Los sindicatos CC OO y UGT han registrado este viernes ante la Seguridad Social la petición para que estudie la posibilidad de adelantar la jubilación a las trabajadoras de ayuda a domicilio, según confirman fuentes sindicales. Este acto administrativo pone en marcha un proceso muy reclamado por estas mujeres, dada la penosidad que sufren por la carga física de sus tareas. Ahora se activa un procedimiento que ya transcurre en el transporte y la construcción, un análisis del índice de bajas laborales y siniestralidad que puede desembocar en la concesión de coeficientes reductores. Esta herramienta, de la que ya gozan los mineros o los bomberos forestales, hace que un año trabajado cuente como un periodo más largo, de manera que el empleado puede jubilarse antes. La patronal no acompaña a los sindicatos en esta petición.
CC OO y UGT, sin respaldo patronal, dan el primer paso para que el Gobierno anticipe el retiro en un sector muy feminizado, tras solicitarlo en la construcción y el transporte
Los sindicatos CC OO y UGT han registrado este viernes ante la Seguridad Social la petición para que estudie la posibilidad de adelantar la jubilación a las trabajadoras de ayuda a domicilio, según confirman fuentes sindicales. Este acto administrativo pone en marcha un proceso muy reclamado por estas mujeres, dada la penosidad que sufren por la carga física de sus tareas. Ahora se activa un procedimiento que ya transcurre en el transporte y la construcción, un análisis del índice de bajas laborales y siniestralidad y que puede desembocar en la concesión de coeficientes reductores. Esta herramienta, de la que ya gozan los mineros o los bomberos forestales, hace que un año trabajado cuente como un periodo más largo, de manera que el empleado puede jubilarse antes. La patronal no acompaña a los sindicatos en esta petición.
El sector emplea a unas 161.000 trabajadoras, casi todas mujeres, muchas migrantes y con salarios muy precarios. Este no se caracteriza por su siniestralidad, como sucede en el transporte y la construcción, pero sí por altos índices de incapacidad temporal. El texto registrado por CC OO y UGT, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que estas trabajadoras desarrollan su actividad “en solitario, sin ayuda, sin apoyo, con una alta demanda física para ejecutar las tareas, elevados ritmos de trabajo, en varios domicilios, con dificultades para recibir asistencia y en muchos de los casos en lugares de trabajo en condiciones penosas, tóxicas, insalubres y peligrosas para la seguridad y salud”.
Esta petición solo interpela a las empleadas en hogares, no a otras profesionales de la dependencia como las trabajadoras en residencias. Los sindicatos también se plantean reclamarlo para estas cuidadoras, pero el proyecto está menos avanzado. Un factor clave es que esta nueva vía solo concede los coeficientes reductores cuando la penosidad de la actividad no se puede evitar con medidas correctoras. Y estas son mucho más difíciles de implementar en domicilios que en residencias.
“Dada la particularidad de que los centros de trabajo son los domicilios de las personas usuarias en situación de dependencia, la adopción de medidas preventivas en los mismos solamente puede llevarse a cabo con el acuerdo del propietario del inmueble”, argumentan UGT y CC OO. Dado ese escenario, los sindicatos subrayan que estas empleadas asumen “con su propio cuerpo, en solitario, sin ayuda y sin apoyo, las mismas tareas con gran dureza y carga física”. Las centrales subrayan, además, que, dada la inviolabilidad del domicilio, “la Inspección de Trabajo no puede acceder a las viviendas, como sí lo hace en cualquier otro centro de trabajo, a comprobar las condiciones bajo las que la persona trabajadora está desarrollando sus tareas”.
La imposibilidad de que Inspección audite las condiciones en que estas trabajadoras están empleadas produce, en opinión de los representantes de los trabajadores, “que muchas de las denuncias de las trabajadoras, que se encuentran con espacios insalubres, con riesgos biológicos, con tóxicos o con la obligación de soportar cargas físicas extremadamente elevadas que conllevan un deterioro directo de su salud física y mental, queden sin respuesta”. También destacan los riesgos psicosociales a los que se exponen, “derivados de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y acoso laboral, trato discriminatorio e incluso vejatorio, por parte de los propios usuarios del servicio (con trastornos cognitivos, de personalidad, problemas psiquiátricos) y en ocasiones tanto por estos como por parte de familiares con los que conviven o cuando reciben visitas”.
Rechazo patronal
Los sindicatos dicen haber intentado convencer a la patronal de la ayuda a domicilio, pero no lo han conseguido. La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio dice, en un comunicado remitido a EL PAÍS: “Estamos plenamente comprometidos con el avance de los derechos y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la ayuda a domicilio”. “Consideramos que la posible aplicación de coeficientes reductores”, agrega esa asociación empresarial, “para anticipar la edad de jubilación debe abordarse con el máximo rigor técnico. En este momento, entendemos que ese trabajo previo y compartido no se ha producido”.
La Seguridad Social prefiere que los expedientes lleven la firma tanto de los sindicatos como de las patronales, que haya un entendimiento de todo el sector. Eso es lo que sucede en las dos solicitudes más avanzadas hasta ahora: el transporte por mercancías (para el que en las próximas semanas se reunirá la comisión de expertos que evaluará el expediente, una vez elaborados todos los informes preceptivos) y el transporte de viajeros (aún pendiente de algún informe).
En esos casos, los sindicatos consiguieron que los empresarios apoyasen esa petición como condición para desactivar una huelga. Los patronos suelen ser reticentes, pese a que el diseño del procedimiento tiene el aval de CEOE y Cepyme, porque implica una subida de cotizaciones que debe compensar el anticipo del retiro. La patronal de la ayuda a domicilio incide en ese aspecto: “Conviene recordar que la aplicación de coeficientes reductores lleva asociada un mayor coste de cotizaciones para las empresas. Ese incremento de costes se produciría en un sector que ya afronta importantes tensiones financieras”.
El coste económico también es uno de los motivos por los que la patronal de la construcción rechaza apoyar la petición que hicieron hace ya más de un año CC OO y UGT. Aunque fue la primera registrada, está a la espera de desarrollo, pendiente de la información adicional que tienen que aportar miles de empresas sobre las tareas que desarrollan sus empleados, de manera que la Seguridad Social pueda valorar la peligrosidad de esas tareas (y diferenciar entre los empleados en la construcción). Les han dado de plazo hasta febrero, y desde entonces aún quedaría un largo trámite por delante, el que ya casi han completado en el transporte.
Más allá de la ayuda a domicilio, también está cerca la petición unitaria de los sindicatos para las camareras de piso. Respecto a las tripulantes de cabina, las centrales confían en acabar lográndolo sin necesidad de acudir al procedimiento de la Seguridad Social. Hace dos semanas fue aprobada una propuesta no de ley de Sumar que reclama conceder este derecho a estas trabajadoras, incluyéndolas en el decreto que ya regula el anticipo del retiro para los pilotos. El PSOE, que controla la Seguridad Social y que no necesitaría respaldo parlamentario para hacer el cambio, votó a favor.
Feed MRSS-S Noticias
