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  Economía  Qué se juega la economía en las urnas de noviembre
Economía

Qué se juega la economía en las urnas de noviembre

7 de octubre de 2026
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El futuro de la economía española también se juega en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque los dos bloques que se enfrentan d efienden, aunque ambos dentro del capitalismo occidental, modelos bien diferentes: uno socialdemócrata y uno liberal, ambos con dosis de intervencionismo, pero intensidades bien diferentes. No es verdad que la política económica y sus efectos sean los mismos con uno que con otro: el PSOE y su entorno pretenden intensificar un mecanismo de crecimiento extensivo y anclado en un crecimiento demográfico sin límites, una presión fiscal elevada y una generosa redistribución; y el Partido Popular y su entorno buscan un crecimiento que recomponga la inversión y permita bajar los impuestos.

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 El déficit de infraestructuras, educación y vivienda
y el futuro de las pensiones debe atenderse sin margen de maniobra fiscal    

El futuro de la economía española también se juega en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque los dos bloques que se enfrentan d efienden, aunque ambos dentro del capitalismo occidental, modelos bien diferentes: uno socialdemócrata y uno liberal, ambos con dosis de intervencionismo, pero intensidades bien diferentes. No es verdad que la política económica y sus efectos sean los mismos con uno que con otro: el PSOE y su entorno pretenden intensificar un mecanismo de crecimiento extensivo y anclado en un crecimiento demográfico sin límites, una presión fiscal elevada y una generosa redistribución; y el Partido Popular y su entorno buscan un crecimiento que recomponga la inversión y permita bajar los impuestos.

Ni un modelo ni el otro mantendrán la pureza ideológica, y mientras que el vigente empieza a agotarse, la alternativa no dispone del margen necesario para hacerlo girar 180 grados por mucho empeño que ponga en ello llegado el caso. Perpetuar el statu quo sólo será posible si a finales de noviembre repite la mayoría que sus miembros llaman progresista, y la alternativa a lo que conocemos depende de la formación de una mayoría democristiana y liberal. Los dados han echado a rodar.

El formato de crecimiento actual no es sostenible mucho más tiempo, porque en absoluto se pueden mantener indefinidamente flujos migratorios descontrolados y abultados como los que España ha experimentado en los últimos ocho años, que han sido, tras la superación de la pandemia del 2020, el basamento fundamental de la demanda. España tiene que dejar de crecer a lo ancho y de cebar su avance con actividades de servicios de limitado valor añadido, con un desprecio sonrojante de la productividad, con la salvedad de la industria y los servicios de ingeniería y tecnología, y con una presencia marginal de la inversión, tanto pública como privada.

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Este modelo de crecimiento, al que ha contribuido también una infinita buena racha de actividad turística, ha debilitado la fortaleza de la economía, aunque lidere el crecimiento en la Unión Europea; es una actividad ancha y débil, en vez de vertical y fuerte; se desenvuelve y pavonea como un coche lujoso por fuera, pero con el motor averiado bajo la carrocería; una economía en la que todo va bien, si no se entra en detalles.

Y tiene numerosas, evidentes y crecientes muestras externas de tal debilidad: un encarecimiento desaforado del coste de la vida, con víctimas de dos oleadas consecutivas de inflación acumulativa que no han tenido réplica en el avance de las rentas de los asalariados; unos precios de la vivienda propia y en alquiler inalcanzables para la mayoría de la población no propietaria; una educación y formación de los jóvenes en los más deprimentes niveles de la historia; unas infraestructuras físicas muy mejorables en carreteras, ferrocarril y puertos; un abastecimiento energético puesto puntualmente en la picota pese al intensivo crecimiento de las energías verdes; una sanidad que no da abasto a satisfacer la demanda pese al censurado concurso de la iniciativa privada; y un Estado de bienestar insostenible por el envejecimiento, por muchas loas que reciba de los gobernantes para dulcificar la realidad, empeñados en hacer comulgar a la población con piedras de molino por reiteradas que sean las alarmas de los expertos.

