La Junta de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar antes de que finalice el año la nueva ley regional de vivienda y suelo, que permitirá que edificios y parcelas públicas que hoy están vacíos o infrautilizados se conviertan en vivienda pública protegida. Su destino prioritario sería para vivienda de alquiler mediante un régimen excepcional y temporal, de cinco años prorrogables, que permita ampliar con celeridad el parque de vivienda asequible sin tener que esperar a la aprobación de nuevos planeamientos urbanísticos. Y aunque el planeamiento los reservara para equipamientos en los proyectos originales.
El Parlamento autonómico tiene previsto aprobar la medida a finales de año aprovechando bienes vacíos o infrautilizados de la administración pública
La Junta de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar antes de que finalice el año la nueva ley regional de vivienda y suelo, que permitirá que edificios y parcelas públicas que hoy están vacíos o infrautilizados se conviertan en vivienda pública protegida. Su destino prioritario sería para vivienda de alquiler mediante un régimen excepcional y temporal, de cinco años prorrogables, que permita ampliar con celeridad el parque de vivienda asequible sin tener que esperar a la aprobación de nuevos planeamientos urbanísticos. Y aunque el planeamiento los reservara para equipamientos en los proyectos originales.
La futura normativa que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page en las Cortes autonómicas, en las que el PSOE tiene mayoría absoluta frente a PP y Vox, extenderá la futura normativa, que en un primer momento se limitaba a los bienes del Ejecutivo autonómico y de su sector público, a los de cualquier administración pública tras los convenios acordados con el Gobierno central, ayuntamientos y diputaciones.
La Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha incorporará una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que permitirá, por ejemplo, que un antiguo cuartel, un edificio administrativo en desuso o una parcela pública sin construir puedan acoger viviendas públicas protegidas. La novedad es que no se tendrá que esperar a modificar el planeamiento municipal, un trámite que puede tardar años. Un ejemplo práctico sería el de la antigua sede de la Delegación de la Junta en Ciudad Real, que se ha quedado vacía tras el traslado de los servicios que se daban a un único edificio, recuperando un antiguo hospital que llevaba 20 años cerrado. La intención es reutilizar el complejo y habilitarlo para un centenar de viviendas públicas de alquiler.
Fuentes del Ejecutivo autonómico explican que la medida se regirá por la colaboración y las garantías entre administraciones y promotores. Según la propia disposición, solo podrá aplicarse si se acredita que hay necesidad de vivienda en la zona, si el inmueble es adecuado para ese uso y si la administración propietaria está de acuerdo. El ayuntamiento participará en el procedimiento y habrá un mes de información pública. La aprobación corresponderá al Gobierno regional, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Según cálculos de la Junta de Castilla-La Mancha, el cambio legislativo permitirá aumentar la edificabilidad hasta un 20% y la densidad hasta un 30%, con la condición de que todo el incremento se destine a vivienda protegida.
Con esta medida, Castilla-La Mancha se equipara con otras comunidades como Andalucía, cuyo gobierno autonómico aprobó hace dos años una normativa para permitir por ley a los alcaldes y ayuntamientos construir viviendas protegidas en espacios públicos en desuso; o con la Comunidad de Madrid, que un año después, en 2023, posibilitó a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local.
Otros territorios, como Cataluña o País Vasco, también han recurrido en los últimos tiempos a distintas fórmulas de movilización de suelos de titularidad pública para destinarlos a fines residenciales protegidos. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado planes de movilización y expropiación de uso de solares públicos o edificaciones sin actividad para ampliar su parque residencial social.
Paralelamente a estas modificaciones reglamentarias, el Gobierno también ha desarrollado estrategias de este tipo. Entre ellas, la más ambiciosa tiene que ver con el trasvase de los suelos y activos de la Sareb a Casa47 ―el nuevo ente estatal encargado de gestionar el parque público de vivienda―, y que percibió del banco malo un paquete estimado en más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos. Este nuevo organismo también se ha nutrido a lo largo del año de terrenos provenientes de los Ministerios de Defensa, Interior o Hacienda. La previsión más optimista es que en el conjunto de los terrenos (sin contar las casas de la Sareb que ya están construidas) puedan levantarse alrededor de 98.000 viviendas.
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