La rentrée económica siempre reserva alguna sorpresa, y este año no es una excepción, ya que podríamos estar asistiendo a un cambio disruptivo de la capacidad de acción de los Estados. Ante el encadenamiento de guerras, amenazas geopolíticas y calamidades generadas por el cambio climático (los incendios y la sequía en el centro de Europa siendo los avatares más recientes), los Gobiernos han podido actuar como contrapeso y acometer inversiones sin necesidad de ajustarse el cinturón o subir impuestos. Esto ha sido posible también en nuestro país, incluso con presupuestos prorrogados.
IPC
El IPC aumentó en agosto siete décimas porcentuales, hasta el 4,3%, por el encarecimiento de la energía. La tasa armonizada fue del 4,5%, superando la media de la eurozona en 1,3 puntos. El recrudecimiento de las tensiones en el estrecho de Ormuz ha impulsado la inflación en el conjunto de la UE, pero el impacto ha sido mayor en España, si bien, en ello ha influido la reversión parcial de las desgravaciones sobre los hidrocarburos. La tasa subyacente también se incrementa, con una trayectoria, además, divergente: creciente en España y decreciente en la eurozona.
La financiación de los Estados se encarece abruptamente estrechando su capacidad de acción
La rentrée económica siempre reserva alguna sorpresa, y este año no es una excepción, ya que podríamos estar asistiendo a un cambio disruptivo de la capacidad de acción de los Estados. Ante el encadenamiento de guerras, amenazas geopolíticas y calamidades generadas por el cambio climático (los incendios y la sequía en el centro de Europa siendo los avatares más recientes), los Gobiernos han podido actuar como contrapeso y acometer inversiones sin necesidad de ajustarse el cinturón o subir impuestos. Esto ha sido posible también en nuestro país, incluso con presupuestos prorrogados.
Dos factores, sin embargo, se conjugan ahora para estrechar —cuando no anular, como en Francia— el margen de maniobra. Uno, la mayor exigencia de los mercados en relación a la financiación de los déficits públicos, lo que se traduce en una subida abrupta de los costes financieros para los Estados: el rendimiento del bono español a diez años ha escalado hasta el 3,8%, medio punto porcentual más que en el inicio del verano, siguiendo la misma pendiente ascendente que en todos los países de referencia.
En segundo lugar, se da la circunstancia de que están llegando a vencimiento cantidades ingentes de deuda emitida durante la era del dinero barato, que ahora hay que refinanciar en condiciones mucho más onerosas. Como consecuencia de ambos efectos, la deuda empieza a pesar como una losa sobre las cuentas públicas: la factura por intereses ha pasado del 2,1% del PIB español hace un lustro al 2,5% estimado para 2026. Y, a falta de cambios de trayectoria fiscal, la carga de intereses subiría medio punto más de aquí a finales de decenio. En el caso de Alemania y, sobre todo, Francia, la tendencia es aún más pronunciada, por el ritmo de acumulación de pasivos y porque estos países se habían beneficiado de tipos de interés cuasi nulos, incluso puntualmente negativos, durante la época de bonanza monetaria.
El encarecimiento de la deuda se debe en parte al nuevo brote de inflación que se extiende a través del planeta como consecuencia de los vaivenes del conflicto en Oriente Próximo y sus reverberaciones en los precios energéticos. En reacción al repunte de la inflación, se prevé que el BCE procederá a una nueva subida de tipos de interés en su próxima reunión, y el ascenso del euríbor prefigura un ajuste adicional posteriormente.
Es verdad que un hipotético desbloqueo del estrecho de Ormuz —de momento bastante improbable— relajaría la presión sobre la inflación y los bancos centrales. No obstante, las tensiones en los mercados de deuda también reflejan la anticipación de un fuerte incremento de las necesidades de financiación de los Estados en los próximos años por la multiplicación de los planes de rearme y de inversión, sin que se desvele cómo se van a financiar esos gastos. Todo indica que los Gobiernos, poco propensos a elevar la presión tributaria, incrementarán sus apelaciones a los ahorradores para cubrir los desvíos y para ello deberán ofrecerles condiciones más atractivas. La tarea será ardua, ya que deberán competir con el frenesí de endeudamiento del sector privado para financiar la burbuja de inversión en inteligencia artificial.
La conclusión es que tenemos que prepararnos para un entorno presupuestario mucho más exigente que el que ha prevalecido estos últimos años. Para ello, España dispone de una gran ventaja en comparación con sus socios europeos: la fortaleza de su crecimiento económico. Pero esto no basta: a falta de nuevos Presupuestos que permitan adaptar las prioridades a los grandes desafíos, el incremento de las cargas financieras engullirá inexorablemente el plus de recursos que aporta el ciclo expansivo. Se trata, por tanto, de aprovechar el momento para generar capacidad de gestión macroeconómica, y que no sean los mercados —y en definitiva las circunstancias—, los que acaben por imponer sus condiciones.
El IPC aumentó en agosto siete décimas porcentuales, hasta el 4,3%, por el encarecimiento de la energía. La tasa armonizada fue del 4,5%, superando la media de la eurozona en 1,3 puntos. El recrudecimiento de las tensiones en el estrecho de Ormuz ha impulsado la inflación en el conjunto de la UE, pero el impacto ha sido mayor en España, si bien, en ello ha influido la reversión parcial de las desgravaciones sobre los hidrocarburos. La tasa subyacente también se incrementa, con una trayectoria, además, divergente: creciente en España y decreciente en la eurozona.
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