“¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí“. Estas palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunciadas este martes en un evento empresarial en Terrassa (Barcelona), han sido el último revolcón a un debate muy divisivo en la economía española. Hace tiempo que se habla mucho de incapacidad temporal por los niveles récord de los últimos años (atenuados últimamente), pero no tanto del papel que las mutuas juegan en el sistema. Desde la orilla patronal se confía en que darles más poder aliviará el problema, mientras que desde la sindical se advierte del efecto negativo que tendría en la salud de los trabajadores. Es un conflicto basado en una desconfianza de ida y vuelta: la de los empresarios hacia los trabajadores enfermos, con la esperanza de que las mutuas acorten procesos que creen que se alargan en la sanidad pública; y la de los representantes de los empleados hacia esas mutuas, que ven como una correa de transmisión de empresarios que priorizan la rentabilidad a la salud.
Los sindicatos critican con ferocidad a estas entidades, a las que Feijóo propone dar más poder, y abren el debate sobre hacer pública su gestión, ahora en manos empresariales
“¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí“. Estas palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunciadas este martes en un evento empresarial en Terrassa (Barcelona), han sido el último revolcón a un debate muy divisivo en la economía española. Hace tiempo que se habla mucho de incapacidad temporal por los niveles récord de los últimos años (atenuados últimamente), pero no tanto del papel que las mutuas juegan en el sistema. Desde la orilla patronal se confía en que darles más poder aliviará el problema, mientras que desde la sindical se advierte del efecto negativo que tendría en la salud de los trabajadores. Es un conflicto basado en una desconfianza de ida y vuelta: la de los empresarios hacia los trabajadores enfermos, con la esperanza de que las mutuas acorten procesos que creen que se alargan en la sanidad pública; y la de los representantes de los empleados hacia esas mutuas, que ven como una correa de transmisión de empresarios que priorizan la rentabilidad a la salud.
Para entender este conflicto conviene empezar por explicar qué son exactamente las mutuas. “Funcionan desde la ley de accidentes de trabajo del año 1900, que fija por primera vez la responsabilidad de los empresarios por los accidentes que sufrieran los trabajadores durante su jornada laboral”, explica Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears y autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo. Dada esa nueva responsabilidad, hay empresas que impulsan asociaciones privadas para “mutualizar” ese riesgo, explica Crespí.
Poco a poco se va desarrollando la protección social de los trabajadores en España, hasta que en 1963 se aprobó la ley de bases de la Seguridad Social. Entonces las mutuas solo eran colaboradoras para las contingencias profesionales, escenario que cambia en los años noventa. “Las mutuas también empiezan a participar en la gestión de contingencias comunes en 1996″, detalla Pedro Pablo Sanz, director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, AMAT.
Al mencionar ese hito en la historia de las mutuas, el responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, recuerda que estas entidades se nutren “exclusivamente” de recursos públicos, de cotizaciones aportadas por empresarios y trabajadores. “No tienen otra fuente de ingresos. Se dedican exclusivamente a atender prestaciones de la Seguridad Social, pero sus responsables son elegidos por las empresas”, dice Bravo. Este sindicalista matiza que tienen un “fuerte control público desde la Seguridad Social”, pero insiste en que la gobernanza es “privada”.
Y en esa circunstancia, la atención a un derecho público, financiado con fondos públicos y gestionado desde un ámbito privado, reside parte de la complejidad del asunto, que gana decibelios según se incrementan los índices de incapacidad temporal en España. En 2023, con el fenómeno al alza desde la pandemia pero con mucha menos relevancia en el debate público, los sindicatos y las patronales acordaron expresarse así en el pacto nacional de convenios: “Manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. En ese sentido, deseamos establecer líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras”.
Entre esas líneas, sindicatos y empresas plantean que las administraciones públicas desarrollen convenios con las mutuas para que realicen pruebas y tratamientos en dolencias traumatológicas por contingencia común. Es decir, dada la especialización de las mutuas en esas lesiones, que se aprovechen más sus recursos para aliviar las listas de espera que, en opinión de sindicatos y patronales, alargan bajas innecesariamente.
