El interés político y económico por captar grandes inversiones anima a buscar vías para agilizarlas. Para evitar que proyectos estratégicos se vean ralentizados —con el riesgo de frustrarse— por los procedimientos burocráticos, el Gobierno ha ideado un Comité de Inversiones Estratégicas que establece un canal preferente en esos casos. El nuevo organismo, copresidido por La Moncloa y por el Ministerio de Economía, pretende otorgar en un mes el primer visto bueno para que las inversiones estratégicas empiecen a materializarse. El objetivo resulta acertado, aunque el modelo entraña riesgos.
Las comunidades pueden resistirse a perder capacidad decisoria ante un esquema inspirado en Francia, país más centralizado
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Las comunidades pueden resistirse a perder capacidad decisoria ante un esquema inspirado en Francia, país más centralizado
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El interés político y económico por captar grandes inversiones anima a buscar vías para agilizarlas. Para evitar que proyectos estratégicos se vean ralentizados —con el riesgo de frustrarse— por los procedimientos burocráticos, el Gobierno ha ideado un Comité de Inversiones Estratégicas que establece un canal preferente en esos casos. El nuevo organismo, copresidido por La Moncloa y por el Ministerio de Economía, pretende otorgar en un mes el primer visto bueno para que las inversiones estratégicas empiecen a materializarse. El objetivo resulta acertado, aunque el modelo entraña riesgos.
Aunque la iniciativa no es exclusiva para inversiones extranjeras, buena parte de los candidatos potenciales a ser evaluados en este comité, avalado esta semana por el Consejo de Ministros, provienen de otros países, en gran medida de China. Tras analizar si el proyecto se ajusta a las prioridades, ese nuevo organismo otorgará a la inversión el sello de estratégica y de esa forma podrá empezar a desplegarse sin esperar todas las certificaciones necesarias, entre ellas las medioambientales.
Pero precisamente el impacto medioambiental será una de las claves en estos proyectos, entre los que figuran, por ejemplo, los grandes centros de datos. Para poner en marcha una inversión así hay que acceder a grandes suministros de energía y agua. Cabe la posibilidad de que el comité dé una autorización inicial y luego el informe de impacto contradiga ese primer permiso. También puede ocurrir que haya fricciones en el organismo, en el que tienen poder de decisión, con el mismo rango, la Oficina Económica de La Moncloa y el Ministerio de Economía. La bicefalia pretende, en todo caso, hacer la decisión más garantista.
El modelo no es un caso aislado. Se inspira en buena medida en un programa francés denominado Choose France, que parece haber obtenido buenos resultados. Pero en España pueden surgir otros problemas que Francia, como país más centralizado, no tiene. La letra pequeña del comité establece límites a la capacidad que tienen las comunidades de tener la última voz en proyectos de inversión estratégica. Resulta probable que las Administraciones autonómicas batallen para evitar perder peso en esas decisiones.
Cualquier medida que agilice procedimientos para favorecer la inversión productiva debe acogerse con interés. Sin embargo, y a la espera de conocer mejor el funcionamiento y las garantías de este proyecto, existe el riesgo de discrecionalidad por parte del Ejecutivo al otorgar una etiqueta que allanará el camino a unos proyectos en detrimento de otros.
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