones alcanzó 742.000 y otra vez la segunda mano representa más del 90%. Si la demanda aumenta (más población) y la oferta no, el precio de las unidades disponibles se disparará. En ese periodo, durante los gobiernos de Sánchez (2019-2025), se construyeron 71.790 viviendas protegidas, 40.000 menos que en las dos legislaturas de Mariano Rajoy (2012-2018), en las que tuvieron que lidiar con el exceso de vivienda de la época de la burbuja inmobiliaria.
Cuando el coste de las casas se dispara, la primera consecuencia es el aumento de los alquileres, puesto que es más difícil adquirirlas. En 2018, el 76,1% de los hogares españoles vivía en casas de su propiedad; un 17,5%, de alquiler, y un 6,4% en viviendas cedidas por sus dueños. Ocho años después, el porcentaje que vive en casas arrendadas ha aumentado en casi dos puntos, hasta el 20,2%, y el que habita su propiedad ha caído otro tanto, hasta el 73,3%. Además, en este período ha continuado creciendo el turismo y, en paralelo, las viviendas destinadas a estos viajeros, retirándolas del alquiler de larga duración.
El problema de la falta de vivienda a precio asequible, sea para alquiler o para compra, se ha ido agravando a medida que avanzaban las legislaturas de Pedro Sánchez, muy especialmente en esta última. Lo llamativo es que no era una sorpresa, puesto que expertos y analistas llevan años avisando y el Gobierno y el resto de las administraciones no han hecho prácticamente nada. El mantra de los gobiernos de Sánchez siempre ha sido anunciar la “movilización” de decenas de miles de millones para la construcción de cientos de miles de viviendas. Nada de eso ha pasado, puesto que esos planes se fundamentaban en avales o créditos y la realidad es que el ciudadano no tiene capacidad para afrontar los precios de mercado.
Competencias compartidas
Pero esta no es una responsabilidad única del Gobierno central, ya que las competencias de vivienda están muy compartidas con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que además son los grandes tenedores de suelo, que es de donde arranca el problema de la falta de vivienda nueva y que los precios sean muy elevados. La burbuja inmobiliaria de la primera década de este siglo provocó tal exceso de vivienda, que durante años se dejó de construir. En el camino quebraron buena parte de las promotoras y constructoras.
El hecho de compartir las competencias no exime en lo más mínimo al Gobierno y su Ministerio de Vivienda. El artículo 148.3 de la Constitución atribuye a las comunidades autónomas la competencia de vivienda. Y en el 149.1 establece que corresponde al Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” y además le confiere las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Sin duda, la vivienda es básica y afecta a la planificación económica.
Precisamente, con este soporte de la Constitución se han aprobado los sucesivos planes de vivienda, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Vivienda de 2023 y los recientes decretos. Por tanto, la excusa competencial es una argucia más de Pedro Sánchez, al igual que lo es intentar convencernos de que la amnistía era necesaria para recuperar “el diálogo entre catalanes”, que no era un “contrato de compraventa”, sino necesaria para conseguir el voto de Junts en la investidura, como ha señalado esta misma semana su “compañero” Emiliano García-Page.
Uno de los errores más graves de Sánchez es infantilizar a los españoles, tratarlos como mentes inmaduras. El salto mortal es imputar su mala gestión en cuestiones como la vivienda a la oposición, contra la misma que quiere lanzar la próxima huelga general. El 29-N sus queridos imberbes le pondrán en su sitio.
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