En las elecciones también se decide si se perpetúan estas debilidades o si se combaten. El margen de maniobra no es mucho, pero cuanto más se demoren las soluciones, más dolorosas serán para los administrados. En materia educativa, recuperar niveles que soporten un mínimo examen de excelencia llevará años, décadas, y no parece posible que con las asimetrías existentes entre las comunidades autónomas pueda volver a hablarse de una escuela nacional exitosa, que proporcione a los jóvenes conocimientos para competir en el mercado global con quienes marcan la vanguardia en el mundo. Restituir el protagonismo del esfuerzo, la autoridad profesoral en las aulas, más matemáticas, lengua y humanidades que asignaturas superficiales y de relleno, y más horas lectivas, son imprescindibles para neutralizar un retraso que se antoja insalvable.

En vivienda, donde también España es víctima de la dispersión competencial, las decisiones del Gobierno, las de hace años y las de ahora, sólo constriñen el mercado y desafían la seguridad jurídica. Por tanto, los precios seguirán subiendo y sólo proporcionarán vivienda a unos pocos. La vivienda sólo necesita abrir el mercado, amplificar la superficie urbanizable ahora dosificada políticamente por el rotulador rojo del concejal de urbanismo, implicando a los ayuntamientos, que a fin de cuentas son quienes se llevan con el Impuesto de Bienes Inmuebles la espuma de la cerveza del negocio inmobiliario. El Estado (Gobierno, comunidades y ayuntamientos) no está para construir casas, está para facilitar que otros las construyan en un mercado lo más amplio posible: oferta, más oferta, mucha más oferta. En España, como en todas las sociedades de cultura católica, los hogares quieren ser propietarios; el alquiler es la última, y ahora desesperada, opción.

Oferta, gasto e inversión

La inversión pública y el equipamiento, el Estado de bienestar y la imposición tributaria están directamente relacionados y pueden practicarrse como lo ha hecho el Gobierno vigente, o de otra forma. Forzando la máquina impositiva para extender la red de protección sin medida, o de otra forma que encamine más la economía de los servicios de bajo valor añadido al reforzamiento de la productividad, las manufacturas y la exportación; que retribuya la dependencia de los poderes y del erario públicos, o de forma que estimule la iniciativa privada y construya una economía más robusta y más resiliente en los periodos críticos.

Mantener la carrera desatada del gasto público y de la recaudación tributaria que lo sostenga no es posible. Los gobernantes tienen que meter mano ya al gasto público, o al menos ser mucho más selectivos en su destino. Porque no hacerlo exige mantener un ritmo de avance de la recaudación que sólo será posible con más subidas de impuestos, algo para lo que ya no queda margen, al menos si se pretende aliviar las cuentas de los hogares y liberar recursos para consumo e inversión. En definitiva, tanto los impuestos como el gasto público tienen que estar encaminados a favorecer la actividad económica, y nunca a entorpecerla.

España ha registrado desde 2021 récords sucesivos de recaudación fiscal por la contribución solidaria y mancomunada de nuevos impuestos y la negativa política a deflactar las tarifas de cada figura tributaria. Pero no ha sido capaz de llevar las cuentas a un superávit fiscal primario estable, y no ha dejado de incrementar la deuda absoluta, que empezará a detraer recursos de manera creciente por la subida de los tipos, y a restar capacidad de inversión y de gestionar el catálogo de servicios públicos, que cada vez demanda más dinero.

El futuro está menos despejado de lo que dicen unos políticos y los otros. Por ello la economía se juega el futuro en las elecciones de noviembre. Europa echará una mano, porque es el asidero para náufragos más seguro desde que empezó el siglo. Pero los fondos Next Generation son una broma comparados con el esfuerzo que necesita el continente para ponerse al día en el que ya viven América y Asia. En cualquier caso, no se puede esperar que hagan nuestro trabajo quienes tienen por delante pendiente el suyo, con economías estancadas y dilemas políticos de digestión lenta. No se puede esperar. Las debilidades de la economía no pueden esperar. Los dados han echado a rodar.

José Antonio Vega es periodista.

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