Esa idea se traslada en 2024 al Boletín Oficial del Estado tras un acuerdo de CEOE, Cepyme, UGT y CC OO con la Seguridad Social, pero apenas ha tenido desarrollo en los servicios autonómicos de salud. Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT, carga contra el PP porque, pese a gobernar en la mayoría de comunidades autónomas, solo lo ha implementado en dos, Baleares y Cantabria. Las otras tres son Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, presididas por el PSOE. “Las mutuas no han mostrado ningún interés en esta política, en ayudar a la recuperación de las personas trabajadoras. Ese debería ser su foco y no la persecución”, dice Ruiz.
Combate patronal
Sin apenas implementación de esta medida y con la negociación para reformar la incapacidad temporal bloqueada, la conversación pública sobre las bajas se ha seguido agriando. Tras el fracaso de la reducción de jornada en el Congreso, la patronal la convirtió en su principal caballo de batalla, con exabruptos llamativos, como cuando un vicepresidente de CEOE habló de “bajaciones” y cuando un líder patronal de Castilla-La Mancha (y a la vez dirigente de una mutua) habló de los jóvenes de baja como “memos”.
Feijóo hizo una primera visita a este debate en julio, al criticar los convenios que complementan los periodos de baja para que esos trabajadores no pierdan salario. Entonces, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llamó a revisar esos acuerdos, pese a que parten de la negociación colectiva, idea en la que profundiza el director gerente de AMAT. También propone “modificar el marco regulatorio laboral volviendo, entre otras cuestiones, a posibilitar el despido por reiteración de procesos de baja derivados de incapacidad temporal por contingencias comunes”; “revisar el generoso sistema de protección social en España”; y “con carácter general es necesario motivar un cambio sociocultural en relación con los valores, compromiso y responsabilidad, en especial respecto al trabajo”, entre otras medidas.
El líder popular volvió a abordar el asunto esta semana, con su propuesta de dar más poder a las mutuas para que puedan dar altas en algunos procesos por contingencias comunes. Lo dijo el martes, mientras que el jueves, en su proclamación para un tercer mandato al frente de CEOE, Garamendi insistió en que para acordar un nuevo pacto nacional de convenios los sindicatos deben aceptar cambios en materia de incapacidad temporal.
Llegados a este punto, los sindicatos se declaran “hartos” del “cuestionamiento constante” a los trabajadores. Creen que otro fenómeno tan poco cuantificado oficialmente como el fraude en las bajas, el de los empleados que acuden a sus puestos enfermos, es más relevante. Bravo propone acabar con la “anomalía” de que “una asociación de empresarios privada dé servicios como entidad gestora de la Seguridad Social, con un conflicto de interés evidente”. Por ello, CC OO plantea la “publificación” de las mutuas, hacer pública la gestión de estas entidades. “Que no es una nacionalización, que es pasar al erario público una propiedad privada. Aquí hablamos de recursos que ya son públicos”, precisa Bravo.
Ruiz, de UGT, abunda en esa idea: “Hay que abrir un debate sereno y profundo sobre el porcentaje de titularidad pública y privada en la salud de las personas trabajadoras”. La ugetista llama a las mutuas a “demostrar con hechos” que “les preocupa la salud de las personas trabajadoras, y no solo los criterios económicos”. AMAT, por su parte, rechaza frontalmente esta posibilidad.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha sido muy crítica estos días con Feijóo por sus declaraciones, pero no ha cargado contra las mutuas como sí lo han hecho los sindicatos. “Una cosa es que la mutua colabore en el diagnóstico y la recuperación y otra que decida si ya estás curado”, dijo el martes, en oposición a la propuesta del líder popular, pero sin interpelar directamente a las mutuas. Fuentes del ministerio que dirige agregan: “Las mutuas han evolucionado en los últimos años, la pandemia supuso un punto de inflexión y desde entonces tienen un papel distinto. En cualquier caso, una reforma de este calado tendría que abordarse en el pacto de Toledo y en el diálogo social”.
Crespí, conocedora de cómo funcionan estos sistemas en otros países, indica que el esquema alemán es parecido al español, pero que la gobernanza es “compartida”, no “privada”. Sostiene que en otros países europeos, aunque haya un origen privado como en España, es común que se haya evolucionado a un modelo de dirección o público o mixto, aunque a la vez subraya la dificultad de comparar sistemas de Seguridad Social entre países.
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