La inmigración se ha convertido en uno de los principales motores del mercado laboral español. En apenas una década, España ha pasado a ser uno de los países desarrollados que más migrantes incorpora a su economía. Con más de 4,8 millones de ocupados nacidos fuera del país en 2025, se situó como el segundo país con mayor volumen de trabajadores extranjeros en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. En una comparativa más amplia, se ha posicionado como la cuarta economía de los países desarrollados con mayor captación de mano de obra migrante, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado este jueves por la OCDE.
La economía española es la cuarta receptora de mano de obra migrante de los miembros de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido
La inmigración se ha convertido en uno de los principales motores del mercado laboral español. En apenas una década, España ha pasado a ser uno de los países desarrollados que más migrantes incorpora a su economía. Con más de 4,8 millones de ocupados nacidos fuera del país en 2025, se situó como el segundo país con mayor volumen de trabajadores extranjeros en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. En una comparativa más amplia, se ha posicionado como la cuarta economía de los países desarrollados con mayor captación de mano de obra migrante, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado este jueves por la OCDE.
La tendencia va en ascenso. El año pasado, por ejemplo, llegaron 460.500 residentes permanentes, un 25% más que en 2024. Ninguna otra gran economía europea, salvo Alemania, recibió tantos nuevos residentes. El cambio va mucho más allá de las estadísticas de empleo. La población nacida en el extranjero ha crecido un 61% desde 2015 y representa ya prácticamente una de cada cinco personas que viven en España. Esta transformación ha permitido compensar parte del envejecimiento de la población y cubrir las necesidades de sectores que tienen dificultades para encontrar trabajadores, como la construcción. Sin embargo, su contribución al crecimiento de la economía es todavía limitada porque se emplean en áreas de baja productividad. La mayoría de estas personas provienen de Marruecos (que es el principal país de origen) y de América Latina, en concreto de Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú.
En la hostelería representan casi la mitad de los ocupados, mientras que en la construcción y el sector de los cuidados superan el 30%. El resto se distribuye casi por completo en el comercio ―con un 15%―, la industria manufacturera ―11%―, los servicios domésticos ―8%― y el sector agrícola ―5%―. Aunque son sectores esenciales para el funcionamiento de la economía, se caracterizan por ser ramas con una alta demanda de mano de obra pero baja productividad, tener salarios relativamente bajos y empleos poco estables.
La OCDE advierte al respecto que muchos de estos migrantes trabajan en puestos por debajo de su nivel de formación, lo que supone un desaprovechamiento de sus capacidades. De hecho, a pesar de ser uno de los mayores receptores, España es uno de los países con mayor desajuste en este terreno. El informe detalla que el país ha conseguido incorporar a los trabajadores extranjeros con más facilidad que otras economías de su entorno, hasta el punto de que su tasa de ocupación apenas difiere de la de los nativos (66,6% frente al 67,1%). Por contraste, en Alemania la brecha alcanza los 10 puntos porcentuales y en los Países Bajos roza los 13 puntos.
El problema, insiste el informe, es que buena parte de los extranjeros con estudios superiores termina trabajando en empleos que requieren una cualificación inferior a la suya. Las dificultades para homologar títulos, acreditar la experiencia profesional o acceder a determinados puestos contribuyen a que el mercado laboral desaproveche sus capacidades para emplearlos en trabajos de mayor valor añadido. El resultado es una economía que incorpora trabajadores, pero que no los aprovecha como es debido. En el conjunto de la OCDE, el 33% de los extranjeros con estudios superiores ocupa empleos de cualificación baja o media, frente al 24% de los nativos. En España, este desajuste supera el 50%.
El problema también se refleja en la productividad. La OCDE recuerda al respecto que la concentración inicial de los inmigrantes en sectores menos productivos restó a España un punto porcentual a la productividad agregada entre 2014 y 2024. El traslado posterior de parte de esos trabajadores a actividades más productivas compensó una parte del efecto, pero no fue suficiente para revertirlo. No se trata, en ningún caso, de que la llegada de estos trabajadores perjudique por sí sola el rendimiento económico, sino de que su incorporación no va acompañada de cambios en la estructura empresarial.
Más allá de estos retos estructurales, el organismo destaca el desmarque de la política española respecto al resto de los países desarrollados en materia migratoria. Mientras se observa un endurecimiento normativo generalizado (el Reino Unido, Canadá y Alemania han impuesto restricciones salariales más estrictas, cupos reducidos y trabas al asilo para limitar las entradas de migrantes) España ha optado por ampliar y flexibilizar las leyes para fomentar su regularización.
La reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025, simplificó los permisos de residencia, acortó los plazos exigidos y estableció cinco modalidades de arraigo. A ello se ha sumado el proceso extraordinario de regularización de 2026, que ha recibido 1,2 millones de solicitudes y admitido a trámite 610.000. La apuesta responde a una necesidad económica. Con una población cada vez más envejecida y dificultades para cubrir puestos de trabajo en numerosas actividades, España necesita incorporar trabajadores para sostener su mercado laboral. En cualquier caso, la importancia de la inmigración en el mercado laboral español no es un fenómeno aislado. Entre 2014 y 2024, los trabajadores extranjeros explicaron al menos la mitad del crecimiento neto del empleo en la mitad de los países de la OCDE.
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