Los sindicatos llaman a los casi 20 millones de asalariados de España a parar el 11 de noviembre en una huelga general, la primera apoyada por las centrales mayoritarias en 14 años. Pero esa jornada reivindicativa no será la primera del año para muchos trabajadores, que ya vienen parando en protesta contra sus empresas. La estadística del Ministerio de Trabajo recoge un subidón en la conflictividad laboral en 2026: de enero a agosto hubo 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, en las que participaron 579.000 afiliados a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025 hubo 382.700 jornadas perdidas y 167.300 participantes, muchas menos. Es más, a falta de cuatro meses, la cifra de este ejercicio ya casi duplica la de todo el año anterior. Los sindicatos relacionan esta escalada con varios conflictos concretos, como el de la educación infantil y el de la sanidad, pero también identifican una causa de conjunto: sin acuerdo nacional de convenios, vencido a finales de 2025, la conflictividad se dispara.
La estadística oficial registra 1,37 millones de jornadas perdidas hasta agosto, por 383.000 en el mismo periodo del año pasado. Los sindicatos lo relacionan con la ausencia de un pacto nacional de convenios
Los sindicatos llaman a los casi 20 millones de asalariados de España a parar el 11 de noviembre en una huelga general, la primera apoyada por las centrales mayoritarias en 14 años. Pero esa jornada reivindicativa no será la primera del año para muchos trabajadores, que ya vienen parando en protesta contra sus empresas. La estadística del Ministerio de Trabajo recoge un subidón en la conflictividad laboral en 2026: de enero a agosto hubo 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, en las que participaron 579.000 afiliados a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025 hubo 382.700 jornadas perdidas y 167.300 participantes, muchas menos. Es más, a falta de cuatro meses, la cifra de este ejercicio ya casi duplica la de todo el año anterior. Los sindicatos relacionan esta escalada con varios conflictos concretos, como el de la educación infantil y el de la sanidad, pero también identifican una causa de conjunto: sin acuerdo nacional de convenios, vencido a finales de 2025, la conflictividad se dispara.
Los datos de 2026 no solo son altísimos en comparación con los de 2025. Las cifras desagregadas por meses se remontan cinco ejercicios atrás y en ninguno hay una movilización parecida a la actual. Ni siquiera en 2022, otro año sin Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pacto entre las patronales y los sindicatos más representativos que da unas pautas de partida para acordar convenios. Entonces hubo 184.500 afiliados a la Seguridad Social en huelga, frente a los 579.000 de este año; y 429.100 jornadas perdidas, ante las 1.366.400 de este ejercicio. El impulso tampoco se expica por la evolución del mercado laboral: el número de afiliados ha subido un 11% desde entonces, frente al 214% del número de participantes en huelgas.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, asegura que “se está notando muchísimo el incremento de los conflictos”. “Hay paros en las cárnicas, la limpieza, las conservas o la enseñanza de 0 a 3 años”, ejemplifica el sindicalista. Ese último paro al que hace referencia es una de las claves de los datos, al desagregarlos sectorialmente. La educación es la actividad que más aporta a la cifra de huelguistas, con 259.600 afiliados a la Seguridad Social. Este miércoles empieza una huelga indefinida en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. A la educación le sigue la sanidad, con los médicos como protagonistas, con otros 120.200 participantes en paros. Estos acaban de anunciar un aplazamiento de estas protestas, que no secundan CC OO y UGT, hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. También cunden las protestas en los servicios sociales.
Juntos, sanidad y educación reúnen el 65% de los huelguistas, pero otros sectores también elevan su conflictividad, como la industria manufacturera (67.000, 43.000 más que en 2025), las actividades financieras (22.500, mientras que el año pasado no hubo paros) y el comercio (23.700, 19.600 más que el año pasado). El reverso es la Administración pública, con 30.100 paros, 28.600 menos que en 2025, después de que el Gobierno alcanzase un acuerdo con los sindicatos para revalorizar los salarios de estos empleados.
Por comunidades autónomas, se nota el peso del conflicto educativo en Cataluña: en esta región se concentran el 35% de los huelguistas de 2026, aunque solo emplea al 18% de los afiliados a la Seguridad Social. Un año más, y es un clásico en la estadística, también está sobrerrepresentado el País Vasco. Allí trabajan el 4,5% de los afiliados que hay en España pero están el 17,4% de quienes han secundado una huelga.
Luján subraya que los salarios pactados en convenios están creciendo a un ritmo del 3%, frente a una inflación interanual en septiembre del 4,9% (el promedio de los últimos 12 meses es un 3,3%), “así que [los trabajadores] pierden poder adquisitivo”, argumenta. Por eso anticipa que mientras que no haya un AENC que “estructure” la negociación colectiva “habrá mucha conflictividad, que no va a terminar el 11 de noviembre”. Por ello vuelve a llamar a CEOE y a Cepyme a pactar un nuevo texto, como el que ya se aplicó de 2023 a 2025 en respuesta a la subida de la inflación por la invasión rusa de Ucrania.
En su proclamación como presidente de CEOE para otros cuatro años, Antonio Garamendi manifestó su intención de alcanzar ese acuerdo nacional de convenios, pero advirtió de que la reforma de la incapacidad temporal es una condición imprescindible para tal fin. “Si esa es la postura de la patronal, no se están enterando de lo que ocurre en este país. España ha tomado conciencia de que hay que repartir la riqueza, que los márgenes de las empresas están en máximos mientras aumenta la desigualdad. Auguro una conflictividad in crescendo”, añade el representante de UGT.
En una entrevista reciente con este periódico, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, subrayó que los sindicatos ya estaban preparando una movilización por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la carencia de un nuevo AENC, y que la huelga general por la vivienda también va de eso. “Cuando vayamos a los centros de trabajo y expliquemos que estamos pidiendo una subida fuerte de los salarios porque la inflación les está comiendo, lo van a entender”, indicó Sordo, que ve el precio de la vivienda como “el gran factor de extracción de renta a la clase trabajadora”.
Sobre la importancia que Garamendi da a reformar la incapacidad temporal (IT) para un posible acuerdo de convenios, Sordo indicó: “Creo que la patronal quiere que haya un cambio de ciclo político para que las mutuas den las altas en IT común y ahorrarse el pago de esas prestaciones, a cuenta de unos 4.000 millones de euros al año, y que lo pague la Seguridad Social. De ahí viene esa teatralización y demonización”. Los agentes sociales no han sido capaces de ponerse de acuerdo al respecto tras casi dos años negociando una posible reforma del sistema. Con la legislatura en el tiempo de descuento, todo apunta a que ese diálogo se retomará tras las elecciones con el Gobierno resultante.
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